Afectaciones y malestares que percibe la sociedad, a partir de las movilizaciones de Ayotzinapa

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Universidad Autónoma de Guerrero

Problema de estudio

Este estudio se realizó con la finalidad para  ver de qué manera afecta y de que malestar tiene la ciudadanía y visitantes a la ciudad capital Chilpancingo de los bravo a partir de las movilizaciones sociales y culturales desprendidas sobre el caso de los 43 normalista de Ayotzinapa que han sido enormemente criticadas y estigmatizadas por nuestra sociedad ya que se han vinculado con la violencia y el vandalismo, donde el objetivo de esto es que se pretende probar de que forma abusan de sus derechos ciudadanos y  humanos ciertas organizaciones sociales agrupadas al movimiento de los padres de los normalistas, pero con fines muy distintos a los de ellos, donde resultan afectados gran parte de la población.

Desde hace unos cuantos años a la fecha, en gran medida gracias al resurgimiento que han tenido los derechos humanos en nuestro país, y de manera especial en  Guerrero, hemos vivido una cada vez mayor presencia de expresiones populares y sociales de los más distintos orígenes y con los más distintos fines, que se concretan en innumerables marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos en la vía pública.

Esto ha llevado a un desmesurado crecimiento de estas manifestaciones ha llevado a las autoridades, casi rallando en lo ridículo, no a encauzarlas, regularlas, controlarlas o incluso impedir su realización, sino a realizar una intensa labor informativa; fruto de la cual cotidianamente nos enteramos oficialmente sobre el número de marchas y manifestaciones que se realizaron el día anterior, así como de las que se espera que se realicen cada día, con sus rutas previstas, a fin de que evitemos circular por la zona, y, por supuesto, del promedio de manifestaciones diarias de los últimos meses. Así, con gran precisión nos enteramos de que, por ejemplo, en los últimos nueve meses hemos disfrutado del espectáculo de  manifestaciones diarias, las cuales han tenido un costo económico para la sociedad de “X” cantidad de millones de pesos, así como de los sectores sociales que han sido más afectados por las mismas.

Todos los habitantes o visitantes de la ciudad de Chilpancingo nos hemos topado en al menos una ocasión con una marcha, manifestación, plantón o bloqueo, que nos ha afectado de distintas formas, ya sea impidiéndonos llegar al trabajo, cumplir con un compromiso laboral o social, llegar a la cita con el médico, llegar a tiempo a tomar un autobús, o simplemente alterando nuestro sistema nervioso, al vernos obligados a permanecer, en ocasiones durante horas, sentados en un vehículo esperando que quienes están manifestándose terminen de hacerlo

Especial molestia padecen aquéllos que viven o trabajan en las zonas donde con más frecuencia se realizan manifestaciones y marchas, ya que cotidianamente se enfrentan a la imposibilidad de llegar o salir de su casa, llegar o salir de su trabajo, abrir su comercio, etcétera. A esto debe agregarse que muchas de las manifestaciones van acompañadas de actos de vandalismo, algunos de los cuales incluso constituyen delitos (quema de edificios de las diferentes dependencias gubernamentales,  destrucción de vehículos, etcétera), frente a los cuales la ciudadanía se encuentra en la más absoluta indefensión, en especial cuando vemos que, para evitar mayor violencia o repercusiones de tipo político, en muchas ocasiones las autoridades mismas protegen a los manifestantes.

Frente a esta realidad cotidiana, la inmensa mayoría de los ciudadanos, que ve afectada la realización de sus actividades diarias, no deja de preguntarse lo que señalo ahora: “¿y el derecho?”. Efectivamente, los ciudadanos de a pie no entendemos por qué una pequeñísima parte de la sociedad puede, de forma por demás arbitraria y desmedida, afectar en ocasiones gravemente al resto de la sociedad, gozando de la más absoluta impunidad, e incluso, como señalamos arriba, protegidos por la autoridad.

Baste recordar las acciones de toma de la SEG realizadas hace tan sólo unos meses, por no más de 200 maestros de la CETEG, ni siquiera se trató de una petición a la autoridad, sino de una exigencia en particular de los intereses de la CETEG, respaldándose de la demanda de exigencias de los 43 normalistas desaparecidos, y en esa ocasión la autoridad los protegió de la justificada ira de los cientos de maestros que acuden al a SEG con motivos de trabajo.

En el transporte público he oído los siguientes argumentos que señalo ¿Acaso los demás no tenemos derechos? ¿La autoridad no tiene como fin fundamental garantizar la sana convivencia social y los derechos de todos? ¿Por qué un pequeño grupo de individuos puede arrogarse la facultad de presionar a la autoridad tomando a la sociedad como rehén? ¿Acaso la autoridad no tiene la legitimidad y la fuerza suficientes para regular y sancionar la realización de este tipo de conductas?

Argumentos van y vienen todos los días respecto del tema: se afirma que la proliferación de este tipo de actos es culpa de la propia autoridad, dado que no atiende adecuadamente las demandas de los grupos sociales. Se señala también que cualquier restricción, justificada o no, al ejercicio de ese derecho a manifestarse significaría un retroceso en el proceso de democratización que vive nuestro país, que cualquier acto en ese sentido sería represión y, por tanto, se sumaría a las muchas violaciones a los derechos que cotidianamente y con total impunidad se cometen en México, de acuerdo a lo que dicen las organizaciones no gubernamentales extranjeras y nacionales

Pero me pregunto, ¿esto es realmente así? ¿Realmente nuestro gobierno está imposibilitado para realizar cualquier acto con el respaldo de la fuerza pública, porque carece de legitimidad y constituiría una violación a los derechos humanos? Evidentemente esto no es así; en ocasiones, tiene que usarse la fuerza pública en cualquier Estado, para eso está instituida; lo que tiene que hacerse es cuidar que se use en un marco de respeto de la legalidad y de los derechos de los individuos. Lo contrario nos conduciría a la inactividad gubernamental, a la imposibilidad de conducción de la vida social. No puede negarse que en México, en los últimos años, se ha avanzado de manera considerable en lo que a vigencia de los derechos humanos se refiere. Hoy el gobierno reconoce que ha violado y que en ocasiones viola derechos, cosa que nunca antes había sucedido en nuestra historia y, en consecuencia, se han creado órganos destinados a la tutela y promoción de los derechos humanos; se han mejorado procedimientos, y se han reformado las leyes para mejor proteger los derechos. En fin, sería necio negar que la vigencia de los derechos humanos sea hoy mucho mayor que en el pasado.

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