PRESUNCION DE BUENA FE

La expresión buena fe subjetiva responde a un estado de conciencia, a un convencimiento acerca de la legitimidad de nuestro derecho o de nuestra posición jurídica, el cual se funda en el propio estado de ignorancia de estar lesionando intereses ajenos tutelados por el derecho, o en la errónea apariencia de cierto acto; en fin, consiste en un estado psicológico y no volitivo. en cuanto concierne a la buena fe objetiva esta se traduce en un deber de comportamiento conforme a los presupuestos del principio, que se expresa a través de las reglas de honestidad y corrección, transparencia, diligencia, responsabilidad, consideración del interés del otro, entre otros deberes que emanan permanentemente del profuso carácter normativo propio del principio. es necesario cumplir de manera efectiva los deberes que del principio emanan, se requiere no solo creer, sino obrar de conformidad con sus reglas, cumplir de manera precisa y eficiente con los postulados de la buena fe, no creer que se ha sido diligente, sino serlo realmente, no creer que se ha sido transparente o suministrado la información requerida conforme a buena fe, Por el contrario, tratándose de la buena fe subjetiva no se requiere que la conducta del agente sea legítima, no es preciso verificar que tales irregularidades no existieron realmente, basta con que en el agente se haya generado la conciencia de estar obrando conforme a derecho. como quiera que por regla general el cumplimiento de los deberes de comportamiento no se presume, sino que ha de probarse su efectiva realización, en tanto que los estados psicológicos o las creencias, como aquellos en los que se funda la buena fe subjetiva son por el contrario fértil terreno para la presunción, pues resulta difícil, por decir lo menos, el probar el propio estado de conciencia o la íntima convicción. presunción de buena fe el Código Civil colombiano en su artículo 66 consagra las presunciones tanto legales como de derecho y señala al efecto que una presunción será de derecho cuando así lo disponga expresamente la ley, la presunción se llama legal, caso este último en que se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presumen. JURISPRUDENCIA No son otra cosa que hechos o situaciones que, en virtud de la ley, deben suponerse como ciertas siempre que se demuestren determinadas circunstancias previas o hechos antecedentes, libera a una de las partes del proceso de la carga de probar el hecho presumido. El sujeto beneficiado debe demostrar la ocurrencia del hecho antecedente a partir del cual se deriva la existencia –al menos procesal–, del hecho presumido. beneficia a una de las partes del proceso, pues la libera de la carga de demostrar el hecho que se presume y que resulta fundamental para la adopción de una determinada decisión judicial. es reconocida dentro del sistema jurídico como un bien jurídico particularmente importante cuya presunción justificaría una redistribución de las cargas procesales invirtiendo o desplazando la carga de la prueba; que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia. de manera que si bien la experiencia nos dicta que lo razonable, lo esperado de todo comportamiento humano sea la buena fe, lo que entenderíamos como buena fe objetiva pasiva: el derecho a confiar en que los demás se comportarán conforme a buena fe, la buena fe objetiva activa exige la efectiva realización de comportamientos, por lo que aquí lo racional es examinar si ese derecho a esperar un comportamiento, la exigencia de racionalidad de la presunción limita su alcance en la medida en que como se verá, si bien la protección de la buena fe subjetiva encuentra plena justificación en nuestro ordenamiento Aplicaciones legales de la presunción de buena Fe el Código Civil contiene una expresa disposición en su artículo 76911, el Código de Comercio por su parte dispone, en su artículo 835, Cp 83. “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. presunción que en materia subjetiva es razonable, como quiera que cuando se trata de examinar el estado psicológico, la convicción íntima de una persona, su conciencia o su convencimiento mal podríamos partir de una presunción de mala fe, como quiera que lo propio, lo natural del ser humano es la buena fe. 768 dispone que “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio, que impone un deber de conducta que obliga a ser observado en interés ajeno, por lo que en verdad se impone un deber absoluto para las partes sujetas al mismo. debe probar que dio cumplimiento a la regla o reglas derivadas del principio que en el caso concreto permitan sostener que su comportamiento se adecuó a la buena fe objetiva u obtener que el juez o la contraparte aporten la respectiva prueba21. Presunciones de encontrarse en mala fe del Código Civil: artículo 768 relativo al error en materia de derecho y del artículo 964 relativo al poseedor demandado respecto de los frutos percibidos después de la contestación de la demanda reivindicatoria, no se admite su surgimiento en el caso del error de derecho y en el segundo caso, el poseedor demandado, se entiende ha cesado la buena fe subjetiva o la legitimidad de su protección respecto de quien conoce de la pretensión reivindicatoria del demandante, por lo que en este último caso estamos en presencia más propiamente de un límite a los efectos de la presunción de buena fe. “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa” en consonancia con el artículo 4 de la Constitución política, , lo que descartaría la aplicación del principio de buena fe y en particular la violación de dicho principio derivada de la consagración de la presunción de mala fe en los eventos de error en materia de derecho. En este caso la ley exige un deber de conducta: el estar atento al conocimiento de la misma y excluye avalar un comportamiento realizado con sustento en el desconocimiento de la ley. De manera que no estamos en un evento de inaplicación del principio de buena fe, ni en un caso en que prime la seguridad jurídica sobre la buena fe, sino por el contrario en un evento de plena aplicación del principio, que antes que una convicción exige una conducta, la del conocimiento de la ley que por lo menos en el ámbito del derecho privado se erige en exigencia fundamental. Límite a los efectos de la presunción de buena fe en el caso de los frutos percibidos por el poseedor de buena fe

el Código Civil colombiano en el inciso tercero del artículo 96427 dispone que “el poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda; en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores estriba en la necesidad de proteger los intereses del verdadero propietario, a quien la norma pone en la “situación en que se encontraría si hubiera obtenido el triunfo desde el primer momento, ya que la lentitud de la justicia no debe perjudicarle. . Presunción de dolo por ocultamiento del testamento, el ordinal 5º del artículo 102e ha detenido u ocultado un testamento del difunto y conforme al cual se presume el dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. De manera que en este caso el legislador no hace otra cosa que presumir un comportamiento doloso respecto de quien obra desatendiendo el deber de transparencia y lealtad al no dar a conocer a los herederos el respectivo testamento, omisión con la que indudablemente se transgrede la buena fe esta presunción es trasladar la carga de la prueba de la ausencia de comisión de dolo a cargo de quien ocultó el testamento, protegiendo así mayormente los intereses de los herederos que pudieron ver vulnerados sus derechos con el desconocimiento de la existencia de las disposiciones testamentarias  Presunción de mala fe del comprador incumplido u artículo 1932La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las arras, o exigirlas dobladas restituyendo sus frutos, aduciendo que se trata de una excepción a la regla general de presunción de buena fe que rige las relaciones de los particulares, en cuanto considera que esta no posee un carácter absoluto , en primer lugar a los eventos de posesión, que eventualmente sólo podría extenderse a circunstancias análogas, esto es, a aquellos eventos en que se exija buena fe subjetiva, sea que se trate de buena fe simple o cualificada; mientras que cuando se trate de buena fe objetiva la regla que rige es la contraria, es decir, que quien dice estar comportándose conforme a una regla de buena fe objetiva, que por ende exige un determinado comportamiento, deberá demostrar que ello es así. presunción de buena fe subjetiva en el Código de Comercio artículo 835 Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo,  la buena fe subjetiva es una creencia, trátese de la buena fe simple, que solamente exige una conciencia recta pero no exige una determinada conducta, o de la buena fe cualificada, también llamada buena fe creadora de derechos o exenta de culpa, que además de la conciencia de obrar con lealtad requiere un elemento objetivo o externo que revista de certeza la apariencia en que se funda su creencia, y que tiene como presupuesto la ausencia de culpa de quien la alega y por ende exige un comportamiento diligente. a se predica de un comportamiento en pro de la contraparte, en tanto que el deber de diligencia en la buena fe subjetiva cualificada o exenta de culpa, representado en la realización de las verificaciones y averiguaciones pertinentes, se realiza en beneficio propio por parte del agente que la alega, pues tiene como finalidad el corroborar el sustento objetivo de su creencia, reafirmar el propio convencimiento, lograr un grado tal de certidumbre que le permita ampararse en el reconocimiento de un derecho que a pesar de no existir realmente tiene tal apariencia de certeza que hace que el error en que se incurre sea predicable de cualquier persona en las mismas circunstancias, razón por la que la ley le otorga una protección suma, de ahí su denominación de creadora de derecho. la presunción de la buena fe en materia procesal y en particular en el ámbito probatorio artículo 83 de la Constitución “la exigencia de las pruebas es inconstitucional o que lo son los requisitos de tales pruebas”, como bien lo señala la jurisprudencia citada41, pero no con fundamento en que la presunción de buena fe no resulte aplicable en materia probatoria. el legislador ha establecido presunciones que operan en el ámbito de las relaciones entre particulares, por lo que no podemos eximirnos de examinar el alcance y aplicación de la presunción de buena fe en las relaciones procesales entre particulares. Tratándose de buena fe subjetiva, la ley otorga a este tipo de buena fe una protección procesal consistente en la presunción de la misma, presunción justamente legal y en cuanto tal desvirtuable a través del debate probatorio. la ley protege el estado psicológico de quien está convencido de obrar conforme a derecho, otorgándole una protección que oscila en grados, según la naturaleza del estado psicológico de quien dice ostentarla (de simple a cualificada), pero esta protección no es absoluta, es susceptible de ser desvirtuada mediante pruebas objetivas provenientes de las circunstancias y hechos exteriores que rodearon el comportamiento de quien alega buena fe subjetiva; pruebas estas que permitirán contrastar la validez de las afirmaciones de quien dice haber actuado con buena fe subjetiva, esto es, bajo la convicción de no dañar derecho ajeno. no se puede sostener que la exigencia de pruebas quebranta el principio de buena fe al desconocerse la presunción de buena fe, pero no sólo con fundamento en que las partes procesales estén en un plano de igualdad, sino fundamentalmente porque la presunción de buena fe entre particulares posee un ámbito de aplicación restringido a los eventos de presunción de buena fe subjetiva, presunción justamente legal y en cuanto tal desvirtuable a través del debate probatorio; mientras que en materia de buena fe objetiva en el marco de las relaciones entre particulares el principio impone una exigencia de comportamiento objetivo que comporta el deber de probar, por parte de quien dice haber obrado conforme a los postulados del principio, los hechos en que basa sus afirmaciones. La buena fe en materia de trámites ante la administración: Diferencia de tratamiento frente a la buena fe en derecho privado  el artículo 83 Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas, la buena que se exige a los administrados en los trámites ante la administración es objetiva, en cuanto que lo que se valora es si el comportamiento de los particulares frente a la administración se adecua a los deberes que impone el principio y no una simple creencia o estado psicológico acerca de la conformidad con los mismos. Vale decir: se presumirá la lealtad, la honestidad, la fidelidad, la corrección, la ausencia de dolo, etc., bajo el entendido de que esas son las conductas objetivas que deben esperarse usualmente de los administrados. la presunción de buena fe subjetiva dentro de las relaciones de los particulares con la administración en cuanto se refiere a la realización de gestiones de los administrados frente a aquella, esto es, eventos en los que resulte razonable amparar la mera creencia o convicción psicológica del administrado de no estar lesionando derecho alguno; aquél que parecería el más propicio: el de la ignorancia de la ley – error de derecho – ha sido descartado por la ley y la Corte Constitucional ha avalado la conformidad de tal norma frente al principio de buena fe, como se expuso precedentemente. En los demás casos en que se trate de la adquisición de derechos por vía contractual, en que tenga aplicación la teoría de la apariencia o de adquisición de los mismos en razón de la posesión de bienes, a nuestro juicio, los particulares podrán hacer uso frente a la administración de las presunciones legales de buena fe subjetiva contempladas en el ordenamiento legal en los mismos términos allí previstos. la buena fe que se exige es de carácter objetivo, no impera la regla general que compele a quien sostiene la conformidad de su comportamiento con la buena fe a probar la veracidad de sus afirmaciones, sino que por el contrario y de manera excepcional la Constitución, prevé la presunción de buena fe objetiva en favor del administrado, atendiendo el carácter de indefensión de los particulares frente a la administración. se quiso proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él, como si se presumiera su mala fe, y no su buena ferespecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la burocracia, en el cual se invierten los principios y en el que, para poner un ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una pensión, sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su supervivencia, se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. La segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los particulares en todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas. Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas presunción de buena fe frente a la administración  presunción de carácter legal que la administración no sólo puede, sino que tiene el deber de levantar en caso de que existan indicios que indiquen que la conducta del administrado no se adecua a las exigencias del principio. Dicha presunción no es una patente de corso para violar los deberes que emanan del principio, ni un escudo que impida a la administración verificar la realidad de los hechos que sustentan la presunción. Se trata de una mera inversión de la carga de la prueba. a presunción de buena fe no inhibe a las autoridades para que establezca la autenticidad de los documentos aportados en un proceso disciplinario55, ni impide que la respectiva autoridad obre con la diligencia que le compete en ejercicio de sus funciones administrativas, sentido en el que se pronunciara la Corte Constitucional en relación con la aseveración de que la declaratoria de ilegalidad de una exportación por parte del Banco de la República para omitir la entrega de unos CERT56 podría ser contraria a la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución. En efecto, en este caso la ley exige la ausencia de fraude como presupuesto para otorgar el beneficio legal en favor del exportador, y como bien lo señala la jurisprudencia, el funcionario público de la administración no viola la presunción de buena fe cuando verifica los presupuestos legales a los que se sujeta la expedición del certificado de reembolso tributario, por el contrario, ejerce cabalmente el deber de diligencia al que se encuentra supeditado en el ejercicio de sus funciones.

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