Administracion

Comunicación, gobierno y ciudadanía

Josep Rota

Doctor en Comunicación, Michigan State University (1971-74); Maestría en Comunicación, Michigan State University (1970-71) y Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información, Universidad Iberoamericana, México (1965-69).

Profesor de comunicación en la Universidad de Ohio desde 1983

Esta presentación parte de la siguiente premisa: la forma de mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración pública, reducir su costo y optimizar las estrategias de solución de los grandes problemas económicos, sociales, políticos, administrativos y culturales que enfrentan, sin excepción, las grandes ciudades de América Latina es propiciando, cultivando y estimulando la participación popular. A su vez, que los programas participativos constituyen, fundamentalmente, procesos de comunicación.

En contraste con esta posición, la norma actual que caracteriza la administración pública, no obstante algunas excepciones, es la de un gobierno no participativo. Las principales características actuales de la administración pública incluyen la centralización, el control, la ausencia de distribución de categorías enteras de información y la erección de barreras al acceso y la participación ciudadana en la administración pública. En síntesis, podemos afirmar que la voz de la sociedad civil es escuchada poco por los administradores públicos, y que su enorme energía potencial puesta al servicio de la solución de los problemas que la afectan, la cual constituye gran parte de la razón de ser del gobierno, es desperdiciada.

Tal estructura y funcionamiento de la administración pública actual determina la naturaleza de la relación gobierno-ciudadanos que en la actualidad se distingue, entre otras, por las siguientes atribuciones, todas ellas disfuncionales.

(1) Falta de participación de los ciudadanos en la administración pública.

(2) Ausencia de contribución de la población en la solución de problemas y, por consiguiente, desarrollo de la pasividad como una característica ciudadana.

(3) Pérdida de solidaridad en la comunidad.

(4) Sentido de impotencia y alienación entre los ciudadanos.

(5) Resistencia y evasión, lo mismo al pago de impuestos y cuotas por servicios públicos que al involucramiento en actividades colectivas o a la disposición a asumir una actitud de responsabilidad cívica.

(6) Creciente pérdida de credibilidad y confianza en el gobierno.

(7) Desarrollo de una relación antagónica entre el gobierno y la ciudadanía, la cual considera su relación con el gobierno y los servidores públicos como "nosotros contra ellos" en lugar de "nosotros y ellos colaborando conjuntamente en la solución de los problemas que nos afectan".

(8) Desperdicio de la energía potencial de millones de ciudadanos en la solución de los problemas mismos que la administración pública debe contribuir a resolver.

Evidentemente, es necesario cambiar radicalmente este tipo de relación entre gobierno y ciudadanos. Para ello es imprescindible cambiar primero la estructura y el funcionamiento de la administración pública que determinan esa relación conflictiva. Tal cambio involucra tres componentes:

El primero es el de proceder a realizar un análisis crítico de la estructura, el funcionamiento general y las actividades específicas de la administración pública con el propósito de establecer todos y cada uno de los cambios necesarios para hacerla más abierta, participativa, democrática y eficiente.

El segundo es modificar los sistemas y procesos de información y comunicación entre el gobierno y la ciudadanía.

Específicamente, si la información en la actualidad es vista como un objeto a controlar porque da poder, en el futuro deberá ser vista como un recurso a utilizar porque habilita la participación ciudadana, racionaliza los recursos y facilita la mejor solución de problemas y necesidades colectivas. (En este sentido, el servidor público que se ha persuadido del apotegma de que "la información es poder" y se rehusa a perderlo, deberá entender que en todos los casos y bajo todos los modelos la información puede conferir poder. El cambio propuesto supone solamente transformar la relación entre información y poder de una concepción autoritaria, que es la vigente, a una concepción democrática, que es la que proponemos. Por consiguiente, la pregunta real no es qué tipo de control sobre la información queremos ejercer sino qué tipo de sociedad queremos tener; una sociedad autoritaria o una sociedad democrática).

Si en la actualidad la información está centralizada, en el futuro deberá estar descentralizada. Si hoy es restringida, mañana deberá ser abierta. Si ahora se la concibe como una propiedad burocrática y administrativa, a partir de ahora deberá ser entendida como de propiedad social y pública. Si la recopilación, almacenamiento, acceso y utilización de la información obedece a un modelo autoritario, en el futuro deberá corresponder a un modelo democrático.

Con respecto a la comunicación, si en la actualidad es de una vía, del gobierno a la ciudadanía, en el futuro deberá ser por lo menos de doble vía; es decir, una comunicación dialogística que fluye tanto del gobierno a los ciudadanos como de los ciudadanos al gobierno, vinculando a ambos. Idealmente, sin embargo, la comunicación será de múltiples vías, vinculando dialogísticamente no sólo al gobierno y la ciudadanía sino también a los diversos grupos, sectores y organizaciones sociales entre si.

Si la comunicación ahora es vertical, obedeciendo a un modelo jerárquico y relacionado con nociones de control, a partir de ahora deberá ser horizontal, reflejando un modelo con equilibrio de funciones, respeto a diferentes niveles y relacionado con nociones de acceso, participación y responsabilidad. Si la comunicación es meramente informativa deberá transformarse en una comunicación participativa y dialógica. Si se da a través de canales cerrados, tales como medios de difusión gubernamentales o comerciales controlados, boletines de prensa, declaraciones de funcionarios o mediatización por conducto de periodistas favoritos y con prácticas que fácilmente se prestan a la corrupción, la comunicación del futuro deberá incluir también canales abiertos. La inclusión de canales abiertos no pretende eliminar medios tradicionales tales como los medios comerciales o gubernamentales de difusión o los boletines oficiales

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