PROGRAMA ECONOMICO DE YELTSIN

Programa económico de Yeltsin

En octubre de 1991, dos meses antes del derrumbamiento de la Unión Soviética y dos meses después del golpe de estado de agosto de 1991 contra el régimen de Gorbachov, Borís Yeltsin y sus consejeros, incluyendo al economista reformista Yegor Gaidar, establecieron un programa de reformas radicales económicas. El parlamento ruso, el Soviet Supremo, dio poderes de decreto ampliados al presidente durante un año para poner en práctica el programa. El programa era ambicioso, y el registro hasta el momento indica que los objetivos para la estabilización macroeconómica y programas de reestructuración económicos pueden haber sido realistas. Otra complicación en el programa de reforma de Yeltsin consiste en que desde 1991 tanto la autoridad política como económica han pasado considerablemente del nacional al nivel regional.

La puesta en marcha de las reformas supuso una tremenda pero necesaria reducción del gasto público, ya que el déficit en 1991 alcanzaba el 20% del PIB. Los sectores más afectados por este recorte fueron la inversión en infraestructuras, la defensa y las subvenciones al consumidor y al productor. El gobierno también impuso nuevos impuestos. Con estas medidas se logró pasar a un déficit del 9% de PIB hacia la segunda mitad de 1992 y del 3% hacia 1993. También ayudaron a reducir la inflación, pasando del 12% por mes en 1991 al 3% por mes a mediados de 1993. Estas buenas noticias macroeconómicas tuvieron sin embargo consecuencias negativas para la gran mayoría de la población. La calidad de vida empeoró considerablemente. Rusia sufrió, en la década de los noventa, una recesión económica más grave que la Gran Depresión que azotó los Estados Unidos a principios de los años 1930. En la base del sistema, a causa de la inflación o el desempleo, muchos obreros acabaron en la pobreza, la prostitución o la delincuencia. Las reformas económicas consolidaron una oligarquía semicriminal enraizada en el viejo sistema soviético. Aconsejada por los gobiernos occidentales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Rusia se embarcaría en la más grande y más rápida privatización jamás llevada a cabo por un gobierno en toda la historia. A mediados de década, el comercio, los servicios y la pequeña industria ya estaban en manos privadas.

Después de unos años de leves mejorías, la economía rusa sufrió una recaída con la crisis financiera de 1998. Los principales motivos de esta recaída fueron debidos a un alto sobreendeudamiento externo (provocado por un déficit presupuestario estatal y la debilidad financiera de los bancos y empresas). A esto se unió la bajada de precios del petróleo, su principal fuente de divisas. Esto provocó una convulsiva retirada de capital extranjero, que llevó a Rusia a una falta de liquidez, a una depreciación del rublo y finalmente, a no poder hacer frente a las deudas contraídas.

A pesar de todo, un supuesto regreso a la economía dirigida parecía casi imposible, contando con el rechazo unánime de Occidente. La economía rusa encontró el fin del calvario con la recuperación a partir de 1999 en parte gracias al alza de los precios de sus principales exportaciones: el petróleo y el gas natural.

Gobierno, partidos políticos y Parlamento.

La Federación Rusa es una república federal, con carácter presidencialista, en la que la Constitución regula la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El Presidente se elige por votación popular para un mandato de seis años (desde las modificaciones constitucionales de 2008; el actual mandato es de cuatro años) con la opción de ser elegido para un segundo mandato consecutivo (no hay restricción sobre el número total de veces que la misma persona puede ser elegida).

El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y firma las leyes federales. Puede además firmar decretos sin tramitación parlamentaria. Con la aprobación de la Duma, nombra al primer ministro, a los presidentes del Banco Central de Rusia y del Consejo de la Federación, a los jueces del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Supremo Mercantil, y al fiscal general. La Constitución le confiere

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