LA TUTELA Y PERSPECTIVA DE SU REFORMA

LA TUTELA Y PERSPECTIVA DE SU REFORMA

Todas las revoluciones y movimientos (feudalismo, revolución burguesa, revolución francesa, etc) que se vivieron en el desarrollo y formación de la tradición jurídica de occidente han sido de vital importancia en la estructura de la sociedad occidental determinado así su desarrollo económico, político y abriendo paso a la teoría social del derecho que fue visto como factor independiente a las condiciones materiales de la sociedad que lo produce y al sistema de ideas y valores de la misma; las revoluciones vividas durante la formación del derecho occidental han traído implícita la defensa de derechos de todo tipo como los derechos fundamentales que hoy consagra nuestra Constitución Política y de mecanismos para su protección y defensa como lo es la acción de tutela.

En nuestro medio, quizá la más grande de las instituciones que trajo consigo la constitución de 1991 fue la acción de tutela. Esta afirmación surge de la gran importancia que ha tenido esta acción en el rol de defender los derechos fundamentales de las personas, de tal manera que su vigencia puede decirse acercó al ciudadano con la constitución, e hizo del catálogo de cánones constitucionales la más real y efectiva expresión del derecho.

Desde el punto de vista procesal la acción de tutela desmitificó el proceso judicial, visto este como el conjunto de reglas que servían para poner en movimiento los derechos y que hasta la aparición de la nueva figura se presentaba como una serie de trámites y etapas que hacían engorroso e interminable el proceso judicial: la acción de tutela demostró que mediante un proceso breve y sumario, de tan solo diez días, era posible obtener una sentencia judicial que resolviera un problema o un conflicto de derechos dentro de los cuales se hallaban en juego aquellos de carácter superior o de grado superlativo que entraron a conocerse como derechos fundamentales.

Podría decirse que la gran contribución de la acción de tutela al derecho procesal fue la de demostrar que es viable adelantar un proceso judicial en términos razonables de duración, poniendo por encima del derecho procesal, todavía con algunos rezagos feudalistas , los derechos sustanciales, en la consagración del denominado principio de primacía del derecho sustancial sobre el derecho procesal. Ha coincidido la celeridad del mecanismo con el auge de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las cuales sin lugar a dudas han facilitado la eficiencia de la acción en términos procesales, reeditándose de paso el ciclo histórico de la influencia de los cambios tecnológicos en el derecho.

Sin embargo como quiera que la institución ha sido objeto de abusos que han puesto en peligro la subsistencia del mecanismo cuandoquiera que se ha pretendido por vías de la reglamentación introducirle talanqueras y cortapisas como algunas reglas procesales, de competencia, de reparto, y de exclusión de algunas autoridades como sujetos pasivos de la aplicación de la acción, es necesario pensar en la necesidad de establecer normas que tiendan a fortalecerla pero en ningún caso a debilitarla.

Se ha planteado en multiplicidad de foros, en artículos de prensa, y en general en medios académicos del país, la necesidad que existe de modificar el artículo 230 de la Constitución para introducir el deber de los jueces de seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en lo de su competencia. Sin embargo, se podrán apartar de dicha jurisprudencia, exponiendo de manera expresa y clara los motivos que justifiquen

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