Gráfico 6 Perfil De Desempeño De Las 68 IES Academia Gestión Estudiantes Y Entorno Investigación

15 Gráfico 6 Perfil de desempeño de las 68 IES Academia Gestión Estudiantes y entorno Investigación

A. Promedio > 60% (11 IES)

B. Promedio: 60% - 50% (9 IES)

C. Promedio: 50% - 40 % (13 IES)

E. Promedio: < 30% (26 IES)

D. Promedio: 40% - 30 % (9 IES) 16

B. Conclusiones y recomendaciones

Depuración de universidades

Como se indicó en la sección anterior, la evaluación del desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas, permitió identificar un grupo de 26 instituciones (categoría E) cuyo nivel de desempeño se ubica muy por debajo de la media nacional y separadas por una considerable brecha del desempeño de un conjunto de universidades, cuyos niveles, sin que signifique que han alcanzado estándares internacionales de excelencia, han servido como referentes para la evaluación. De estas universidades 24 son particulares, una es particular cofinanciada, la Escuela Politécnica Ecológica Amazónica y una es una universidad pública, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

Las universidades particulares que constan en estalista, incluida la universidad particular cofinanciada mencionada, representan, como ya ha sido señalado, al sector de mayor expansión de la educación universitaria del Ecuador en los últimos años. El incremento de la demanda educativa terciaria, acelerado en las dos últimas décadas, no pudo ser absorbido plenamente por las universidades públicas y particulares ya establecidas y dio lugar a la proliferación de un nuevo tipo de educación superior privada con una marcada orientación a explotar comercialmente los nichos y oportunidades que ofrecía un “mercado educativo”, en plena expansión sin ningún miramiento por la calidad. El crecimiento de este tipo de oferta privada se vio favorecido, en principio, por el abandono paulatino de la política pública del espacio de la educación superior, tanto en lo atinente a la regulación, como a la insuficiencia en la asignación de recursos estatales para financiar la satisfacción de una creciente demanda, e ideológicamente se sustentó en la tesis, que se fue afianzando especialmente durante la década de los noventa, según la cual la educación privada estimula la eficiencia económica y la excelencia académica a través de la competitividad de los mercados. El cuestionamiento de esta última afirmación esta fuera del objetivo del presente análisis. Para los fines de las conclusiones aquí presentadas, el punto relevante consiste en la constatación de que la búsqueda de la eficiencia y excelencia mediante los mecanismos de mercado ha traído graves consecuencias para la calidad de la educación superior y ha desvirtuado su papel social como un bien público. Se trata de un conjunto de universidades que representan lo que algunos autores califican como la forma extrema de la mercantilización de la educación superior.

Como se constata a lo largo del estudio, se trata de instituciones que están lejos de reunir las condiciones mínimas que requiere una institución para que pueda ser reconocida comouniversidad, entre éstas:

i) Contar con una comunidad docente estable, académicamente preparada, con obligaciones y derechos reconocidos y con la dedicación necesaria para garantizar una docencia de calidad no es algo que se valore en estas universidades. Por el Las 26 universidades comprenden 2 estatales y 24 autofinanciadas. Esta afirmación y los criterios expresados sobre la educación superior privada, evidentemente se aplican a este segundo grupo. contrario, su actividad y permanencia se sustentan en la práctica de formas extremas de precarización docente.

ii) En general, son instituciones con una orientación netamente empresarial. Al operar como empresas, la rentabilidad se convierte en el eje principal de su gestión; y al constituir su fuente de ingresos los pagos de matrícula y colegiatura, su estrategia se orienta a atraer a sus estudiantes mediante sistemas de admisión abiertos, bajo procesos de selección y nivelación prácticamente in existentes o de muy dudosa efectividad.

iii) Los niveles de exigencia para la permanencia de los estudiantes en la institución son bajos y las condiciones de titulación conducen a un cuestionamiento muy serio sobre su capacidad profesional para desenvolverse en su entorno y aportar al desarrollo de la sociedad;

iv) Siguiendo una lógica empresarial, resulta que las funciones de estas instituciones estén cada vez supeditadas a las “fuerzas del mercado”. La explotación del conocimiento que puede generar ingresos inmediatos es valorada y atendida, mientras que aquellos que demandan mayor esfuerzo económico y académico, al menos en términos de equipamiento e infraestructura son relegados a un segundo plano, o simplemente descartados. Esto explica la concentración de la oferta académica de estas instituciones en carreras como administración, contabilidad y auditoría, gestión empresarial, mercadotecnia, gestión turística, relaciones públicas y otras con denominaciones “curiosas e ingeniosas ” que normalmente no corresponden a una oferta académica universitaria. Si esta profusión de “carreras universitarias” se agrega una etiqueta de “ambiental”, “ecológica” o “tecnológica” al nombre de la universidad, entonces se completa toda una estrategia de mercadeo para la venta de un producto: un título universitario. En estas circunstancias, el sentido, los objetivos y la práctica de la educación superior van perdiendo significado; La misma concepción del sujeto de la educación superior se trastroca recreándose bajo la figura del “cliente” o “consumidor”.

v) La visión de las universidades como amplios proyect os culturales, de acumulación y organización del conocimiento, como centros generadores de ideas y debate que estimulen el activismo y la participación social de la comunidad universitaria, han pasado a un campo marginal o meramente discursivo. Estas nociones están siendo sustituidas por un renovado énfasis en los vínculos entre la educación superior y los mercados, por un esquema de universidades “emprendedoras”, por nociones de “excelencia”, “productividad” y “eficiencia”; es decir, toda una serie de conceptos y objetivos de dirección que entran en conflicto y contradicción con la idea de la educación superior como un bien público;

vi) Salvo muy contadas excepciones, el denominador común de este grupo de universidades es su precariedad en equipamiento e infraestructura. Como se señala en el informe, sus instalaciones distan mucho de los requerimientos de una infraestructura para el funcionamiento de una institución de educación superior. Se trata de locales (oficinas, departamentos, casas de vivienda) precariamente adaptados para acoger a una población estudiantil y que carecen de las facilidades indispensables y de la funcionalidad elemental que exige el desarrollo de las actividades académicas. Las clases se dictan en aulas improvisadas, los laboratorios, si estos existen, están instalados en espacios precarios e inadecuados, no disponen de estaciones de trabajo para profesores y estudiantes y los ambientes destinados a las bibliotecas difícilmente pueden ser reconocidos como espacios de consulta y lectura. De esta manera, están presentes todos los ingredientes que encajan en lo que públicamente se ha denominado “universidades de garaje”. Bajo esas condiciones, la calidad de la enseñanza plantea serias dudas y cuestionamiento. En un contexto semejante, está por demás señalar la ausencia de investigación, ni aun de aquella esencial ligada al mejoramiento de la docencia;

vii) Estas universidades carecen del compromiso y capacidad para ocuparse de problemas sociales y su carácter comercial ha dado paso a una universidad desenraizada de su entorno social, sin ninguna incidencia en las realidades locales y regionales a las que debería dar respuesta. El objetivo es claro: vender un producto (la educación superior como mercancía), de calidad dudosa, por el cual los estudiantes pagan con la esperanza de que contribuya a su desarrollo y a su inserción en el tejido social. El panorama que se presenta está bordeando los límites de un fenómeno advertido en otras latitudes y es objeto de seria preocupación a nivel mundial, aquel del fraude académico: fraude a las aspiraciones de los estudiantes de realizarse como personas y profesionales; fraude a los padres de familia que afrontan los gastos de la educación; y fraude a la sociedad al contar con profesionales insuficientemente preparados para asumir su papel y responsabilidades; más aun teniendo en cuenta que estas universidades, al igual que el resto de instituciones de enseñanza superior, también se benefician de subvenciones del Estado, indirectamente a través de exenciones de la carga tributaria y exoneraciones fiscales.

viii) Por último, se debe señalar que, en su esfuerzo por atraer estudiantes, este tipo de universidades ha entrado en una competencia desleal con aquellas universidades cofinanciadas y autofinanciadas que si cumplen una función social y están mostrando esfuerzos e implementado políticas y estrategias de desarrollo institucional orientadas a ofrecer una educación de calidad. El facilismo académico, sumado a ofertas económicas menos onerosas, son elementos que, en el mediano plazo, pueden impactar negativamente sobre la viabilidad y credibilidad de la educación superior particular. Por otra parte, si bien no se puede negar que las modalidades privadas de educación superior contribuyen a la diferenciación social, las desigualdades educativas que generan la categoría de universidades en referencia, ahondan aun más las desigualdades en los logros profesionales, en los ingresos y en la aceptación profesional,

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