La reacción a la pena de muerte

10 oct.- Una corriente de indignación popular que exige la pena de muerte como castigo se ha instaurado en varias partes del sur de Asia, donde se encuentra un tercio de los países que en el último año retomaron las ejecuciones.Para los activistas, los casos más preocupantes de esta región son dos de las mayores democracias del planeta, la India y Bangladesh, en cuyas poblaciones se ha desarrollado una suerte de "conciencia colectiva" en favor de la pena capital."Tanto en Bangladesh como en India sucede que el pueblo quiere el máximo castigo. Si no estuviera en vigor no se pediría", afirmó hoy a Efe Minakshi Ganguly, directora de Human Rights Watch en el sur de Asia, con motivo del Día Internacional contra la Pena de Muerte.En la India el cambio de tendencia lleva tiempo gestándose; en 2011 se suspendió una moratoria de siete años y a finales del año pasado las autoridades ejecutaron al primer reo desde 2004, a quien en febrero sucedió otro, en ambos casos islamistas."El Gobierno estaba bajo presión por ser demasiado blando con el terrorismo, aunque no creo que las ejecuciones hayan resuelto sus problemas", criticó Ganguly.Esas dos ejecuciones fueron interpretadas como un golpe de efecto del Ejecutivo, liderado por el secular Partido del Congreso, para dejar sin argumentos a la oposición hinduista ante la cercanía de las elecciones, previstas para 2014.Pero este año, los partidarios de la pena capital han abierto el compás más allá del terrorismo, al calor de la conmoción que los continuos casos de violaciones han suscitado en el gigante asiático.En septiembre, un tribunal de Delhi condenó a la horca, entre vítores y aplausos, a los cuatro adultos acusados de la violación mortal en un autobús capitalino de una joven estudiante ocurrida nueve meses antes.Las peticiones de muerte se extendieron hacia un quinto acusado -menor de edad- que participó en el crimen y tal vez el debate que más caló no fue el de la protección a la mujer sino el de cambiar la ley para poder castigar con la horca a violadores adolescentes.También en Bangladesh el Gobierno debe ser señalado ante el aumento del interés por el máximo castigo que se está produciendo en la sociedad tras un par de años de escasa aplicación.Desde enero, el pueblo asiste con regularidad a los frutos que da un tribunal especial creado en 2010 por el actual Ejecutivo y encargado de juzgar crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de 1971, en la que Bangladesh se independizó de Pakistán.En apenas diez meses, esta corte ha sancionado ocho sentencias contra ancianos líderes islamistas y de la principal formación opositora que colaboraron con las fuerzas paquistaníes.Cinco de ellos fueron condenados a la pena capital y el resto a penas de cárcel, una de las cuales fue elevada posteriormente a muerte por el Tribunal Supremo."Hay mucho interés en el Gobierno en ejecutar las sentencias. Tener una posición fuerte en este asunto es parte de una estrategia electoral", expuso a Efe el analista de Amnistía Internacional Abbas Faiz.Faiz señaló que "si el proceso de apelación continúa, las sentencias no llegarán al estado de poder ser aplicadas en el mandato" de la Liga Awami, "salvo en un caso", pues los comicios generales se celebrarán entre finales de 2013 y comienzos de 2014."Hay una fiebre por las ejecuciones. Se está creando una cultura, se han plantado semillas de violencia y venganza en un país mayoritariamente pacífico", denunció Faiz, que subrayó que "incluso la oposición islamista pide pena capital para blogueros" acusados de blasfemar.En medio de este fervor regional por la pena de muerte, la nota positiva parece provenir del siempre turbulento Pakistán.El nuevo Gobierno, liderado por la conservadora Liga Muslmana-N, ha optado recientemente por mantener la moratoria, después de que tras la victoria electoral de mayo anunciara

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