El Rol De La Mujer En La Politica

TEMA:

El rol de la mujer en la política argentina según un estudio realizado en la ciudad de Moreno 2011

PROBLEMA:

¿Qué postura tiene la sociedad respecto a la mujer y su incidencia en lo político?

INTRODUCCION:

Este trabajo analiza en su marco teórico el sometimiento al que las mujeres fueron condenadas durante siglos, la lucha emprendida en busca de la liberación y las causas socio-culturales que determinaron el mantenimiento de dicho status.

A lo largo de la historia las mujeres han ejercido una especie de poder informal, no visible plasmado en "detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer", esta forma de poder femenino ha sido reconocida y aceptada por la sociedad, pero la participación directa de las mujeres en la toma de decisiones, en la ejecución y control de las mismas encuentra innumerables obstáculos. Existe aún una fuerte discriminación producto de causas objetivas y subjetivas que impiden su acceso igualitario con el varón al ejercicio explícito del Poder.

El movimiento por el cual las mujeres dejaron atrás vidas transcurridas en el ámbito doméstico para pasar a desempeñarse en el ámbito laboral, alcanzar mayores niveles educativos, y ocupar cargos políticos, entre otras ocupaciones, este es uno de los principales cambios de la sociedad contemporánea. La separación “naturalizada” de un espacio para ellas (el hogar) y otros para ellos (la política, los negocios, la producción, etc.) limitó el desarrollo personal y el ejercicio de ciudadanía de las mujeres.

Por lo que el trabajo de campo realizado esta dirigido a conocer que pensamiento tiene hoy, en el 2011, gran parte de la sociedad del rol que la mujer ocupa en los ámbitos de poder.

Al final de la investigación comprobaremos o refutaremos nuestra HIPOTESIS.

HIPOTESIS:

La sociedad prejuzga las decisiones políticas provenientes de una mujer

1° PARTE

EL ROL DE LA MUJER EN LA POLITICA ARGENTINA

Historia de las mujeres en Argentina

En la Argentina, el Código Civil redactado por Vélez Sarsfield en 1869 plasmó en su letra la opresión de la mujer y el tradicional rol de menores de edad para muchas de las actividades públicas. Recién en el año 1926 se dicta la Ley de Derechos Civiles de la mujer (11.357), que modifica en forma parcial el régimen de 1869, estableciendo que las mujeres mayores de edad, solteras, divorciadas o viudas tenían plena capacidad civil, excluyendo a las mujeres casadas que continuaron subordinadas al marido. De este modo, la legislación otorgó al hombre el ejercicio de la patria potestad, el derecho a establecer el domicilio familiar, la administración de los bienes de la sociedad conyugal y a elegir el nombre de los hijos, mientras la mujer no podía entrar en juicio, celebrar contratos, comprar, vender o gravar bienes.

En 1968 la mujer mayor de edad, tuvo plena capacidad para el ejercicio de sus derechos sin tener en cuenta su estado civil, si bien bajo el régimen de facto de Onganía (1969), se le impuso a la mujer casada la obligatoriedad de usar el apellido del marido unido al propio a través de la preposición "de", imposición que cesaba en caso de divorcio o viudez.

Acceder a los derechos políticos resultó para la mujer un camino tanto más difícil que el transitado para los derechos cívicos. La idea de la ciudadanía femenina planteaba entrar a un campo conceptualmente más complejo que el del varón, en particular porque se entraba a una dimensión política vinculada con lo público y estrechamente ligado al poder y a su ejercicio. Tal conquista tardará concretarse, lográndose recién a mediados del siglo XX.

Alejadas del sistema político desde los inicios de la organización moderna de los Estados, el espacio tradicional de la mujer continuaba bajo la tutela del género masculino, reducido al ámbito privado doméstico y dentro del sistema liberal de democracia limitada que se impuso en el siglo XIX, con el voto censitario que restringía y calificaba el derecho electoral.

La llegada del "sufragio universal", sólo alcanzó al universo masculino, dejando a la mujer marginada del proceso político, pese a que este hecho histórico significó para Argentina entrar a la etapa de "democracia ampliada".

Con los nuevos movimientos sociales que surgieron en Occidente en pos de la igualdad, fueron emergiendo los reclamos de diversos grupos y movimientos a favor del sufragio, en Argentina las luchas sufragistas se iniciaron a principios del siglo XX, allí surgen las primeras organizaciones feministas, lideradas principalmente por las socialistas y radicales, así en 1905, la radical Elvira Rawson de Dellepiane (una de las primeras médicas del país), organiza el primer Comité Femenino Radical, mientras las socialistas se unen bajo el común reclamo de protección laboral, igualdad ante la Ley y derecho al voto. También en 1910 las universitarias argentinas se movilizan, organizando el primer Congreso Femenino Internacional que pide la adopción del sufragio universal. Y aún cuando todos estos grupos fueron pioneros en las luchas por el sufragio universal, el género quedó excluido de este derecho.

Un punto de inflexión que marca una modificación substancial es la obtención del voto femenino, a partir de la sanción de la ley 13.010, en septiembre de 1947, la cual había sido alentada por el peronismo desde su campaña electoral previa a las elecciones de 1946. Era Eva Duarte quien insistía con la pronta sanción de esa ley, que se había transformado en uno de los objetivos primordiales de su prédica. La sanción de la ley 13.010 satisfizo un deseo muchas veces postergado de las organizaciones feministas, pero no significó la adquisición de una conciencia política en quienes no la poseían hasta el momento, ni representó una modificación importante en la condición laboral o social de las beneficiarias. Sí permitió que se creara la Rama Femenina del Partido Peronista y la incorporación de candidatas mujeres en las listas de diputados y senadores. Fue el único partido que presentó mujeres en sus listas para las elecciones de 1951, y obtuvo seis senadoras y quince diputadas. La afiliación al Partido corría por cuenta de delegadas censistas, las que tomaban a su cargo no sólo el adoctrinamiento político, sino que además les brindaban elementos para mejorar su nivel de vida; se les enseñaba dactilografía, costura y tejido, lo que lentamente permitió que muchas mujeres comenzaran a considerar la posibilidad de mejores condiciones de trabajo.

Cuando la revolución de septiembre de 1955 puso fin al primer período peronista, también pareció caer en el olvido la actividad política partidista de las mujeres. El gobierno volvía quedar en manos conservadoras, la mentalidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes habían dado el golpe de estado que derrocara al presidente, y habían contado con el apoyo de la Iglesia, cuyos enfrentamientos con Perón, especialmente desde 1954, habían acelerado la caída del régimen. Bajo esta doble presión, tradicionalmente defensora de valores tales como la consolidación y la unidad de la familia, la oposición al divorcio – la ley de divorcio sancionada durante el gobierno peronista en 1954 se derogó en 1956- y la reivindicación del rol patriarcal del hombre, era lógico que la mujer se replegase, o al menos pareciese hacerlo, a despecho de las conquistas obtenidas en el período anterior que, justo es reconocerlo, le fueron conservadas.

En 1956 se creó la Asociación por los Derechos de la Mujer, constituida por profesionales, intelectuales, amas de casa, obreras y educadoras que bregan por una equiparación efectiva del sexo femenino en el orden político, económico, social y cultural, de acuerdo al Artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Durante el gobierno de Frondizi se crea, en agosto de 1958, la Dirección Nacional de Seguridad y Protección Social de la Mujer, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bajo la dirección de Blanca Stábile, cuya misión era "el estudio de los problemas que afectan a la mujer trabajadora y la promoción de todas las medidas que tiendan a mejorar sus condiciones laborales y familiares. Era un organismo técnico y su misión no podía hacer otra cosa que desplazar los problemas individuales a otras reparticiones o entidades y controlar las soluciones brindadas.

La década del 60 trajo grandes avances mundiales en la problemática de la mujer. La sociología, la psiquiatría, la política, pusieron en tela de juicio su espacio tradicional, y fueron abriéndole, no sin dolor ni lucha, nuevos campos de expresión en lo humanístico y lo científico.

En la época posterior, una mujer ocupará la Presidencia de la Nación –María Estela Martínez de Perón, "Isabelita"- quien había sido electa vicepresidenta en las elecciones de septiembre de 1973, ganadas por Juan Domingo Perón, y que le significarían recuperar el poder para un breve tercer período, truncado por su muerte el 1º de julio de 1974. Su esposa ascendió al gobierno, si bien su ineptitud para el cargo no le permitió detentar en ningún momento el poder. Su período fue una suma de desaciertos, agravados por el terror que despertaban los ataques subversivos de los distintos grupos guerrilleros –Montoneros, ERP, FAR- así como las amenazas y los atentados de la ultraderechista "Triple A", creada por el verdadero ideólogo del

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