Adolescencia, Violencia Y Castigo

Adolescencia: violencia y castigo

Norberto Alayón

Pareciera que cuando se habla de violencia, de aumento de la violencia, la asociación más rápida y directa que hace la sociedad está referida al castigo necesario para controlar dicha violencia, para reprimirla, para que no prolifere.

Menos frecuente, o más tedioso para algunos, resulta volver a pensar acerca del por qué de la violencia, de los orígenes sociales de la misma, de modo de alejarnos de concepciones "biologicistas" y de los impulsos de revancha primaria que nos suelen invadir.

Esta sensación y percepción primaria, poco elaborada e irreflexiva, a menudo gana el pensamiento y la acción, ya no sólo de los sectores frontalmente reaccionarios y punitivos, sino también el pensamiento de muchos de nosotros, ante la incertidumbre, la indignación y el miedo que nos producen determinadas acciones delictivas, especialmente las que implican pérdida de vidas humanas.

La primer pulsión, entonces, nos encamina a la ecuación violencia-castigo; más violencia-más castigo; violencia precoz-reducción de la edad de imputabilidad, para el castigo precoz.

Pensamos más en reprimir que en prevenir. La prevención constituye una acción madura, reflexiva, moderna. La represión, por el contrario, encarna posiciones de mero revanchismo, de disciplinamiento socialmente diferenciado, de enmasca-ramiento de posiciones racistas.

¿A quiénes se castiga más en nuestras sociedades? A los más pobres, a los más desprotegidos, a los más estigmatizados. Los sectores sociales más vulnerados, ante la ausencia de oportunidades, son virtualmente impelidos a la delincuencia y luego son los más severamente castigados, configurando un férreo "círculo vicioso", acerca de lo cual la sociedad no puede eximirse (cándida o hipócritamente) de responsabilidad.

Nos preguntamos, con Carlos Andrada (abogado y profesor universitario en la UBA): "¿cuando nosotros intervenimos en la problemática del menor, tenemos presente a la realidad como una compleja construcción humana?, o tratamos de encorsetar los hechos en ciertos modelos de normalidad, no necesaria ni ciertamente compartidos entre nosotros y los menores. ¿Y en ese contexto puede dar algún resultado esa insistencia dicotómica de admitir que el menor viva subhumanamente,

sumido en condiciones de pobreza y marginación y al mismo tiempo pretender que observe una conducta que refleje parámetros de moralidad de clase media?" ("Análisis de la transgresión de menores", en Revista Margen, Buenos Aires, agosto de 1993).

La criminalización de la pobreza no es una ficción; es una terrible constatación cotidiana y no sólo de esta época. Todos sabemos que, a menudo, se detiene y se encausa a las personas por mera "portación de cara". Y cuando esa persona registra más de una causa (no importa si la misma fue instruida indebidamente o aun si fue absuelta) ya queda estigmatizada como "antisocial" o delincuente.

Una sociedad cabalmente moderna no debe ser impropiamente permisiva, pero tampoco puede admitir-si se precia de democrática- la vigencia de criterios inequitativos para la administración de la justicia.

Ni más castigo, ni aumento de las penas, ni más cárceles, podrán combatir eficazmente la violencia, si no se ataca a ésta en sus orígenes, en las causales de índole estructural que sobredeterminan su presencia creciente.

Los castigos más severos, las condiciones indignas y medievales de reclusión, la pena de muerte, no resuelven los niveles de delincuencia y de violencia. Precisamente porque se abandona el lúcido y necesario ejercicio de ahondar en el origen de estas problemáticas (que indudablemente es social y no individual) para poder enfrentarlas en su génesis más significativa.

Cada tanto las sociedades pretenden limpiar su propia responsabilidad e impotencia y salen despavoridas a buscar "chivos expiatorios" para redimirse momentáneamente.

Por eso la prevención, que requiere de activas políticas públicas -tanto globales como puntuales- debe asumirse como el instrumento idóneo para la disminución de la violencia.

Si aumenta la violencia en un sociedad, más que enloquecernos puniti-vamente para ver cuánto aumentamos las penas o hasta dónde bajamos la edad de imputabilidad (hay quienes hablan de los 12 años), tendríamos primeramente que preguntarnos cuánto aumentó la pobreza, cuánto aumentó el desempleo y el subempleo, cuánto se flexibilizaron y redujeron los salarios, cuánto se debilitaron los derechos a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social.

Es ahí donde tenemos que

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