UBICACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS NORMAS DE DERECHO PENAL.

La ubicación sistemática y el concepto de imputabilidad son dos cuestiones que se hallan conectadas, hasta el punto que es imposible hablar de una sin hacer referencia a la otra. Esto obedece a que se ha empleado la expresión en muy diversos sentidos teóricos, e incluso con ambigüedad. En realidad, la ubicación y el concepto son dos extremos indisolublemente unidos.

La ubicación de la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad no tiene significado doctrinario preciso, porque en tanto que se deriva de su naturaleza de capacidad en el sujeto, algunos la colocan antepuesta la culpabilidad y otros dentro de ella. Su ubicación en el estadio anterior al de la culpabilidad carece de coherencia, porque igual criterio sería menester colocar en el plano anterior al de la conducta un componente de voluntabilidad; y en el previo a la tipicidad, otro de capacidad psíquica de dolo.

8.2 AUTONOMÍA.

El Derecho Penal es preferentemente constitutivo o autónomo a que virtud de que protege innumerables bienes jurídicos que no tutelan otras ramas del Derecho, protegiendo en casos determinados bienes jurídicos a su vez tutelados por el Derecho Civil u otro ordenamiento, dando lugar, a que se pueda sostenerse que el Derecho Penal es por regla general constitutivo y por excepción sancionador; pero aún aceptando que en algunos casos proteja los mismos bienes que los de otras ramas del Derecho Penal, lo hace desde un mismo aspecto diferente a aquéllos.

Se plantea el problema de la autonomía del Derecho Penal en relación con la criminología, ciencia causal, es decir, los estudiosos de las ciencias penales inquieren sobre la independencia o la no independencia o la no independencia de estas disciplinas, o bien, respecto al papel que cada una de ellas desempeña en la lucha contra el fenómeno de la criminalidad, resultando las naturales discrepancias entre los autores que han abordado el tema.

8.3 EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO.

En la doctrina jurídico penal se reconoce la existencia de un derecho penal económico al que se ha caracterizado como los comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en alguna de sus instituciones en particular, y por tanto ponen en peligro la propia existencia y las formas de actividad de ese orden económico.

Así también se ha dicho que el derecho penal económico está determinado por la serie de normas destinadas a tutelar la actividad interventora del Estado en la economía. Entre los autores que proponen esta distinción se encuentra, Righi, quien sostiene que el Derecho Penal Económico se trata de una especialidad del Derecho Penal que en gran medida encuentra solución de la dogmática general de éste, pero que además requiere soluciones no prevista por dicha dogmática, en función de características especiales de los delitos de ésta clase.

La dogmática jurídico penal recurrió a la distinción del bien jurídico tutelado para establecer una categoría de delitos económicos, entendiéndolo como una conducta que sea capaz de poner en peligro la vida económica como orden general.

Desde esta óptica se pretende establecer una diferencia entre la comisión de un delito de estafa o hurto y ataques contra el orden económico entendido como un bien jurídico no individual. Se ha intentado, de un aspecto sociológico, establecer una distinción entre la delincuencia penal económica y la delincuencia “común”, sosteniéndose que mientras que al delincuente contra la propiedad suele considerársele como un marginado y como un problema individual frente al orden social el delincuente económico por el contrario ni es marginado ni se enfrente individualmente contra el sistema, al que por otra parte, pertenece.

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