Derecho Fiscal

LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO.

FINANZAS PÚBLICAS.

1.1.- Las finanzas públicas.

La palabra finanzas es un derivado del verbo latino finer, cuyo significado es terminar o pagar. Así , el concepto de finanzas comprende todo lo relativo a pagar, en donde además del acto de terminar con un adeudo, también queda incluida la forma de manejar aquello con que se paga y la forma en la que se obtuvieron los recursos necesaria para estar en posibilidad de realizar los pagos.[1]

El Licenciado Manuel Espinoza Barragán platea en su obra Lineamientos de Derecho Público, que el Estado tiene en nuestra época una serie de actividades que son sumamente variadas y amplias y van desde la conservación de la sociedad, la salvaguardia de su independencia, la seguridad del orden y la tranquilidad, tanto exteriores como interiores, hasta el progreso social, económico, educativo, sanitario y cultural.[2]

Dichas actividades igualmente son conocidas bajo la denominación de cometidos o tareas del Estado, y para su desarrollo, la entidad estatal requiere allegarse de los bienes que le permitan tanto proveer su existencia, como los bienes que aparte permitan el desarrollo de los servicios públicos.

Por esta razón el Estado realiza la actividad financiera que le permita a llegarse de los bienes al efecto.

En el diccionario Jurídico 2004 las finanzas públicas quedan definidas como sigue:

Son los ingresos y los gastos del Estado, normalmente previstos en el presupuesto. Estas operaciones están sujetas al principio de legalidad y tienen por objeto realizar las funciones financieras del Estado. El termino finanzas públicas es muy debatido en virtud de que para varias corrientes del pensamiento económico y financiero no comprende el alcance real de la disciplina sistematizada históricamente bajo este concepto.[3]

Las finanzas publicas no pueden ser entendidas sin el análisis histórico que revela la necesidad de que el ciudadano tenga certeza de los derechos del Estado a percibir ciertas exacciones su justa causa, pero igualmente se encuentra estrechamente vinculado a la exigencia social de que los limites del Estado para recaudar, así como de la exigencia de requerir a cuentas al gobernantes se establecieran en normas claras y que permitieran al pueblo conocer e incluso controlar las actividades económicas estatales.

Así pues, se reconoce que la ciencia de las finanzas públicas como tal surgió en Francia, aun cuando antes encontremos antecedentes que revelan la necesidad del Estado para financiar sus recursos a sus necesidades y de hacer estudios cada vez mas profundos sobre la manera de mejorar la aplicación de los recursos cada ocasión mas escasos para el Estado, así pues, al decir del maestro Ernesto Flores Zavala, las finanzas públicas conquistaron su autonomía en el siglo XIX y fue sólo hasta entonces que fue objeto de estudio sistemático.[4]

Debido por lo tanto a que es reciente el estudio de las Finanzas en general y concretamente de las que corresponde al Estado y que por ello se adjetivan como Públicas, que son varias las definiciones que de esta ciencia podemos obtener.

Sólo como dato histórico, he de señalar que el primer antecedente de alguna institución que en el contexto internacional se ocupara de detallar y estudiar esta ciencia del Derecho y de la actividad económica del estado, se remonta al 12 de febrero de 1938, año en el cual fue fundada en la Haya, la Asociación Internacional de Derecho Financiero y Fiscal, cuyo primer congreso fue celebrado precisamente en La Haya el año siguiente.[5]

La ciencia de las Finanzas Públicas se ha desarrollado primero ante concepciones liberalistas, que postulaban la necesidad de que el estado permitiera en la vida privada que entre los ciudadanos se permitieran los principios económicos guiados por el laisses faire, laisses passer, para que mas tarde con las teorías sociales se pugnará por ampliar la actuación del Estado hasta convertirlo en un verdadero interventor de la economía o incluso un rector de la misma, como ocurrió esencialmente en régimen socialista.

Hoy, al primer lustro del siglo XXI, es difícil para los Estados absortos en la globalización, fijar con certeza el limite entre la liberalidad económica y el intervensionismo económico, pues incluso las grandes potencias, en concreto, los Estados Unidos de Norteamérica, China, Japón o la propia Unión Económica Europea, de una u otra manera intervienen sus economías para lograr una distribución democrática de la riqueza, así como pugnan por una mayor libertad económica para enfrentar las necesidades humanas.

Podemos precisar que el objeto de estudio que ocupa a la Ciencia de las Finanzas Públicas es el siguiente:

La Ciencia de las finanzas Públicas tiene por objeto investigar las diversas maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro orden público se procura las riquezas materiales necesarias para su vida y su funcionamiento y también la forma en que estas riquezas serán utilizadas.[6]

Los resultados de los estudios y teorías de los científicos de las finanzas públicas para que el Estado pueda dedicar sus recursos a satisfacer sus necesidades, se revelan posteriormente en normas, cuando el Poder Legislativo de los estados asume alguna de las teorías relevantes como el contenido de la voluntad soberana transformado en precepto jurídico.

La norma jurídica plasma así pues las preocupaciones tanto de los teóricos como de la población respecto al planteamiento de la manera en que el Estado realizar su actividad financiera del Estado.

Las normas jurídicas revelan estas preocupaciones cuando el Estado genera preceptos que regulan el derecho y obligación del Estado a recaudar parte del patrimonio de los ciudadanos, así como la obligación del Estado a rendir cuentas públicas de lo recaudado y por ello, el estudio de los efectos que la recaudación tiene en la sociedad en el futuro cercano como en el desarrollo nacional a largo plazo. A ese conjunto de normas se les conocen como normas de programación y presupuesto.

La actividad financiera pública concebida en términos normativos supone determinados fines para lo cual se deben conocer los efectos provocados por los instrumentos financieros (los ingresos y los gastos públicos), y el problema radica en elegir los medios más eficaces. El enfoque normativo consta de tres etapas:

1. La constituida por el estudio

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