LEY MONSANTO

Hablar de la denominada “Ley Monsanto” es hablar de dos aristas en el uso de las semillas para la agricultura: Los avances científicos para mejorar los vegetales, y la protección de derechos intelectuales de quienes manejan esa tecnología. Es allí donde surgen las dudas: ¿Nos invadirán los transgénicos? ¿Hay riesgos para la salud? ¿Se beneficia sólo a grandes empresarios o a todo agricultor?.

Chile adhirió en 1994 al convenio creado en 1978 por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con una ley adecuada a nuestro país, con el fin de resguardar derechos de propiedad a personas o empresas que hayan creado semillas, por ejemplo, de papa o maíz más resistente a enfermedades o el clima. Este convenio se revisó y modificó en 1991 y es por ello que el año 2009 se presentó el nuevo y polémico cuerpo legal que pretende actualizar la normativa.

Y es ahí donde nace la primera confusión: tanto el convenio como el proyecto en Chile NO regulan los transgénicos. Lo que hacen es proteger los derechos de quienes crean nuevas semillas, sin distinguir si utilizaron medios naturales tradicionales, o la biogenética en un laboratorio. Eso sí, los fundamentos del proyecto nacional apuntan a impulsar la tecnología, particularmente en lo referido al “uso de la biología molecular y la ingeniería genética”, según se lee en el texto.

El proyecto es revisado en el Senado luego que fuera despachado por la comisión de Agricultura. Gran parte de los parlamentarios de oposición comprometieron su rechazo, en línea con lo señalado por la presidenta electa Michelle Bachelet, de revisar la normativa antes de aprobarla.

¿Qué entendemos por transgénicos?

Gran parte de la confusión actual radica en las definiciones técnicas. Un transgénico se entiende como un ser vivo creado en laboratorio, a partir de la incorporación de genes externos, usando para ello herramientas modernas de la biología molecular, según la definición que establece el Convenio de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

Esta ingeniería permite introducir ADN de una especie a otra, incluso de un animal a un vegetal, para así aportarle características especiales, como la resistencia a determinados climas, herbicidas y plagas. Esta combinación de genes difícilmente se lograría de forma natural y es esa la diferencia con las semillas modificadas por tecnología de menor complejidad y los medios utilizados por agricultores, que manejan conocimientos tradicionales, incluso ancestrales.

En Chile está prohibida la producción de alimentos y semillas transgénicas para su comercialización interna, lo que no quiere decir que estén lejos. Muchos de los cereales, la soja, aceites y golosinas, que pasan hace varios años por nuestras mesas, son fabricadas en base a este tipo de organismos. Mucha de la carne que consumimos también proviene de ganado criado con alimento transgénico importado. La importación de estos productos es evaluada por la autoridad sanitaria, caso a caso, tomando en cuenta las autorizaciones del país de origen y de acuerdo a la Norma Técnica del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Semillas prohibidas

Pese a la prohibición del mercado interno, Chile posee más de 35.500 hectáreas dedicadas a la producción de semillas transgénicos, pero sólo para exportación e investigación, siendo reguladas y autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). De hecho, somos uno de los mayores exportadores de este tipo de semillas en el mundo.

El bioquímico de la Universidad Católica y académico de la U. Andrés Bello, Gabriel León, explica que la eventual aprobación de la Ley de Obtenciones no cambia en nada esta prohibición, pues la regulación de los transgénicos depende de otro cuerpo legal: la moción sobre Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados, que duerme en el Congreso desde el 2006, y que el gobierno de Sebastián Piñera pidió sustituir el 2011 por una nueva redacción.

Algo con lo que concuerda Iván Santandreu, biólogo y vocero de “Chile sin Transgénicos”, una de las principales organizaciones opositoras a la Ley de Obtentores. Sin embargo, apunta que la “Ley Monsanto” permite el registro de variedades genéticamente modificadas, lo que sería funcional a una futura liberación de este tipo de cultivos. “Existe una intencionalidad tras esto, eso es evidente”, señala.

El temor a la privatización de la semilla nativa

Santandreu afirma que la

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