Crisis De La Deuda Soberana

La crisis de deuda soberana que sufre Europa está conduciendo lentamente a la economía mundial de vuelta a la recesión. La reestructuración de la deuda tiene efectos limitados, pues los bancos europeos no cuentan con suficiente capital para absorber las pérdidas futuras, que ascenderán a 280,000 millones de dólares o más, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cuando las entidades que regulan la banca evalúan la suficiencia del capital de un banco para enfrentar pérdidas derivadas de sus préstamos, inversiones y otros activos, toman en cuenta el grado de riesgo de esos activos. En Europa los reguladores han dado más libertad a sus bancos para determinar el riesgo que conllevan los activos, en comparación con Estados Unidos. Como resultado, desde mediados de la década de los 90, los bancos europeos han reducido continuamente sus estimaciones de pérdidas potenciales de sus activos, y ahora dicen que sus activos son dos veces más seguros que aquellos activos en manos de bancos estadounidenses.

El problema se ha agravado luego de que Europa adoptara una compleja metodología evaluatoria extraída del acuerdo de Basilea II, que básicamente permite que la alta dirección del banco determine, según su propio criterio, el riesgo de sus activos. Al banco le conviene decir que sus activos son de bajo riesgo porque eso le permite maximizar el apalancamiento y el rendimiento del capital, lo que a su vez puede redundar en mayores pagas y bonificaciones. Así, incluso durante la Gran Recesión, cuando la morosidad y el impago iban en aumento, la mayoría de los bancos europeos sostenían que sus activos eran cada vez más seguros.

Estados Unidos, en contraste, tiene reglas más estrictas que controlan la forma en que los bancos asegurados por la FDIC (el organismo federal de garantía de los depósitos bancarios) determinan el grado de riesgo de los activos, y exige que los bancos bien capitalizados tengan un capital mínimo que equivalga al 5% de todos los activos, sin importar el nivel de riesgo que les asignen. Por lo tanto, para cualquier activo -sea efectivo, títulos del Tesoro o hipotecas aparentemente seguras- los bancos deben contar con un capital de al menos 5% frente al mismo. Los bancos europeos no tienen este tipo de 'ratio de apalancamiento' (leverage ratio) y los acuerdos de Basilea II les han permitido tratar a la deuda soberana como un activo de riesgo cero. Esta es una de las principales razones por las que han engullido sin empacho casi 3 billones de dólares en deuda soberana.

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria finalmente aprobó un ratio -aún demasiado bajo- de apalancamiento de 3%. E incluso con ese nivel tan permisivo, el análisis del propio Comité sugiere que más del 40% de los bancos más grandes del mundo tendrían que aumentar su capital. Al mismo tiempo, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) está elevando los requerimientos de capital básico para la banca a un 9%, un gran salto del estándar de 2% requerido por Basilea II y muy parecido al porcentaje exigido por el nuevo marco regulatorio de Basilea III. Pero incluso a un ratio del 9%, un gran número de bancos europeos continuarán operando a niveles extremos de apalancamiento debido a su cuestionable valoración del riesgo.

Los reguladores bancarios europeos deberían complementar este requisito con el ratio de apalancamiento del 3% estipulado en Basilea III, o incluso mejor, con el requisito de 5% exigido por Estados Unidos. La ABE debería también usar estimaciones de pérdidas más realistas, en línea con las usadas por el FMI y los analistas privados.

El Comité de Basilea necesita actuar con prontitud para adoptar las medidas estandarizadas de riesgo establecidas por los reguladores, no por los bancos, y aplicarlos consistentemente en todas las instituciones financieras. Los reguladores estadounidenses cometieron muchos errores, pero gracias a que mantuvieron el ratio de apalancamiento y retrasaron la implementación de los acuerdos de Basilea II, los bancos de Estados Unidos -asegurados por la FDIC- se han mantenido más estables que otras instituciones. Las regulaciones sobre capital bancario no deben depender exclusivamente de los propios bancos. El público merece algo mejor. Los reguladores bancarios deberían hacer su trabajo, y su trabajo consiste en establecer los niveles mínimos de capital.

Principales Conclusiones:

Cada crisis financiera y bancaria, si es tan grave como la sufrida entre 2007 y 2009, tiende provocar, más adelante, una crisis de deuda soberana, por dos razones:

Por un lado, porque las crisis financieras provocan recesiones más profundas y duraderas que las recesiones recurrentes derivadas del ciclo normal de los negocios (que sólo suelen durar alrededor de un año en promedio) mientras que las que son producidas por crisis financieras suelen durar entre dos años y medio si se produce una contracción del crédito. Si además, las crisis financieras coexisten con el estallido de una burbuja inmobiliaria, como ha ocurrido en el caso de España e Irlanda, suelen durar cuatro años y medio. Al durar tanto, el gasto público tiene que hacer frente a una larga recesión en la que el número de empresas que cierra o quiebra es muy elevado, la tasa de desempleo se mantiene muy alta, con un elevado coste en prestaciones por desempleo y otras subvenciones a familias o individuos con problemas de subsistencia. Al mismo tiempo, los ingresos públicos, durante ese largo período caen de forma prolongada provocando un déficit fiscal muy elevado

Por otro lado, porque en una recesión de tan larga duración, los bancos sufren una voluminosa y creciente morosidad y falencia en sus créditos, llegando, en algunos casos, a estar al borde de la suspensión de pagos, produciéndose así una fuerte contracción del crédito. Los gobiernos se ven obligados a rescatar del impago a alguna entidad bancaria, que por su tamaño y complejidad, pueda ser sistémica o a descargar a otras de una parte de sus activos para que puedan seguir prestando. Todos estos esfuerzos por parte del sector público provocan un elevado aumento de la deuda soberana en porcentaje del PIB del estado miembro en cuestión que posteriormente hay que pagar o refinanciar, lo que supone una reducción de la tasa de crecimiento, tanto por ajustes que hay que hacer en los gastos como por el aumento que hay que conseguir en los ingresos a través de impuestos.

Una recesión tan larga y profunda hace que, lógicamente, los inversores en activos de renta fija y variable del país que la sufre vendan buena parte de sus tenencias de acciones y deuda sobre ese país al reducirse su capacidad de crecimiento, de beneficios y aumentar su probabilidad de impago, provocando un aumento del coste de la deuda soberana y privada y del coste de capital

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