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SEGURIDAD SOCIAL

Conceptos

La seguridad es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad. Es así, como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, sino el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de este.

Los sistemas sanitarios se coordinan a menudo con otros mecanismos con otros mecanismos de seguridad social como programas de pensiones de subsidio al desempleo y de compensaciones laborales.

Una definición de Seguridad Social ampliamente aceptada es la siguiente:

"Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas publicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causas de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia medica y de ayuda a los familiares con hijos"

Para otros autores esta consiste en un sistema publico de protección frente a situaciones de necesidad legalmente previstas o frente a determinados riesgos que impiden la actividad laboral, o limitan o anulan la capacidad de trabajo.

De igual forma que la han definido como:

"Sistema a través del cual el estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación así como a los familiares o asimilados que tuvieren a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley." La Seguridad Social en Venezuela está tipificada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus Artículos 80 al 86.

SEGURIDAD SOCIAL PRIVADA

El seguro privado se inspira en un interés personal inmediato, se funda en un negocio privado, es normalmente voluntario y existe el espíritu de lucro en el asegurador, que generalmente es una persona de derecho privado. Por el contrario, el seguro social satisface un interés social inmediato y da origen a una relación jurídica que, aunque pueda excepcionalmente no ser obligatoria, está íntegramente regulada por la ley. No existe en él una equivalencia matemática de las prestaciones, el asegurador es siempre persona de derecho público, y los beneficiarios sólo pagan una parte de la prima, la que es integrada por aportes de un tercero (patrón o estado).

SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN

Capitalización individual (seguridad social)

En la seguridad social, se denomina capitalización individual, a un sistema de ahorro personal para la vejez. Como estrategia para prevenir la incapacidad laboral que produce la vejez, el sistema se distingue del régimen de reparto público, en el hecho de que mientras éste está organizado a partir por un mecanismo de solidaridad, el sistema de capitalización está apoyado en un mecanismo de ahorro exclusivamente individual. En varios países el sistema de capitalización individual existe como opción voluntaria, organizado por empresas de seguro privadas, con el fin de complementar el sistema público de reparto.

En 1981, la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, aplicando teorías económicas de libre empresa de la Universidad de Chicago, y el asesoramiento del economista estadounidense Milton Friedman, impuso en Chile un sistema obligatorio de capitalización individual para la vejez, administrado por empresas privadas con fines de lucro, con el fin adicional de formar un mercado de capitales.

En contraposición al régimen de reparto aparece el de capitalización individual de corte puramente economista cuya exponente y estandarte principal el implantado en Chile a partir del año 1980. este sistema, llamado por el antiguo ministro de trabajo del gobierno chileno en época de dictador Pinochet, Dr. Piñeira, el de la "libretita". Consiste en un aporte individual obligatorio pagado, en algunos casos sólo por el trabajador, y en otro por éste y su empleador para cuando llegue su edad de retiro reciba la pensión que el mismo se ha labrado. El trabajador escogerá cuando se retira de la actividad productiva. Su pensión dependerá del grado de sus ahorros. Es una pensión prepagada cuyo monto puede ser determinable de antemano.

El trabajador depositará su cotización en una entidad financiera pública o privada, quien le cobrará una comisión para administrarle su dinero. Cuando el trabajador decida retirarse podrá elegir entre retirar todo su dinero o comprar una póliza de seguros. Sin duda que este régimen se pierde un elemento social de un verdadero sistema de seguridad social: a la solidaridad. Por más rodeo que se quiera dar, este elemento se pierde.

Es un régimen individualista y el monto de la pensión o cuidados de salud dependerá de la capacidad económica del contribuyente.

El problema de la protección social es complejo y no sólo se puede enfocar desde el punto de vista económico. La política social se nutre de realidades, por lo que ésta debe adaptarse y adoptarse pensando siempre en las condiciones y circunstancias de cada país.

Si fundamentamos la atención de los riegos sociales sólo en el ahorro, nos podemos encontrar, en alguna ocasión con muy serias dificultades porque los grupos sociales más desfavorables, justamente a quienes más se debía brindar protección, por si solos no disponen de medios suficientes para ahorrar y solventar sus necesidades. El ahorro se expone a los riegos, por ejemplo, que entraña una devaluación de la moneda, sino se toman las medidas de lugar.

El ahorro por sí solo, considerado aisladamente no garantiza al individuo que pueda hacer frente a las adversidades de la vida.

A comienzos de la década de 1990 el Banco Mundial impulsó a los países del Tercer Mundo a adoptar el modelo de capitalización chileno, algo que hicieron algunos otros países latinoamericanos, como Argentina y Uruguay, y de Europa del este, como Polonia.

En la segundo mitad de la década de 1990, el propio Banco Mundial y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo(OIT), y gran cantidad de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y académicos, comenzaron a cuestionar

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