Derecho Constitucional

INDICE

INTRODUCCION…………………………………………………………………………………………………………… 3

REFORMA ENERGETICA………………………………………………………………………………………………… 3

INICIATIVA ELECTORAL……………………………………………………………………………………………...... 7

PROCESO PENAL………………………………………………………………………………………………………… 10

REELECCION DE SENADORES……………………………………………………………………………………… 11

CONCLUSION……………………………………………………………………………………………………………… 15

GLOSARIO………………………………………………………………………………………………………………….. 16

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………………. 16

INTRODUCCIÓN

Es momento de reenfocar el objetivo del Congreso para que alcancen acuerdos que permitan tener una reforma política, entrar a fondo en una reforma energética y trabajar en la consolidación de un órgano electoral con credibilidad y solidez para recuperar la confianza de los ciudadanos". La construcción de un renovado instituto electoral, así como las reformas secundarias en materia de iniciativa ciudadana, consulta popular y candidaturas independientes representarían un muy importante paso para la democracia en las elecciones intermedias de 2015.

Además el proceso de construcción de una reforma política ha tomado tiempo, pues implica un sinnúmero de cambios a la Constitución y a las leyes secundarias.

De la capacidad que se tenga para procesar políticamente una reforma que establezca reglas claras que promuevan la inversión, la soberanía energética y la viabilidad financiera de Pemex depende el futuro económico de México. Si por ley el petróleo es de todos, se tendrá que lograr que, a partir de la reforma, la riqueza energética se transforme en beneficios concretos para la gente.

¿Por qué la Reforma Energética?

México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una Reforma Energética, capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Hoy, gracias a las innovaciones tecnológicas globales y a trabajos de exploración, sabemos que México tiene la oportunidad de un nuevo crecimiento energético.

Contamos con vastos recursos que se encuentran en yacimientos no convencionales, es decir, en aguas profundas y en formaciones de lutitas, de donde se puede extraer petróleo y gas “shale”, como se conoce comúnmente.

En esos recursos energéticos, que antes eran técnica y económicamente inviables, está la nueva oportunidad del país.

Para aprovecharlos, se requieren tecnologías de vanguardia, conocimientos especializados, pero sobre todo, se necesita una Reforma Energética de fondo.

Hoy, 75 años después de la Expropiación Petrolera, el país exige la misma decisión y determinación de aquel entonces.

Por eso, el espíritu de esta Reforma recupera lo mejor de nuestro pasado, para conquistar el futuro.

Esta Iniciativa de Reforma Constitucional será primer paso para contar con un sector energético acorde al siglo XXI, competitivo y eficiente, que acelere el desarrollo del país.

Por ello, confío en que el debate de esta Iniciativa de Reforma se centrará en cómo sí transformar a México; en cómo sí modernizar nuestro sector energético; en cómo sí cambiar lo que hoy ha impedido avanzar al país.

Con esta Reforma haremos del sector energético uno de los motores más poderosos de la economía nacional. Es momento de utilizar toda nuestra energía, para mover y transformar a México.

Enrique Peña Nieto

La propuesta, impulsada por el PRI y el PAN, plantea reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y es una combinación de las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el partido blanquiazul. La iniciativa del PRD fue descartada ya que no plantea cambios constitucionales sino a las Leyes secundarias en materia energética.

El documento descarta la entrega de concesiones a particulares, y se limita a diferentes modalidades de contratos o licencias para la explotación y exploración de los recursos energéticos.

A pesar de la apertura a la explotación del sector energético, el proyecto plantea que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

El artículo Transitorio Segundo plantea que los derechos de los trabajadores del sector energético estarán a salvo y en ningún momento se menciona al Sindicato de PEMEX.

Los párrafos clave de la reforma al artículo 27 de la Constitución, así fueron planteados en el proyecto:

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

Mientras que en la propuesta de modificación del artículo 28, se establece la creación del Fondo:

“El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos”.

En los cambios al artículo 25 constitucional sólo se propone que se establecerán normas secundarias para regular los contratos que celebren las paraestatales -PEMEX y CFE- con particulares, y el régimen de remuneraciones.

El artículo Transitorio Cuarto plantea los tipos de contratos y contraprestaciones que se podrán establecer con la IP. Las clasificaciones quedan así:

De servicios – Pago en efectivo.

De utilidad compartida – Un porcentaje de la utilidad.

De producción compartida – Un porcentaje de la producción obtenida.

De licencia – Transmisión onerosa de los hidrocarburos tras ser extraídos.

O cualquier combinación de las anteriores opciones.

Además, se impulsa la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual se encargará de vigilar y regular la seguridad de las instalaciones energéticas.

También se propone crear un Fondo Mexicano del Petróleo, en dónde se depositarán los recursos que el Gobierno mexicano obtenga por las alianzas con la inversión privada. El artículo Transitorio Décimo Cuarto plantea los porcentajes para el uso y ahorro de los recursos:

Se transferirán a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación y deberán ser “en la misma proporción respecto del Producto Interno Bruto que la proporción correspondiente a dichos ingresos en el año 2013”.

Los flujos anuales de recursos que reciba el Fondo se destinarán a ahorro de largo plazo. Pero si igualan o rebasan el 3% del PIB del año previo, podrán destinarse en 0.15%, en cada caso, a saldar pasivos de pensiones públicas, inversión en ciencia y tecnología para energías renovables y un sistema de becas, entre otros.

La iniciativa de reforma energética que se discute en el Senado es netamente privatizadora y no plantea ninguna estrategia para despretrolizar la economía nacional, aseveró Ramón Carlos Torres Flores, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.

En contraparte, Manuel Barquín Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la casa de estudios, planteó que el proyecto de dictamen no plantea que el Estado pierda el control sobre los recursos energéticos, aunque admitió que en acciones anteriores de privatización ha existido complicidad entre funcionarios públicos y empresarios para abusar de los recursos públicos.

Torres Flores indicó que con la iniciativa que analizan los senadores (que fundamentalmente se formó con las propuestas de Enrique Peña Nieto y del PAN) los

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