Herramientas para la integridad de la contratación publica peruana

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UNIVERSIDAD DE

HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PROFESOR:

 MARCO ANTONIO DIAZ PROAÑO

ALUMNO:

PERCY ALEX CUELLAR AQUINO

INDICE

1. Introducción.

2. Principio de integridad y mandato de gestionar conflictos de intereses.

3. Impedimentos para ser participante, postor, contratista y subcontratista.

3.1. Prohibiciones para funcionarios, sus parientes, empresas y organizaciones en las que participan,

3.1.1. Restricciones de carácter nacional,

3.1.2. Restricciones en el ámbito del sector,

3.1.3. Restricciones en el ámbito de la competencia territorial,

3.1.4. Restricciones en la Entidad específica,

3.2. Prohibiciones por intervenir en un proceso de contratación,

3.3. Prohibiciones a personas sancionadas, condenadas o no elegibles,

3.4. Prohibiciones a empresas vinculadas y aquellas que son continuación de otra      sancionada,

3.5. Prohibiciones por pertenecer a un mismo grupo económico;

3.6. Prohibiciones por realizar aportes a partidos políticos;

4. Factor de evaluación referido a la implementación de un sistema de gestión antisoborno;

5. La transparencia a través del sistema electrónico de contrataciones;

6. Las cláusulas anticorrupción en todos los contratos públicos,

6.1. Contenido mínimo de la cláusula,

6.1.1. La declaración de no haber cometido actos de corrupción,

6.1.2. La obligación de no cometer actos de corrupción y otros actos ilegales,

6.1.3. El compromiso de denunciar,

6.1.4. El compromiso de gestionar riesgos de corrupción,

6.2. Consecuencias por no incluir la cláusula,

6.3. Consecuencias ante el incumplimiento de la cláusula,

6.3.1. Resolución del contrato,

6.3.2. Nulidad del contrato,

6.4. Una vía adicional: la nulidad por infracción al deber de veracidad en la declaración jurada

del postor;

7. Nepotismo y contratación pública,

7.1. Sobre los sujetos que pueden incurrir en actos de nepotismo,

7.2. Sobre la prohibición de nombrar o contratar a personal,

7.3. Sobre la prohibición de contratar locación de servicios, consultorías y otros;

8. Gestión de intereses y contratación pública;

9. Conclusiones;

10. Referencias

INTRODUCCION

La contratación pública ha estado en el foco del escrutinio público por ser una actividad con múltiples riesgos de corrupción. Este artículo analiza la forma en que la normativa ha sido usada para promover integridad en la contratación pública y propone oportunidades de mejora. Este análisis comprende la inclusión de principios generales y herramientas específicas como los impedimentos para contratar con el Estado, la cláusula anticorrupción o los factores de evaluación vinculados a integridad. Las mejoras realizadas al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado son analizadas, así como el impacto de la normativa sobre nepotismo y gestión de intereses en la contratación pública. Este análisis incluye oportunidades de mejora para un mejor uso de dichas herramientas

HERRAMIENTAS PARA LA INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PERUANA

1. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD Y MANDATO DE GESTIONAR CONFLICTOS DE INTERESES

La Ley de Contrataciones establece diez principios que rigen las contrataciones públicas. De acuerdo con lo señalado por el artículo segundo de dicha Ley, los principios[pic 2]

sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la normativa, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones.

Uno de esos principios, de reciente incorporación, es el principio de integridad, que debe servir de referencia y criterio de interpretación tan igual como los principios de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, así como equidad.

La modificación a la Ley de Contrataciones dispuesta por el Decreto Legislativo N° 1341, que entró en vigencia el 03 de abril del 2017, incorporó el principio de integridad. De acuerdo con el literal j) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones, la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.

De acuerdo con la exposición de motivos de dicho Decreto Legislativo, “con la incorporación del principio de integridad en la Ley se quiere subrayar la importancia de la actuación honesta y veraz en el proceso de contratación, como una forma de prevenir y combatir las prácticas inmorales. Se busca, así, destacar que, en las contratación del Estado, la honestidad y la veracidad constituyen reglas de conducta orientadoras de la buena administración y de la buena gestión para asegurar el correcto uso de los recursos públicos”.2 3

Este principio de integridad tiene dos contenidos generales: la obligación de todo aquél que participa en la contratación pública de evitar toda práctica indebida y orientar su conducta hacia la honestidad y veracidad; y, de otro lado, la obligación de comunicar oportunamente a las autoridades competentes cualquier práctica indebida que conozca.

Es valiosa la incorporación del principio bajo comentario en la Ley de Contrataciones, pues permite adoptar decisiones orientadas a la integridad en caso de vacíos normativos y sirve de parámetro orientador para la toma de decisiones. No obstante, para que este principio tenga una mayor aplicación práctica resulta también necesario que se adopten las medidas para que quienes intervienen en la contratación pública conozcan a qué autoridades deben comunicar una práctica indebida y sobre todo qué incentivos y medidas de protección cuentan para hacerlo. Caso contrario, esta obligación quedaría en un plano meramente aspiracional.

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