Coyuntura Politica De Ecuador

El neopopulismo ecuatoriano, eso que se ha venido propagandísticamente a llamar Revolución Ciudadana y cada vez en menor medida Socialismo del siglo XXI, apareció en un momento de crisis sistémica –cuando el neoliberalismo ya vivía un estado de deslegitimación social absoluta en el país-...

... como una “tercera vía” superadora del clásico conflicto existente entre el capital dominante y los sectores populares en resistencia. No es casualidad que haya sido el propio presidente Rafael Correa el que en sucesivas ocasiones manifestase públicamente que se plantea este modelo como un sistema “socialcapitalista” en el cual la lucha de clases está superada y solo defendida por sectores ideológicos que no se corresponde a la época o que el ambientalismo militante responde a intereses extranjeros que buscan el no desarrollo del país. Incluso los sectores más ilustrados del correísmo, los legitimadores ideológicos del sistema coinciden con esa visión, definiendo de forma bastante pueril la actual etapa como de una era de postresistencia.

La economía nacional se viene dinamizando fruto de la intervención del Estado mediante la modernización de infraestructuras y el incremento de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Esto ha permitido el crecimiento de la clase media –según el PNUD en 9 años esta pasó del 14% al 35% de la población siendo la mitad categorizada como clase media baja- y mayor capacidad de consumo por parte de la sociedad en general, lo que también ha significado resultados históricos para determinados sectores del capital y bonanza generalizada para su conjunto.

Pero este rescate del keynesianismo y el intento acelerado por aproximarse a lo que podrían ser los primeros peldaños hacia un Estado de bienestar, implica también un modelo sociopolítico donde el poder se ejerce a través de un creciente autoritarismo y la estigmatización de la crítica y el debate social. Esta estigmatización genera autocensura fruto del miedo, y dicho miedo va desde su versión más blanda (ej: muchos artistas y gestores culturales que aunque consideran pésima la política cultural no la cuestionan públicamente porque viven de los fondos concursables del gobierno y tienen miedo a ser excluidos de estos) hasta a dinámicas mucho más preocupantes y atentatorias contra los derechos básicos (ej: recientemente se detiene a un dirigente comunitario en el territorio del Intag volviendo a su localidad tras una reunión con el mismísimo ministro del Interior, y tras ser públicamente vilipendiado junto a los demás líderes locales en cadenas gubernamentales y enlaces presidenciales sin derecho a réplica, las fuerzas de seguridad ocupan el territorio coartando la libre circulación de personas y dando cobertura a una transnacional extranjera no bienvenida por los pobladores locales).

De forma paralela, el concepto de planificación del Estado pretende llevarse incluso al terreno de la política. Para ello se establecen mecanismos de parcelación generados en una lógica de complicidades que aúnan ignorancia política y estrategias de silenciamiento sobre las disidencias en los espacios donde mayor riesgo detecta el Estado, y los cuales evidentemente no son la política institucional. Es desde esa visión desde donde se normatiza como no admisible hacer “política” desde los ámbitos que no son estrictamente partidistas (Decreto 16 que posibilita el cierre de organizaciones sociales entre otros), entendiendo que la “política” es estrictamente cosa de los políticos, cuestión que choca con el aranero discurso oficialista sobre la necesidad de construir poder popular. Es de esta manera simplista, porque la naturaleza del autoritarismo es simplista –desprecia el análisis, la crítica, la organización social autónoma o el arte, entre otras formas de cultura global-, como entre la ciudadanía y la política se van generando brechas cada vez mayores, despreciándose e incluso criminalizando el actuar de parte de la sociedad que expresa sus cuestionamientos a través de diferentes formas de organización y expresión autónomas del oficialismo.

Esta situación se ve agravada coyunturalmente por dos cuestiones sobre las que el régimen es perfectamente consciente: la primera es que la región andina, y en este caso en Ecuador, las políticas públicas de fuerte impacto ambiental –leasé extractivismo- tienen reacción en lo local y estas generan además ciertas simpatías en los centros urbanos; lo segundo, es que evidentemente tras siete años de gestión, el gobierno sufre un desgaste político –circunstancia novedosa para este régimen y que genera miedos en el establishment político y económico nacional-.

Por su parte, cabe indicar que el diseño de la democracia representativa en las instituciones es una falacia, tanto en el Ecuador como en el conjunto del planeta. En todas partes existe una ciudadanía que es activa y otra que es pasiva y globalmente mayoritaria. Por lo tanto, existe una minoría ciudadana ejerciente y desalienada y una mayoría ciudadana que no ejerce como ciudadanía política más que cuando son puntualmente requeridos por el sistema para asistir a las urnas y legitimarlo a través del sufragio universal. En Ecuador este desbalance ciudadano se ve agudizado por la obligatoriedad legal del voto, lo cual desvirtúa una realidad social que según estudios realizados por la encuestadora CEDATOS para las presidenciales del 2013, significaría una abstención del 46% de electores si dicha condición no conllevase sanciones administrativas contra los “no creyentes” en el sistema. Pero además es obvio que la parte más molesta de la expresión social activa de la ciudadanía se expresa a través de los movimientos sociales contestatarios, entendiendo como parte de ellos las organizaciones locales que ejercen resistencia ante la aplicación de determinadas políticas nacionales en sus territorios. Las falencias sistémicas de la democracia representativa explican que aunque existan movimientos sociales que pueden ser puntualmente muy potentes y que expresan disconformidad social, protesta o rebeldía, sus lógicas antisistémicas en términos de magnitud social sean minoritarias y tenga escasa incidencia social. Es la mayoría de la ciudadanía, esa que se mantiene manipulada por los mecanismos de alienación de los cuales se dota el sistema a través de la mercadotecnia política y el control de la información, la que define como mayoría democrática el estado de situación que vive el país. Si bien es cierto que esto convierte al sistema electoral en algo cada vez más distante de la realidad y de lo que la sociedad reivindica a través de sus segmentos mas activos en términos críticos, también es cierto que no hemos sido capaz de inventarnos nada que tenga mayor justicia social que la ecuación

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