Auditoria Forense

ÍNDICE

PÁGINA

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO

1. Diseño de la Investigación

1.1. Planteamiento del problema

1.2. Justificación del problema

1.3. Operacionalización del problema

1.4. Objetivos

1.5. Delimitación

1.6. Instrumentos de recolección de datos

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2. Marco Histórico

2.1. Historia de la Auditoria

2.2. Desarrollo de la Auditoria

2.3. Antecedentes de la Auditoria Forense

2.4. Causa y Origen de la Auditoria Forense

2.5. Antecedentes de Estudios Similares

3. Marco Contextual

4. Marco Conceptual

4.1. Estados Financieros

4.1.1. Balance general

4.1.2. Estado de Resultados

4.1.3. Estado de Flujo de Efectivo

4.2. Auditoria de Estados Financieros

4.2.1. Responsabilidad

4.2.2. Objetivo de la Auditoria de Estados Financieros

4.2.3. Planeación

4.2.4. Materialidad

4.2.5. Pruebas y Evidencias

4.2.6. Procedimientos de Auditoria

4.2.7. Informe

4.3. Código de Ética Profesional

4.4. Auditoria Forense

4.4.1. Objetivo de la Auditoria Forense

4.4.2. Planeación

4.4.3. Materialidad

4.4.4. Pruebas y Evidencias

4.4.5. Métodos y Procedimientos

4.4.6. Informe

CAPITULO III: MARCO OPERATIVO

5. Propuesta: Informe de una Auditoria Forense

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

La auditoria forense es relativamente nueva, pero ha tomado importancia por su lucha directa contra la corrupción en todos los niveles de la sociedad, ya que esta es la encargada de recabar la evidencia y pruebas para poder actuar contra los que cometen estas conductas inaceptables.

La corrupción ha aumentado con la globalización ya que a medida que los procesos contables se han computarizado en su totalidad, se hace más factible la defraudación a una institución, dando como resultado el riesgo a la estabilidad del patrimonio y a la permanencia del negocio en marcha de mismo.

El trabajo persigue como objetivo central hacer un análisis comparativo entre una auditoria forense y una auditoria de estados financieros, para luego poder crear las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Para obtener una mejor comprensión sobre la investigación se dividió en capítulos de la siguiente manera:

En el CAPITULO PRIMERO se presenta el diseño de investigación el cual se contempla como base para su elaboración.

En el CAPITULO SEGUNDO se presenta el marco teórico, en el que se incluye información histórica del origen de la auditoria y como está evolucionó a tal grado que se convirtió en una profesión de alto grado.

En el TERCER CAPITULO se destino al marco operativo, el cual presenta una propuesta realizada por el grupo en relación a la auditoria forense y su informe de auditoría.

Así al finalizar el trabajo se espera sea de gran utilidad para todo aquel que se interese por el tema. 

CAPITULO I

MARCO METODOLOGICO

CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La auditoría es conocida como el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado. Esta puede dividirse de dos maneras; La primera de acuerdo a la posición del auditor se divide en interna y externa.

La segunda de acuerdo al objetivo de trabajo se divide en financiera, operacional, administrativa, de cumplimiento, social y forense, esta clasificación se fundamenta primordialmente en el objetivo que se espera alcanzar, como resultado del trabajo que realizara el auditor. Cada entidad tiene y establece sus necesidades o prioridades, y en base a estas, define la clase de trabajo que requiere.

Existen firmas de auditoría, así como auditores independientes, que se especializan en alguna o varias clases de auditoría, de acuerdo a su capacidad técnica y profesional. Aunque hay muchos tipos de auditoría, la expresión se utiliza generalmente para designar a la auditoría externa de estados financieros que es una auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad de los libros y registros contables de una entidad para emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información que presenta la administración y si esta cumple con las normas contables; así mismo, las cifras que en ellos se reflejan se encuentran libres de errores e irregularidades significativos.

Sin embargo, los esfuerzos de las empresas de prevenir y evitar por medio de severos controles internos y de seleccionar al personal minuciosamente; no ha logrado disminuir que las mismas sean víctimas de hechos ilícitos, como lo son: el crimen de cuello blanco (fraude a nivel de directivos de las empresas), las estafas, el lavado de dinero, la malversación de fondos entre otros, por personas que de mala fe abusan de la confianza y de la posición estratégica del cargo que ocupan. Al momento de ocurrir estos hechos, puede ocurrir demasiado tiempo para que sea detectada su naturaleza de ocurrencia y por consiguiente no se cuantifique el daño colateral de esta acción. Por otra parte, estos mismos hechos no se hacen de conocimiento público al detectarse, por el temor que tienen las entidades de perder credibilidad ante los clientes y proveedores.

Estos atentados en contra del patrimonio de las empresas por parte de sus empleados ocurren todo el tiempo en las sociedades modernas, y la guatemalteca no es la excepción. Estos hechos anómalos no son exclusivos de las entidades privadas, en el sector gubernamental se origina un alto grado de susceptibilidad, debido a que tienen frecuentes rotaciones de puestos claves, que en la mayoría de los casos son de referencia política; lo cual hace florecer de esta manera los hechos ilícitos mencionados anteriormente. El sector público cuenta con la Contraloría General de Cuentas como el ente encargado de fiscalizar y evaluar sus acciones; sin embargo; sin embargo, la alta tasa de índices de corrupción y los escándalos en donde ha sido involucrada esta entidad, hace que la misma infunda desconfianza pero sobre todo alcance al gremio de Contadores Públicos, los cuales son el elemento fundamental y operativo de esa dependencia.

Las entidades deben tomar las acciones legales correspondientes contra los autores intelectuales de estos hechos ilícitos, estos son tipificados como delitos según lo establece el Código Penal de Guatemala, para lo cual, es el Ministerio Público donde a través de las distintas fiscalías que tiene (contra los delitos económicos, lavado de activos, corrupción, propiedad intelectual, casos especiales, entre otros), se encarga de la investigación y persecución penal de los autores y coautores. Al mismo tiempo el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Mercantil, establecen que para determinar la participación de los implicados y estimar el daño ocasionado, se requiere de un peritaje o informe de un experto. En estos casos es el Contador Público y Auditor que se encuentra en la capacidad de realizar este tipo de trabajo, el cual se le conoce como AUDITORIA FORENSE.

Es decir que mientras las ciencias criminalistas descubren “la forma del hecho” con sus mecanismos, instrumentos y manifestaciones para lograr identificar a los autores y coautores; la auditoria forense tiene como labor auxiliar para poder determinar fundamentalmente “la causa o naturaleza del hecho”

En tal caso, cuando un Contador Público y Auditor es convocado a realizar una auditoría forense, se presume que los elementos de una auditoría de Estados Financieros como los son; la planificación, los programas, objetivos, procedimientos a seguir, tipos de evidencias, y documentación a analizar, no difieren una de la otra. Sin embargo, es en este momento que surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre la Auditoria Forense y la Auditoria de Estados Financieros?

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Premisa

Por la amplitud que se le ha dado hoy en día a la auditoría, existen distintas variantes de la misma, desde la auditoria de estados financieros denominada como la auditoria tradicional, por ser una de las que más demanda tiene por parte de las entidades, hasta llegar a la auditoria forense, la cual se conceptualizado como un estudio especializado dentro de un contexto legal que tiene como origen un hecho ilícito y que se considera como un delito al patrimonio de las empresas privadas como en los entes gubernamentales.

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