Sostenibilidad Fiscal Del Gobierno Colombiano

Sostenibilidad fiscal del Gobierno colombiano

La Sostenibilidad Fiscal es entendida como un ente que permite lograr paulatinamente los objetivos del Estado Social de Derecho, de modo que, cuando se garantiza la Sostenibilidad Fiscal, se garantiza también el Estado Social de Derecho. “La Sostenibilidad Fiscal es un criterio que deberá orientar a las ramas y órganos del poder público dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.” ("Abc del proyecto,"). Aunque a decir verdad no es otra cosa que una herramienta financiera para mantener el equilibrio.

Para los inicios del Gobierno del Presidente Santos, la Sostenibilidad Fiscal se quiso llevar a la condición de Derecho Constitucional, buscando proteger no sólo los derechos propios del Estado Social de Derecho, sino también los derechos fundamentales, como principio de la administración del Estado. De la mano con lo anterior, también se buscaba que contribuyera a la estabilidad macroeconómica del país, asegurando tres cosas: en primer lugar que todas las personas especialmente las de menores ingresos, tuviesen acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales; en segundo lugar estaba el promover la productividad y competitividad y por último apoyar el desarrollo armónico de las regiones. Para ello, se hacía que existiera un “compromiso entre las ramas y órganos del sector público para hacerla efectiva en un marco de colaboración armónica”. (Suescún, 2011)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sostenibilidad Fiscal garantizaba que la política de gasto debía mantenerse o sostenerse en el tiempo, de modo que a mediano y largo plazo, se lograran cumplir objetivos públicos importantes como el reducir la pobreza, la desigualdad y la inequidad intergeneracional, ¿Cómo se podía lograr esto? Siguiendo un camino de gasto como la que el gobierno había adoptado, de esta manera se le hacía posible al Gobierno seguir gastando en la promoción de los derechos sociales y en los demás objetivos del Estado en el mediano plazo.

Sin embargo, El Congreso de la República se opuso a esa propuesta, y determinó que la Sostenibilidad Fiscal, más que un derecho debía ser más como un criterio a tener en cuenta en las políticas públicas. Entonces surge la pregunta, ¿A qué debe dársele prioridad, al derecho de un individuo o de un grupo a su bienestar, o al derecho de toda la sociedad a tener unas finanzas sanas? ¿Y si los dos son derechos constitucionales?, como dice Gallón en su artículo ¿Sostenibilidad fiscal o regresividad social? ”…si lo que se pretende es dejar a salvo las finanzas nacionales, que se proteja de mejor manera a los pobres, y menos a los empresarios o a los contratistas para evitar que malgasten en Dubái los anticipos que reciben del Estado.”

Lo anterior fue en el año 2011, ahora bien, la situación de la

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