La lección del caso La Polar

Las auditoras: la lección del caso La Polar

Por Renato Garín

Publicado el 4 May, 2013

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Tras el caso La Polar, las miradas se volcaron hacia la labor de auditoría que legalmente debe ser realizada por firmas externas a la compañía auditada. La semana pasada PricewaterhouseCoopers sufrió el congelamiento de sus cuentas bancarias por orden judicial. Días antes, a finales de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa por 4.500 U.F por su responsabilidad en el escándalo de la tienda de retail.

Llevan meses en el ojo del huracán. Las esquirlas del caso La Polar se clavaron en las empresas que realizan auditorias y éstas no han podido removérselas del todo. Los analistas reconocen que se trata de un punto neurálgico del sistema financiero chileno y que se requiere una nueva normativa. Las auditoras tienen un rol clave pues hacen la revisión y estudio de los estados financieros de las empresas. Esto, en teoría, se traduce en revisar todas las partidas y evaluar el estado de los activos y los pasivos, así como de las principales cuentas del balance. Su labor implica revisar y ver los flujos, los ingresos, los egresos y el endeudamiento crediticio. Esa es la arista que falló en el caso La Polar, pero desde que se destapó el escándalo, la auditora y los ex-ejecutivos se han culpado mutuamente.

A este respecto, el Superintendente Fernando Coloma levantó una agenda de reformas en el 2011 que estuvo marcada por el debate sobre el rol de las auditoras. Ninguna de esas modificaciones ha llegado a puerto y se ha sostenido que el tema será abordado en la ley sobre gobiernos corporativos que prepara Hacienda. La configuración del mercado de auditorías es uno de los elementos que debe ser tenido en cuenta a la hora de legislar. Lo que tenemos en Chile son dos mercados de auditorías, por un lado las cuatro grandes y, por otro, las demás, esto ocurre en todo el mundo, pero el nuestro es un caso especial por la concentración que tenemos en los sectores auditados. Cuatro son las firmas principales que, según datos de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), auditan al 95% de las empresas listadas, esto es, aquellas que se transan en bolsa.

Las “Big Four” se les denomina en Estados Unidos a Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernest & Young y KPMG. La denominación se hizo global al consolidarse, durante la década de los 90, un grado de especialización en los servicios de auditoría que antes solamente se conocían en el primer mundo. Después de un álgido 2011, la SVS informó resultados que ilustran el mapa chileno: Deloitte alcanzó una participación de mercado de 33% seguido por PwC, con 28% en tercer lugar se encuentra Ernst & Young, con un 26% de participación y KPMG, con un 13% del mercado.

Estos datos permiten vislumbrar el peso de las cuatro compañías en el mercado chileno. Pero no es solamente la concentración lo que preocupa sobre la estructura de la industria. El gran tema, no sincerado hasta hoy, es que se mezclan funciones de consultoría y asesoría tributaria con el trabajo estrictamente auditor. Esta integración horizontal de servicios muestra que hay una brecha evidente entre aquellas que se dedican a auditar pequeñas empresas y las cuatro grandes que tienen de clientes a las principales compañías del IPSA.

En los últimos 10 años, la Superintendencia ha cursado 27 sanciones a las auditoras de las cuales 21 han recaído en aquellas de menor tamaño. Las grandes han recibido multas por no detectar deficiencias en los estados financieros, como ocurrió en 2010 cuando se multó a PwC por el caso ACE Seguros. Actualmente, las auditorías son reguladas en general por la ley 18.046 de sociedades anónimas y la ley 18.045 de mercado de valores. En base al artículo 15 de este último cuerpo normativo, se sancionó a PwC por su responsabilidad en el caso La Polar por un total de 4.500 U.F.

Las horas destinadas a revisar los estados financieros también aparece como una cuestión central a ser discutida. Se debe evaluar la conveniencia de establecer un mínimo legal de horas para auditorías, lo que ya se legisló en otros mercados, como el estadounidense luego del caso Enron (ver recuadro más abajo). Otro punto importante es el gobierno corporativo de las grandes firmas de auditoría, cuestión que resulta clave en la configuración de “murallas chinas” entre los distintos servicios que ofrecen. Esto se vincula con el deber de secreto que descansa sobre la tarea de auditoría, además de lo nocivo que resulta mezclar los datos con las recomendaciones generadas por las áreas de consultoría.

Desde un punto de vista jurídico, no existe un cuerpo legal específico que trate sistemáticamente la labor de las empresas ni que las obligue a determinadas conductas. En esta materia seguimos en los ochenta, cuando se (re) pensó el mercado financiero chileno. Se hace necesario revisar la factibilidad de generar normas específicas y coherentes que sancione drásticamente el cruce de funciones y que establezca a la responsabilidad penal como principal herramienta preventiva. Si hubiera voluntad seria de mandar una señal a la industria, lo que se tendría que hacer es establecer un tipo de delito económico vinculado a las auditorías fraudulentas. Ese parece el camino más razonable desde un punto de vista público, en pos de resguardar los bienes más preciados para los mercados financieros: transparencia, rigor y credibilidad.

PUBLICADO EN POLÍTICA NACIONAL

RECUADRO

La lección del caso Enron

Enron Creditors Recovery Corporation, era una compañía energética estadounidense con base en Houston, Texas. Enron empleó a 21.000 personas y fue una de las compañías eléctrica, de gas natural, papelería, y de comunicaciones más importantes del mundo, con unos ingresos de 111.000 millones de dólares en el año 2000. Llegó a ser la séptima empresa de Estados Unidos, según su supuesta contabilidad. Enron fue nombrada por la revista “Fortune” como la compañía más innovadora de América durante 6 años consecutivos desde 1996 hasta 2001.

Sin embargo, a finales del año 2001 estalló el escándalo. Se reveló que su condición financiera estaba sustentada por una contabilidad creativa fraudulenta, sistemática e institucionalizada desde hacía años, es decir, utilizaba avanzadas técnicas de ingeniería financiera para modificar su realidad contable. Desde entonces, se convirtió en un símbolo de la corrupción y del fraude corporativo.

Pero el escándalo no sólo afectó a la empresa, sino que salpicó a la empresa auditora Arthur Andersem -prestigiosa

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