La necesaria educación para una cultura productiva y un trabajo decente

 La necesaria educación para una cultura productiva y un trabajo decente.

Edgar E. Contreras L*

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental son a nivel general rasgos característicos de la realidad mundial que generan desafíos prioritarios para la comunidad internacional.  Nos enfrentamos a un cambio de época o a una época de cambios, donde lo ineludible es la incertidumbre, por lo que las sociedades deben revisar sus modelos o paradigmas desde el convencimiento de que lo que ayer funcionó no garantiza los mismos resultados en el presente.

 Según la CEPAL este cambio de paradigma es necesario en  América Latina y el Caribe, en cuanto esta es la región más desigual. Esta desigualdad se refleja en escasa productividad, infraestructura deficiente, segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, profundas brechas de género.  Frente a estos desafíos,  los Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado,  proclaman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  y 169 metas.(1)

El objetivo 8 de esta agenda apunta a: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.” Entre las diez metas asociadas a este objetivo destacan, para el caso venezolano, las siguientes:

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación

Una mirada al panorama del mundo laboral y productivo de Venezuela, a la luz de este objetivo, permite reafirmar su pertinencia en una economía marcada por la caída sostenida del PIB en los últimos años y por la disminución de la capacidad productiva del país. Según estimaciones de la CEPAL y del FMI, esta caída del PIB fue de 16,5% en el 2016; 9,5% en el 2017 y para el 2018, se estima que estará entre un 5,5% y un 8,5%.

Adicionalmente, según datos de la ENCOVI, para el año 2017 la población económicamente activa del país se calculaba en 13.147.828 personas, de las cuales 12.035.360 se encontraban ocupadas (91%), mientras que 1.183.305 estaban desocupadas (9%). Del total de trabajadores ocupados, el 80,6% laboraba en el sector terciario de la economía. El 37,5% de esta masa trabajadora lo hacía por cuenta propia, mientras que el 32,6 % se ubicaba en el sector público y el 22,6% en el sector privado. (2)

Las datos referidos demuestran que para promover el crecimiento económico sostenido y el trabajo decente y productivo se va a requerir un empeño por recuperar la industria petrolera, y aprovechar las ventajas competitivas, comparativas y cooperativas que se tienen en materia de hidrocarburos, turismo, agricultura, pesca, minería, industria y comercio para reactivar los sectores primario y secundario. Sin embargo, de manera contraria a lo que habría de esperarse para dicha reactivación, en el país se viene reportando en los últimos años una tendencia al cierre de empresas hasta el punto que, según declaraciones del actual presidente de CONINDUSTRIA, en el año 2018 se estima el cierre de un poco más de 1000 empresas, las cuales se sumarían a las 8000 que han cerrado en las dos últimas décadas. (3)

Revertir la situación actual y pensar en una solución a largo plazo de la crisis va a requerir, además de seguridad jurídica y estabilización macroeconómica, el diseño e implementación de un proceso de reforma de la educación en y para el trabajo que responda a unas políticas educativas orientadas a promover una nueva cultura del trabajo y a favorecer la formación de los trabajadores que harán posible la reactivación de la capacidad productiva, la modernización tecnológica y la innovación.

La formulación de estas políticas educativas supone el trabajo articulado de las instancias legislativas y ejecutivas, propias de una sociedad democrática, y la construcción de consensos en torno a los objetivos que se desean lograr, las estrategias a emplear y los recursos a invertir. Avanzar en esta dirección es un reto impostergable que demanda de los actores políticos, económicos y sociales involucrados, el compromiso firme para no repetir errores del pasado (por ejemplo: improvisación, imposición, sectarismos, mirada de corto plazo) y el necesario apalancamiento en los aprendizajes obtenidos como sociedad (la riqueza del país es su gente, no lo que está en el subsuelo, la polarización no beneficia al país, las instituciones son básicas para la vida en democracia, los ciudadanos deben ejercer la función contralora).

Para avanzar en la dirección propuesta se debe posibilitar el fortalecimiento de la gestión de la educación en y para el trabajo y ello supone hacer frente aspectos como:

1) La deficiente vinculación entre el sector productivo y el educativo

Esta realidad se expresa en la ausencia de canales formales de comunicación y coordinación que permitan el conocimiento por parte del sector educativo de las necesidades del sector productivo y la comprensión por parte del sector educativo de las necesidades y requerimientos del sector productivo. Esta  vinculación, según  Victor Guédez (1998) debe trascender los esquemas de “oferta-demanda” y “pedir y recibir” para explorar nuevos espacios y opciones en las que se asuman la interdependencia que existe entre la educación y el trabajo y el trabajo y la educación y en la que empresarios y educadores puedan verse como socios o aliados. (4)

En el caso venezolano es evidente que estas relaciones no se han cultivado de manera sostenida y que en la actualidad se desconoce cuál es la instancia que en representación del ejecutivo nacional coordina o regula la vinculación con el sector productivo público y privado del país. Esta situación se traduce en la existencia y actuación desarticulada de las instancias e iniciativas asociadas a la materia a saber: Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST), Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCyT), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), Misión Sucre, Plan Chamba Juvenil y la Misión Saber y Trabajo .

...