Sociologia

¿Y por qué no parecerse a Irán?

Carlos Miranda Pacheco*

Parece que en unos meses más tendremos una nueva Ley de Hidrocarburos. Será la cuarta en 19 años y la segunda en los últimos cuatro. Parecería que acá interpretemos que la seguridad jurídica no se obtiene con la estabilidad y duración de las leyes, sino más bien por una dinámica de constante cambio.

La actual Ley 3058 tuvo una difícil gestación, tardó más de 2 años en su elaboración. Primero fueron los borradores del Ejecutivo hasta que su redacción pasó al Legislativo, donde el entonces honorable (ahora no tan honorable) Santos Ramírez, haciendo honor a su profesión de maestro de escuela, dirigió a los representantes nacionales a la aprobación de un texto que fue rechazado por el entonces presidente Carlos A. Mesa y tuvo que ser promulgada por el presidente del Congreso. Esa es la Ley 3058 que en su texto recoge el desmesurado entusiasmo masista y la intención movimientista de castigar la supuesta traición de Mesa a Sánchez de Lozada.

La ley es mala y contradictoria, su único mérito accidental ha sido el haber subido la tributación a los productores hasta el 50% de los ingresos, al inicio de un periodo de aumento de precios. Resultó ser un éxito de recaudación fiscal, sin poner en riesgo lasINVERSIONES . Una cosa es 50% de impuestos cuando el precio está a más de 100 $us/bbl. Productores y Estado ganan muy bien. Otra muy diferente sería si, como el 1997, el precio del petróleo a menos de 10/bbl. Con esos ingresos la tributación del 50% hubiera decretado el cierre de la industria.

Otro de los grandes errores de la Ley 3058 es el tratamiento exageradamente generoso a los derechos de los pueblos originarios al añadir a la consulta obligada el derecho inexcusable de participar en los beneficios del proyecto. Recientemente ya se ha empezado a sentir esa especie de veto al desarrollo de las actividades de YPFB en los proyectos del norte de La Paz.

El defecto más grande de la ley es el tratamiento de YPFB. La norma no vacila en volcar sobre los hombros de un YPFB a ser refundado, todas las responsabilidades de funcionamiento del sector. El énfasis es tan grande que llega a delinear en detalle su futura organización cediendo a todos los intereses regionales. En esta forma termina con una organización de YPFB totalmente inoperante. Lo asombroso es que la Ley 3058 no le asigna ni un centavo de ingresos directos del sector a YPFB, inclusive le suprime los que tenía con la ley anterior. YPFB deberá convertirse en una empresa del “calibre de Petrobras y Pemex” con parte de los dudosos márgenes de utilidad de los contratos de operación.

Posteriormente se aprobó una nueva Constitución Política del Estado (CPE), cuyo articulado referente a los recursos naturales, hidrocarburos muestra la decisión política que el Estado sea el único agente principal de la industria petrolea, a diferencia con la ley que mantiene opciones para laINVERSIÓN privada. En lo referente a los derechos de los pueblos originarios, reafirma y enfatiza aun más lo planteado en la Ley 3058.

Lo anterior hace necesario que la Ley 3058 sea revisada y modificada para que esté en sintonía con la flamante CPE. Ese es el mandato prioritario para la próxima futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

Todo lo anterior es parte del intenso trabajo político que se está realizando con miras a las elecciones. En la vida real ha sucedido que la producción de petróleo y gas está en descenso, hemos perdido mercados de gas, la tan declamada industrialización del gas no ha pasado del discurso y estamos importando carburantes por más de $us 500 millones al año con tendencias crecientes. Esta lamentable situación es atribuida por propios y extraños a la falta deINVERSIONES en el sector.

Como se está en un periodo preeleccionario, con su tradicional habilidad política el Gobierno ha decidido evitar cargos por la inoperancia del sector. Por tanto, se ha abierto dos cauces de discusión o diálogo para remediar la difícil

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