Diario Derecho Administrativo

ENSAYO TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

“SUS PRINCIPIOS APLICABLES”

Por:

Sofía Rangel Mora

Esta investigación bibliográfica, basada en fuentes escritas y fuentes electrónicas, presenta el estudio de la Teoría del Acto Administrativo, especialmente sobre los principios de la actuación administrativa. Tema de gran importancia es el relativo a los principios básicos que rigen a ala actuación administrativa, en efecto todo acto administrativo tiene ciertos principios que deben ser debidamente cubiertos por la autoridad al momento de emitir actos administrativos, con el objeto o finalidad de que surtan sus efectos legales plenamente, y cumplir así con su finalidad como lo es el bienestar público. Ahora bien dichos principios regulan el actuar administrativo, que se manifiesta de manera externa a través del acto administrativo el cual es el acto normativo que por regla general lo emiten los funcionarios públicos del Estado (personas a las que se les atribuyen facultades especiales y específicas para que el estado pueda llevar a cabo sus fines. Dentro de los mismos se encuentran los de legalidad y juridicidad, sin embargo para entenderlos primero debemos definir las relaciones administrativas, es decir a aquellas relaciones que existen entre el estado (sujeto activo) y los gobernados(sujeto pasivo), que provienen de un ordenamiento jurídico para la realización de un fin(bienestar común), en el entendido que dicha relación no siempre debe de contar con el consentimiento del gobernado, como por ejemplo al pagar impuestos.

Uno de los principios fundamentales en el actuar administrativo si no es el mas importante es el principio de legalidad, el cual significa en que toda actuación de una autoridad debe de estar contemplada en una norma jurídica establecida con anterioridad, en la doctrna encontramos además que para Garrido Falla, significa:

“…el respeto absoluto en la producción de las normas administrativas al orden escalonado exigido por la jerarquía de las fuentes, y finalmente, la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente dictadas por esa misma autoridad o incluso, por autoridad de grado inferior siempre que actúe en el ámbito de competencia.”

Así debemos entender que el principio de legalidad significa que todo acto administrativo proveniente de una autoridad debe de estar sujeto a una norma jurídica previamente establecida, emanada de poder competente, general, abstracta, heterónoma, impersonal, que puede derivarse de una ley o reglamento. Los artículos que son fuente primaria de éste principio son el 14 y el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien otro de los principios más importantes del quehacer administrativo es el principio de juridicidad, en efecto al referirnos a este principio nos remite no únicamente a un mero termino, sino al respeto de nuestras garantías individuales consagradas en nuestra constitución como lo son el articulo 14 y 16 que contienen las garantías de audiencias y legalidad del procedimiento que deben ser respetadas por cualquier autoridad: son el control constitucional de la actuación administrativa. Al hablar de juridicidad tenemos que establecer dos elementos fundamentales en la actuación administrativa, primero la norma jurídica y segundo poder jurídico o de competencia que deriva del primero es decir de la norma. El principio de juridicidad puede definirse como la actuación que tenga una autoridad administrativa, deberá ser revestida de competencia para dicha actuación emanando la misma de una norma jurídica. La autoridad administrativa no puede revisar actuaciones fuera de su competencia.

Nuestro tribunal máximo ha emitido diversos criterios en los cuales se regula este principio refiriéndose el mismo a respetar las garantías de fundamentación y motivación del acto es decir de la aplicación de una norma jurídica preexistente al acto de autoridad así como las razones por las cuales ejecuta el mismo, como por ejemplo:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AMPARO EN CASO DE LA GARANTIA DE. Si el acto reclamado no es intrínseca y radicalmente anticonstitucional por que no evidencia en si mismo la falta de norma alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería por ejemplo respecto de un acto dictado sin competencia constitucional), para obtener, de modo indubitable, una conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto…..si bien no puede impedirse a la autoridad que retire el acto, con tal que lo funde y motive tampoco obligársele a que reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que ciertamente el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo, en consecuencia, la concesión del amparo contra un acto no fundado ni motivado únicamente constarle a la responsable a delejarlo insubsistente mas no a reiterarlo purgando esos vicios.

Existen otros principios que ayudan al gobernado a tener certeza en el actuar de las autoridades administrativas, como por ejemplo el principio de seguridad jurídica el cual es definido como el fundamento para la “aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza y la mala voluntad de los gobernantes puedan causar perjuicio” , éste principio sirve para limitar al poder público de un estado.

También existe el principio del debido proceso bajo el cual dispone que todos los actos administrativos deben de seguir una serie de pasos jurídicos, es decir que deben estar contenidos en el ordenamiento jurídico previamente establecido, publicitarlo y además no traspasar dichos pasos o procesos , e decir, es la medida de la jurisdicción atribuida a un órgano del Poder Público, a efecto de conocer y resolver los procedimientos administrativos en que es llamado a conocer por razón de materia, y cargo.

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