Reforma Educativa

REFORMA EDUCATIVA

ANTECEDENTES DE LA REFORMA

En la última década del siglo xx, los sistemas educativos de la mayoría de los países de América Latina iniciaron complejos procesos de reforma que se caracterizan fundamentalmente por la transformación de la gestión y por una renovación significativa en el ámbito pedagógico.

En 1943, con apoyo del gobierno federal, se unificaron las distintas organizaciones gremiales de maestros en una sola: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Desde entonces, este actor político ha sido fundamental en la gestión de los servicios educativos y en el control político del magisterio.

La demanda social de apertura política y de servicios educativos fue un factor que influyó mucho en el ritmo de crecimiento y en la orientación de nuevas instituciones. En conjunto, el sistema no sólo crecía, sino que vivía una transición en su estructura y funciones políticas, económicas y sociales hacia el final del siglo xx.

El 18 de mayo de 1992, a la mitad del periodo salinista, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), mediante el cual el gobierno federal, a través de la SEP, transfirió a los gobiernos de los estados los servicios de educación básica y los de formación inicial y en servicio de los docentes. El ANMEB fue suscrito por los gobernadores de los estados, el Poder Ejecutivo federal y la autoridad del SNTE.

Al ANMEB se le conoce como el “acuerdo de las tres erres”, ya que estableció tres grandes líneas de política con el propósito de impulsar una educación básica para todos de calidad y con equidad. Las líneas fueron: reorganización del sistema educativo nacional; reformulación de contenidos y materiales educativos; y revaloración de la función magisterial.

Por su naturaleza, el ANMEB es un acuerdo político entre tres actores: el gobierno federal, los gobiernos de los estados, y el sindicato de maestros.

La reforma educativa fue legitimada a escala nacional no sólo por una decisión político-administrativa a través de la firma del ANMEB, sino también por una decisión político-legislativa mediante la promulgación de las reformas al artículo tercero de la Constitución y de una nueva Ley General de Educación aprobada en 1993 por el Congreso de la Unión.

El crecimiento cuantitativo del sistema educativo nacional es un hecho apreciable; si bien se ha dado con ritmos distintos según el tipo, el nivel y la entidad federativa de que se trate, no sucedió lo mismo en términos de calidad y equidad. Esto se debe en buena medida a factores como: a) las condiciones materiales y de infraestructura de los servicios, b) la formación y actualización de maestros, y c) el ejercicio de la función educativa en los estados. En suma, los cambios en la cultura administrativa, organizativa y pedagógica no se producen de manera rápida, por lo que los resultados sustantivos en la educación requieren de más tiempo para lograrse.

La reforma del artículo tercero incluyó dos asuntos sustantivos que se atendieron en dos momentos distintos: la desregulación del servicio educativo (1992) y la obligatoriedad del nivel de educación secundaria (1993). La primera consistió en la eliminación de las restricciones existentes para que las corporaciones religiosas y los ministros de cultos intervinieran en los servicios de educación básica y de formación de docentes; se conservó sólo la obligación de trabajar con los programas oficiales. Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1992.

En la actualidad, la educación básica obligatoria (tres-catorce años) es de doce grados escolares y se integra por los niveles de educación preescolar (tres-cinco), educación primaria (seis-once) y educación secundaria (doce-catorce). Con estas reformas se ratificó que la educación obligatoria impartida por el Estado es laica y gratuita.

LOS ACTORES, SU ENTORNO Y SUS CONDICIONES

La gobernabilidad se entiende como la medida en que el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones permiten orientar y conducir el funcionamiento del SEN hacia los objetivos de una educación pertinente, de calidad y con equidad en los términos establecidos en el artículo tercero de la Constitución. Esto significa que la gobernabilidad es condición necesaria para el mejoramiento de la educación y del conjunto del SEN.

Gracias a la reforma emprendida en los años noventa y el incremento en la investigación educativa, hoy se tiene mayor claridad respecto a las formas de intervención que distintos actores ejercen en la gobernabilidad del sistema educativo. En parte, este hecho parece estar asociado a las características de los diferentes tipos, niveles y modalidades de la educación, así como a la manera en que se relacionan las autoridades educativas entre sí, con las organizaciones sindicales y con otros actores sociales.

El 2 de diciembre de 2012, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, Presidente Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática, firmaron el Pacto por México. Uno de los cinco grandes acuerdos es la creación de una sociedad de derechos y libertades, el cual a su vez contiene un acuerdo por la educación de calidad y con equidad que sería impulsada mediante la presentación de una reforma legal en materia educativa con tres objetivos.

Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA.

Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior.

Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.

El Pacto por México y el gobierno federal llevan a cabo una campaña en medios de comunicación para convencer a los maestros de México y a la opinión pública sobre las bondades de la reforma educativa recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

La Reforma Educativa se sustenta en dos objetivos:

1. Un servicio profesional docente regulado en su ingreso, promoción y permanencia. Esto, en términos formales, implicaría “elevar la vara” en los procesos de ingreso a la carrera magisterial. Asimismo, idealmente, se establecerían mecanismos

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