MERCADEO INTERNACIONAL

LAS FARMACEÚTICAS OCCIDENTALES Y LA EPIDEMIA DE SIDA EN SUDÁFRICA

En diciembre de 1997, el gobierno de Sudáfrica aprobó una ley que autorizaba dos prácticas polémicas. Una, la importación paralela, permitía a los importadores del país comprar medicinas al proveedor más barato, aunque los dueños de las patentes no lo hubieran autorizado. Así, Sudáfrica estableció su derecho a importar “versiones genéricas” de medicinas todavía protegidas por patentes. El gobierno lo hizo porque, declaró, no podía pagar los elevados costos de los fármacos protegidos. La otra práctica, llamada licencia obligatoria, concedía al gobierno sudafricano la facultad de autorizar a los laboratorios locales para producir versiones más baratas de medicamentos cuyas patentes pertenecen a compañías extranjeras, con o sin su permiso.

La legislación parecía violar acuerdos internacionales de protección de la propiedad, incluso el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, sobre patentes, que Sudáfrica suscribió. Sin embargo. El gobierno sudafricano insistió en la necesidad de esa legislación por la crisis sanitaria del país y los elevados costos de las medicinas de patente. En 1997, Sudáfrica luchaba con una crisis de SIDA de proporciones enormes. Se calculó que en ese entonces al menos tres millones de los 45 millones de habitantes estaban infectados con el virus, más que en cualquier otro país. Sin embargo, aunque la epidemia de SIDA se esgrimía como el principal motivo ara la nueva ley, la misma ley se aplicaba a las “enfermedades contagiosas” ( de las que el SIDA es apenas una, si bien de efectos devastadores).

Los laboratorios extranjeros consideraron la ley un intento descarado por expropiar su propiedad intelectual, y 39 compañías se apresuraron a entablar una demanda en el país para suspender su aplicación. Lo que más preocupa a los fabricantes era que la ley se aplicaba a todas las “enfermedades contagiosas”. Temían que Sudáfrica fuera apenas el comienzo y que, si se conservaba la ley, otros países lo imitarían. Muchas compañías occidentales también temían que si se permitía a países pobres como Sudáfrica comprar versiones genéricas baratas de medicinas patentadas, rompiendo las leyes de propiedad intelectual, pronto los consumidores estadounidenses y europeos exigirían lo mismo.

En defensa de sus patentes, las compañías explicaron como el desarrollo de los fármacos es muy caro, demorado y riesgoso, necesitaban leyes de propiedad intelectual para conservar el incentivo para innovar. Se llegan a necesitar 800 millones de dólares y 12 años para desarrollar un fármaco y llevarlo al mercado. Menos de uno de cinco compuestos llegan a la etapa de pruebas clínicas se convierten en una medicina a la venta. El resto fracasa en las pruebas por malos resultados o por efectos secundarios indeseables. De las que lleguen al mercado, apenas res de diez obtienen utilidades que superan sus costos de capital. Si los laboratorios no contaran con los precios elevados de sus productos más exitosos, se agotaría el desarrollo de fármacos.

Desde hace mucho, los laboratorios reconocen que países como Sudáfrica enfrentan dificultades médicas especiales y no tienen dinero para pagar los precios del mundo desarrollado. En consecuencia, en el mundo en desarrollo fijan precios bajos o donan las medicinas. Por ejemplo, muchos medicamentos contra el SIDA ya se venden en países en desarrollo con grandes descuentos sobre su precio en Estados Unidos. El gobierno de Sudáfrica pensaba que no era suficiente. Rápidamente recibió el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos y lucha contra el SIDA, que presentaron el caso como un intento de los prósperos laboratorios internacionales por conservar sus derechos de propiedad intelectual a pesar de los esfuerzos desesperados de un gobierno empobrecido por enfrentar una crisis mortífera. Por su parte, los laboratorios declararon que el caso tenía poco que ver con el SIDA, sino que se trataba del derecho de Sudáfrica a quebrantar el derecho internacional.

Sin duda, los laboratorios tenían de su lado el derecho internacional, pero el vínculo con la epidemia de SIDA los puso a la defensiva en las relaciones públicas. Luego de la tormenta de mala publicidad y la falta de apoyo de los gobiernos occidentales, que no querían esta “papa caliente” política, varios de los principales fabricantes de medicinas contra el SIDA, aun oponiéndose a la ley sudafricana, cambiaron sus políticas. En mayo de 2000, cinco grandes fabricantes de esos medicamentos (Merck, Roche, Glaxo y Boehringer Ingelheim) anunciaron que negociarían precios menores en países pobres, sobre todo en África Sub-Sahariana (en 2000 vivían en esa región 25 millones de los 36 millones de personas infectadas con el VIH). Sin embargo, las protestas continuaron.

En febrero de 2001, un laboratorio indio, Cipla Ltd., ofreció en venta a las naciones africanas pobres un coctel de tres medicinas contra el SIDA con un precio de 600 dólares anuales por paciente, ya 350 dólares para Médicos sin fronteras (el SIDA se trata con un coctel que incluye hasta 10 antivirales). Las patentes de estos fármacos pertenecían a los laboratorios occidentales, pero la legislación india permite

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