LAS COMPRAS GUBERNAMENTALES COMO POLITICAS PÚBLICAS

LAS COMPRAS GUBERNAMENTALES COMO POLITICAS PÚBLICAS

Elaborado por: Jaime Quishpe

INTRODUCCIÓN

El autor Paul Córdova aborda la contratación pública desde una perspectiva de participación ciudadana y transparencia en la administración en el sector público, primero porque esas personas son electas por la voluntad del pueblo y otros son servidores públicos que llegan por merito; tanto uno como el otro, de conformidad a las leyes realizan contratos para la ejecución de obras y prestación de servicios para la sociedad; los mismos que representa grandes cantidades de dinero; dichos contratos no debe ser realizado con sobreprecio, pero como en nuestro país hay funcionarios sabidos que sacan beneficio o realizan contratos por encima de lo permitido por la ley, el autor hace muchas interrogantes como ¿Qué cambios requiere para fortalecer las trasparencia en la contratación pública? ¿Cómo impulsar la participación ciudadana? y ¿cómo puede aportar para lograr el buen vivir?

En ese sentido los contratos que realiza las instituciones públicas no deben ser estudiados como procesos técnicos- jurídicos sino como convenciones principales para la ejecución de las políticas del país, en cumplimiento efectivo a los derechos reconocidos en la constitución, prestación de servicios y realización de obras para alcanzar el Sumak Kawsay; evidenciando con ella la necesidad de cimentar y profundizar la intervención de la ciudadanía en la cumplimiento y mejoramiento de la transparencia en los organismos, dependencias y entidades del sector público.

DESARROLLO

Córdova expresa que la participación ciudadana es un derecho en constante avance y depende mucho de cada sociedad para que pueda ser más o menos participativa en el control social y administración de los bienes públicos. Es decir, interviene en el desarrollo del Estado o en cuestiones de interés general como estable la constitución en su Artículo 61. En realidad son construcciones sociales porque son decisiones que realizan las comunidades, pueblos y nacionalidades, desde la outorganización y los ciudadanos a título personal; esta es razón por la que, este derecho no viene del Estado y se reduce que el compromiso estatal es respetar y crear medios para su protección y cumplimiento.

Al ser que estos derechos permiten a los gobernados incidir y decidir en la vida de un país, contribuyen al progreso de una democracia total que se fomente a través de los mecanismos representativos, participativos, directos y comunitarios establecido en el artículo 95 inc. 3 de la Constitución y que el Estado promueva el accionar de la soberanía popular. Pero si queremos que afiance la soberanía popular será gracias a las garantías de participación, porque son estos los que instauran las reglas para el real funcionamiento en un Estado.

Según el Art. 1 inc. 2 El pueblo es el verdadero mandante, por eso, no entrega este derecho el Estado o los organismos, dependencias y entidades del sector público; estos se edifica y nacen de la voluntad inmediata de las personas organizados o no, es decir de abajo hacia arriba, porque todo lo que se ha conseguido tanto en derechos como en justicia, son impulsados por la clase más pobre, nada viene desde arriba, otra cosa es que han servido de eso para asegurar o mantener en el poder.

Al ser que todos los derechos reconocidos en la constitución se ejercen con la participación directa de las personas; a través de este derecho se puede exigir que se cumpla y en caso necesario mejorar su alcance para tener justicia social. Es asi como se forma al sujeto social, convirtiendo en protagonista del progreso del país, rompiendo las barreras tanto políticas como económicas.

La participación nos permite ser parte de la administración pública, siempre y cuando establezcan dialogo entre el estado - sociedad para que los ciudadanos tengan conocimiento de los contratos realizados por las autoridades locales, cantonales, provinciales y nacionales, de esa manera mejorar trasparencia de los actos y atención a las necesidades.

Con la Constitución del 2008 y la nueva ley de Orgánica del Sistema de Contratación Pública se ha realizado cambios legales profundos como: procesos de contratación más agiles y simples; creación del sistema de compras públicas para mejor uso del erario nacional, reducción de costos, acciones para el combate a la corrupción, el fomento de la transparencia y publicidad de los actos en contratación y el uso de procedimiento electrónico para la modernización del Estado.

No se trata de que todos vivamos de lujo sino de que los derechos que tiene los ciudadanos sean atendidos en todos los ámbitos y la contratación pública no sea el libre intercambio de mercancías en bienes y servicios.

Esta participación se hace con la presencia del pueblo para poder escuchar las reacciones, hacer preguntas y proponer; esto implica que todos puedan aportar con ideas en una discusión frente a frente que debe tener un poder de decisión. Pero el problema es que son pocos los que hablan especialmente los dirigentes o autoridades y muchas de las veces se limitan la participación argumentado que solo intervengan uno de cada organización. Lo que sebe hacer es convocar a todas las organizaciones sociales, gremios, sectores industriales y comerciales, con un amplio debate en la que se priorice las necesidades que se conste en el presupuesto participativo y una agenda de ejecución, es decir que se concrete lo que se decidió; ya que eso hace que las personas acudan al llamado de las autoridades y no sea una pérdida de tiempo o desinterés para la sociedad en los actos de socialización de algún tema, priorización de proyectos y presupuesto participativo.

La realización de obras, prestación de servicios y atención a los derechos hace efectivo mediante la contratación pública, el cual debe realizar con eficiencia para garantizar la transparencia de la inversión estatal. Además facilitar los entornos y escenarios para que regule el SERCOP y el control social; así alcanzar el Buen Vivir. No es suficiente con garantizar los derechos sino ser más responsable y determinantes en la distribución de los recursos y sobre todo, combate a la corrupción para una administración transparente del erario nacional, a través de la rendición de cuentas de todos los funcionarios del sector público de manera articulada con la planificación y gestión institucional.

Asimismo la creación de instructivo para que los ciudadanos no solo sean veedores sino fiscalizadores a los

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