UN FUNCIONARIO PÚBLICO HA ALTERADO EL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO QUE DEBE SER EXTENDIDO POR ÉL, DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DEL CARGO

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“UN FUNCIONARIO PÚBLICO HA ALTERADO EL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO QUE DEBE SER EXTENDIDO POR ÉL, DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DEL CARGO.”        3

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“UN FUNCIONARIO PÚBLICO HA ALTERADO EL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO QUE DEBE SER EXTENDIDO POR ÉL, DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DEL CARGO.”

En el presente en el caso que se establece en mención donde un funcionario público altera un documento que debe ser extendido para él, opera directamente la moral y la legalidad en el caso, pues la moral la establece la cultura y la sociedad que se desarrolla, pero también el principio de la legalidad va relacionado en la regulación de las personas que se rigen dentro de una sociedad. En este orden de ideas un agente del estado mantiene un perfil de cumplidor con rigurosidad de las actividades propias que regula el poder ejecutivo, pues representa la figura de ellos en sociedad.

Para esto existe un marco jurídico que establece el presente caso el cual desarrollare a continuación:

• PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Establecido en el articulo 7 en su inciso 1 y 2 de la C.P.R, el cual habilita la actuación de la administración en los casos determinados, en el cual donde tiene competencia especifica un órgano administrativo, de este modo nos conduce a que, al excederse en sus atribuciones, negligencias, nula actuación, mantiene responsabilidad las cual las confiere la ley en los casos que existe.
• LEY DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: El principio de legalidad o juridicidad esta relacionado directamente con la L.B.G.A.E que expresa que todos los órganos de la administración del estado se someten a la constitución y sus leyes por consecuencia deberán actuar dentro de sus competencias y no tendrán mas atribuciones que las que expresa la ley.
• PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: Esta establecido en Art. 7 inc 3 de la C.P.R y en el art 38, el cual establece que todo órgano de la administración actúe contraviniendo el principio de legalidad, el estado es jurídicamente responsable de la actuación o vulneración de derechos y deberá ser sancionado del modo que escriba la ley. Por último, se observa que la responsabilidad del Estado se genera sin perjuicio de la responsabilidad individual que le cabe al funcionario público que ha cometido la infracción. Así, distinguimos una responsabilidad del órgano administrativa de la responsabilidad funcionaria, que puede ser civil, penal o administrativa. En términos simples, la responsabilidad civil dice relación con una indemnización de los perjuicios causados, la responsabilidad penal se refiere a los posibles delitos cometidos por el funcionario, y la responsabilidad administrativa repercute de las sanciones administrativas que pueda sufrir el funcionario público debido a su conducta.
• PRINCIPIO DE PROBIDAD Y PUBLICIDAD: Existen dos principios, pero relacionados, el principio de probidad que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y por otra, el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, junto con sus fundamentos y procedimientos.

En el art 8 expresa de forma textual “Dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”. El cual va orientado hacia el Presidente de la Republica, Ministros, diputados, senadores y todo personal que tenga relación directa en la organización administrativa. Aún es mas importante este principio a toda persona que tenga bienes y obligaciones que tengan conflicto con la función que se está realizando, por ejemplo, un Carabinero el cual tenga locales de Alcoholes, no puede mantenerlo por el hecho que ellos son los fiscalizadores del cumplimiento de esa norma.

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