Una estrategia de contención frente a la eventualidad de nuevos movimientos y demandas

A través de una combinación de medios políticos, económicos, de información y policiales, usa el conflicto para ensayar una estrategia de contención frente a la eventualidad de nuevos movimientos y demandas similares en el resto del país.

Como lógica de acción, lo que está haciendo recuerda muchos aspectos de la llamada doctrina de la guerra de baja intensidad. Una mezcla del uso controlado de la fuerza con tropas especiales de Carabineros, la presencia de representantes civiles que se despliegan para sostener una imagen de diálogo sin generarlo efectivamente, y una vasta acción de información como operación psicológica, en la que aplicar la Ley de Seguridad Interior, crea el modelo chilensis de cómo dominar los conflictos sociales y no solucionarlos.

En las esferas de gobierno, la disolución de la autoridad, principalmente la del Presidente de la República, es un problema de encuestas que saben repercutirá en los resultados electorales de su alianza política, y tratan de mitigarlo. Lo que no parecen comprender es el impacto que ello tiene también en el régimen político, en el cual la figura presidencial es gravitante.

Llama la atención que esa acción implique, sin que al parecer les importe mucho, desprenderse de manera definitiva de los atributos políticos básicos que sostuvieron el proceso democrático desde 1990 hasta ahora, esto es, el respeto por la reglas del juego económico, la estabilidad política y la paz social. Con las naturales diferencias entre los actores políticos, ellos fueron respetados. Ahora, en sólo dos años de gobierno han desaparecido del discurso público o se encuentran seriamente amenazados.

No cabe duda que los problemas que hoy enfrenta el país tienen una maduración más larga que exime al gobierno actual de parte de la responsabilidad de su origen. Sólo parte, pues el sistema obliga a acuerdos para los cambios y problemas mayores, que también estuvieron en manos de la actual alianza gobernante. Pero la eclosión intempestiva y virulenta de algunos de ellos, como las demandas por igualdad regional o por ciertos derechos constitucionalmente garantizados como la educación y la salud, han encontrado en la visión que hoy domina a los gobernantes, el terreno propicio para amenazar la paz social y eso es solo el logro del gobierno de Sebastián Piñera.

Para el actual gobierno, al contrario de lo que ocurre en las democracias occidentales donde la economía es un instrumento de la política, la política se supedita a la economía y a las tasas de interés. Los valores intangibles de la nación, como la cohesión social, la integración territorial, su patrimonio natural, son aspectos funcionales del ejercicio práctico del poder y no parecen tener valor intrínseco.

Los manuales más simples de conflictos indican que no se debe despreciar la carga emotiva de los adversarios, a menos que se desee exasperarlos, para dividirlos y destruirlos. El gobierno trata a la gente de Aysén como adversarios y no como ciudadanos de su territorio, y los exaspera, teniendo la posibilidad de calmarlos, estabilizar el conflicto y solucionar sus demandas. La mente del gobierno no está en eso. Está en otra parte. Y ello lo distancia de la masa social y pone la tensión de un malestar permanente. Con ello la paz social del país se ve amenazada, pues lejos de convencer a todos los ciudadanos que tienen demandas de que deben resignarse, lo que hace tal política es elevar el tono de las respuestas.

En las esferas de gobierno, la disolución de la autoridad, principalmente la del Presidente de la República, es un problema de encuestas que saben repercutirá en los resultados electorales de su alianza política, y tratan de mitigarlo. Lo que no parecen comprender es el impacto que ello tiene también en el régimen político, en el cual la figura presidencial es gravitante. La solución de parte del problema parece ser la construcción de un concepto de autoridad basado en el uso exclusivo de la legalidad, prescindente de una buena gestión política de los conflictos bajo el prisma del bien común.

En las protestas estudiantiles de 2011 y en el conflicto de Magallanes se vio un uso meramente formal de las leyes y la autoridad, sin acompañarlo del imperio de la legitimidad, es decir, de una percepción ajustada de los niveles de aceptación en la ciudadanía. Ello fue notorio en la actitud del ministro de la época y hoy embajador, Felipe Bulnes, que incluso generó un roce entre él y el Primer Mandatario por

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