Arbitraje Internacional
Enviado por m4rduk1 • 8 de Noviembre de 2014 • 2.077 Palabras (9 Páginas) • 262 Visitas
ARBITRAJE INTERNACIONAL
Caso Venezuela
Venezuela es el segundo país que tiene mayor número de demandas de arbitraje internacional ante el Ciadi con un total de 23. El primer lugar lo ocupa Argentina con 40 casos. De los 26 casos de arbitraje que se presentaron al Ciadi en 2010, cuatro correspondieron a Venezuela.
Hoy día se presenta un estado de alerta sobre la vulnerabilidad que pende sobre la petrolera estatal venezolana y sobre la República en general, debido a los juicios con transnacionales que se siguen en su contra.
Si el fallo sale favorable a estas multinacionales, Venezuela, para honrar sus compromisos, adquiriría una nueva deuda costosa, con tasas por su servicio que ya ronda el 12%, mientras que la media mundial está en 6% o, parte de sus activos en el exterior podrían ser susceptibles a una medida de embargo, quizás por ello también se planea migrar parte de los mismos a otro lugar donde presumiblemente serían menos vulnerables a estas medidas.
Esta situación hace que el riesgo país quede aún más afectado y la confianza en nuestra solvencia económica se vea mermada retroalimentando el círculo vicioso que aleje la captación de recursos, inversiones y transferencia tecnológica. Las diversas demandas que tiene nuestra República superan los 30.000 millones de dólares.
En cuanto a la posición de juristas expertos en la materia, el no llegar a reparaciones amistosas con los demandantes le puede traer serios problemas jurídicos y económicos al país. El equipo técnico de la Procuraduría General de la República así como los diversos bufetes de abogados contratados en el exterior para defender los intereses de la nación tienen una gran responsabilidad por delante.
Este conjunto de complejos y prominentes litigios forzosamente invoca tanto la teoría de resolución de conflictos como diversas técnicas con las que cuentan las ciencias gerenciales y la economía política para abordar las diatribas y especialmente para evitarlas.
Debemos identificar con un espíritu autocrítico el común denominador que desencadenó esta situación: identificar aquellas variables que aún se pueden subsanar, abrir todos los espacios posibles de diálogo y entendimiento con las partes demandantes y asirse de un mediador que procure ayudarnos a perseverar en la resolución amigable de cada caso.
El costo subyacente de exponernos a cada una de estas situaciones afloraría otros costos hasta ahora intangibles que seguramente son de igual o mayor valor a los que los demandantes reclaman ser indemnizados.
Caso Canevaro
El denominado Caso Canevaro es un litigio sostenido ante el tribunal arbitral de la Corte Internacional de La Haya entre Perú e Italia, cuando en 1910 el empresario Rafael Canevaro, un hijo de inmigrantes italianos nacido en Perú, reclamó protección diplomática al Reino de Italia en un reclamo sostenido contra el gobierno peruano.
La controversia consistía en determinar cuál era la nacionalidad auténtica de Rafael Canevaro, pues éste alegaba ser ciudadano italiano debido a la nacionalidad de sus padres, reclamando ante los tribunales de Perú que se le reconociera como beneficiario de la protección diplomática de Italia por dicho motivo.
Finalmente, la corte de Arbitraje Permanente de La Haya, presidida por el francés Louis Renault (Premio Nobel 1907), resolvió que se pagase la deuda a Napoleón y Carlos Canevaro.
El caso ENTEL y el coletazo corporativo
En abril del 2007 el gobierno de Morales anunció su intención de renegociar los términos de la privatización de la compañía Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en 1995, que beneficiaba al gigante italiano STET, ahora Telecom Italia. La comunicación directa y los servicios de información son cada vez más vitales para el desarrollo social y económico, y el gobierno boliviano determinó que se debía establecer un equilibrio entre esta amplia meta pública y los intereses de la compañía de telecomunicaciones en tener buenos rendimientos.
Tal como lo veremos más adelante, la compañía italiana reaccionó recurriendo al Tratado Bilateral sobre Inversiones entre Bolivia y los Países Bajos (BIT, según las sigla en inglés), y el tribunal privado del Banco Mundial para las multinacionales, llamado CIADI o Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
El 23 de abril, el gobierno boliviano ordenó mediante los Decretos Supremos No. 29100 y No. 29101 la transferencia de 47% de las acciones de ENTEL al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Véase Anexo 2). Estas acciones habían pertenecido a un fondo público de pensiones de Bolivia administrado por Zurich Financial Services y Previsión AFP, una subsidiaria del banco español BBVA. El gobierno también pretendió iniciar negociaciones con ETI-ENTEL con el objetivo de comprar 3% de sus acciones, de propiedad de inversionistas privados individuales, con el fin de recuperar el control mayoritario de la compañía para el Pueblo boliviano. Además, el gobierno conformó una comisión para fijar el precio para la adquisición obligatoria de las acciones de la compañía, junto con la definición de la obligación del pago de impuestos atrasados.
El 50% restante de ENTEL es de propiedad de Telecom Italia, a través de Euro Telecom International SV (ETI), una compañía registrada en los Países Bajos y es totalmente controlada por ETI. La compañía protestó por las acciones del gobierno, reclamando que esto había afectado el valor comercial de ENTEL.
El 2 de mayo de 2007 el gobierno boliviano anunció su retiro del CIADI. Bajo dicho ente, esta acción se vuelve formal después de un período de “enfriamiento” de seis meses.
Poco antes de vencerse los seis meses, el 12 de octubre del 2007, ETI presentó una solicitud formal ante el CIADI para iniciar una acción de arbitraje contra el gobierno de Bolivia, exigiendo compensación por presuntas pérdidas relacionadas con su presencia comercial futura en Bolivia y el rendimiento de la inversión realizada en el país (Véase Anexo 3 y 3a).
El 31 de octubre, sólo dos días antes del retiro de Bolivia del CIADI, se oficializó que la Secretaria General de dicha organización inter-gubernamental, Ana Palacio, ex-ministra de asuntos externos del gobierno de Aznar en España, radicó el caso ETI e inició acciones para conformar un tribunal de arbitraje compuesto de tres miembros en Washington, para enterarse del caso.
La queja de ETI ante CIADI genera controversia por cuatro razones:
Reglas de la inversión sesgadas y anti-democráticas. El CIADI
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