Cobranzas Extrajudiciales

El delito de Coacción y los métodos

extrajudiciales de cobranza de

morosos

Luis Miguel Reyna Alfaro (*)

I

Introducción.

Para nadie es novedad que la situación económica de nuestro país ha

obligado a un gran sector de la población a buscar apoyo económico en la

llamada “Banca de Consumo”, a través de préstamos y créditos, los mismos que,

aunque ahora con mayores restricciones, en un comienzo se otorgaron

indiscriminadamente, sin verificar las reales posibilidades de pago por parte de

quienes los solicitaban.

Esto, como es evidente, trajo consigo consecuencias mediatas que se

tradujeron en la insolvencia de los deudores y la imposibilidad de cobrar las

acreencias generadas, siendo esto así, las empresas y entidades financieras que

veían peligrar sus créditos se vieron en la necesidad de buscar los métodos más

eficaces para el cobro de sus acreencias.

Es en ese contexto que comenzaron a aparecer Estudios de Abogados

dedicados exclusivamente a la cobranza de créditos, sin embargo, en lugar de

utilizar el Derecho para los efectos de lograr una solución pacífica y socialmente

armoniosa al problema, algunos de estos Estudios han abusado de las

herramientas jurídicas que poseen para lograr sus objetivos, llegando al punto de

amedrentar, amenazar y coaccionar a los deudores con la intención de cobrar sus

acreencias.

Esta situación, como es obvio, genera repercusiones en el ámbito del

Derecho penal, entre cuyos bienes jurídicos objeto de tutela aparece la libertad

individual. Es en ésta línea de argumentación que consideramos al tipo de

coacciones como el instrumento jurídico-penal adecuado para contrarrestar las

intromisiones abusivas en las cobranzas de orden extrajudicial, de esta afirmación

se desprende el radio de acción del presente trabajo, referido únicamente a las

actuaciones de orden extrajudicial.

II

Los Métodos Extrajudiciales de Cobranza.

En primer lugar, es necesario conocer la forma en que los Estudios de Abogados

y las Entidades Financieras actúan para la cobranza de una acreencia, aunque son

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y las Entidades Financieras actúan para la cobranza de una acreencia, aunque son

muchos los métodos utilizados, creo que, en lo sustancial, mantienen una misma

línea de actuación, caracterizada por el pragmatismo y la obtención de resultados

al menor coste.

Las entidades acreedoras que tienen la necesidad de realizar una cobranza optan

por efectuar sus cobros vía extrajudicial, en la medida que ello permite una mayor

celeridad y un menor costo, además que permite el incremento de la deuda a

partir de los intereses moratorios generados durante el término de actuación

prejudicial.

En algunos supuestos serán las propias las entidades que tengan acreencias por

cobrar las que cuenten con departamentos o secciones destinadas a dicha labor,

en otros casos, dicha tarea será encomendada a estudios de abogados o

sociedades constituidas con dicha finalidad.

Los métodos más usuales para lograr el cobro de un crédito vencido son las

llamadas telefónicas y notificaciones, a continuación detallaré la forma en que

estos métodos se vienen aplicando en la praxis cotidiana.

A través de las llamadas telefónicas se comunica al deudor la existencia de una

acreencia solicitándosele cumpla con honrarla, no obstante, es común observar

que a través de las llamadas telefónicas, más que comunicar o solicitar, exigen,

amedrentan, amenazan al deudor.

Por graficar con ejemplos comunes:

1) Llamadas telefónicas realizadas en horas de la madrugada,

imagínense el efecto que puede generar en una persona una llamada a

las 3 ó 4 de la mañana.

2) Llamadas telefónicas realizadas al centro de labores del deudor, lo

que tiene inmanente un contenido coactivo, es lógico, a ninguna

persona le gustaría que su empleador sepa de sus problemas

económicos, además que carece de efectos prácticos ¿o es que

acaso el empleador va a pagar la deuda?

3) Llamadas telefónicas impropias, con términos insultantes,

agraviantes y ofensivos.

Las notificaciones tienen idéntica finalidad que las llamadas telefónicas y

suplen a éstas, aunque para efectos didácticos debemos hacer una diferenciación

entre:

1) Las notificaciones domiciliarias, a través de estas el deudor es

notificado en su domicilio, haciéndosele llegar no sólo requerimientos

de pago, sino que incluso se consignan apercibimientos de embargo

judicial o, lo que es peor aún, se notifica por cedulón con notas como

“DEUDOR”, “MOROSO” y otros términos semejantes.

2) Las notificaciones personales, que quizás sean las más deshonrosas

y vergonzantes. A través de éstas se encarga a un grupo,

generalmente de jóvenes, que ubiquen al deudor, principalmente en

lugares público, y lo aborden con letreros o pancartas en donde se

expresa que dicha persona tiene una deuda impaga. Son los

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conocidos popularmente como “hombrecillos amarillos”.

Hemos visto de manera somera las principales técnicas utilizadas, a

continuación trataremos de determinar si es que éste tipo de acciones constituyen

delito de coacciones, previsto en el art. 151 del C.P..

III

El Delito de Coacciones en el C.P. peruano.

El delito de coacción se encardina en los delitos lesivos a la “libertad personal”,

previstos en el Cap. I del Tit. IV del Libro II del C.P. y reprime a quien:

“mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le

impide hacer lo que ella no prohibe”.

El art. 151 del C.P. peruano tiene sus antecedentes en el art. 222 del C.P. de

1924 y, este a su vez, del art. 321 del C.P. de 1863[1], encontrando su base

constitucional en el literal a) del art. 2.24 de la Constitución Política del Perú[2].

I. Bien Jurídico:

Sin ánimo de ingresar a un mayor análisis de las vertientes doctrinales que

aparecen en relación con el bien jurídico tutelado[3], resulta claro que el interés

jurídicamente tutelado es la libertad personal entendida, en virtud al sustento

constitucional antes citado, como: “la libertad de obrar o de actuar de la persona

de acuerdo a su voluntad”[4].

II. Tipo de lo Injusto.

1. Tipo Objetivo:

a) Sujetos:

1. Activo: Según el texto del art. 251 de nuestro C.P.,

cualquier persona natural puede ser comprendida como

sujeto activo del delito de coacción, sin embargo, sería

preferible, de lege ferenda, establecer como sujeto activo

a aquel que “sin estar legítimamente autorizado” cometa

los actos constitutivos del delito, siguiendo la línea del art.

172 del C.P. español. De ésta manera nuestro C.P.

ganaría en taxatividad a la vez que precisaría los alcances

del tipo.

2. Pasivo: Puede tratarse de cualquier persona, incluso

inimputables, en la medida que mantengan su libertad de

actuación.

b). Actos Materiales:

Conforme lo precisa el supuesto de hecho del art. 151 C.P., el

delito de coacción supone la restricción de la libertad personal del

sujeto pasivo, mediante violencia o amenaza, para realizar todo

aquello que la ley no prohiba u obligarle a hacer lo que ella no

exige, siendo por ello un delito de acción.

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exige, siendo por ello un delito de acción.

La amenaza debe ser entendida como: “Dicho o hecho con que

se da a entender el propósito más o menos inmediato de causar

un mal. Indicio o anuncio de un perjuicio cercano”[5].

Por su parte, la violencia es la: “Ejecución forzosa de algo, con

independencia de su legalidad o ilicitud”[6], dentro de ésta

acepción cabe comprender tanto a la violencia ejercida sobre las

personas como la practicada sobre las cosas, pues el tipo no hace

referencia alguna respecto, sin embargo, considero que los bienes

afectados deberán encontrarse vinculados al sujeto pasivo del

delito, lo que en cierta manera asegura una aplicación

fragmentaria del tipo penal[7].

En esta línea de ideas, no existirá violencia, en el sentido del art.

151 del C.P., si ésta es dirigida contra terceras personas o contra

bienes ajenos[8], aunque pueda lograrse, en determinados casos,

la punición de dichos comportamientos en la medida que se les

entienda como actos de amenaza implícita o encubierta, así, por

ejemplo, si A – accionista de una empresa próxima a tomar

decisiones vitales en una Junta de Accionista – toma conocimiento

que B – también accionista de la empresa e interesado en contar

con el voto favorable de A –, ha practicado actos de violencia

contra Z, amigo de A, puede este entender que más que un acto

dirigido contra Z, se trata en realidad de una amenaza en su

contra.

El

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