Derecho Laboral

La Constitución de Nicaragua y la Administración Pública

Karlos Navarro*

Se han cumplido veinte años desde que entró en vigencia la Constitución de 1987; y si hay un gran ausente en ésta es, sin duda, la Administración Pública.

Ciertamente, en los poco más de doscientos artículos que integran esta Norma Fundamental, pocas o nulas referencias expresas se pueden encontrar a la Administración Pública, fenómeno que parece cuando menos un tanto extraño, dada la fecha de su redacción.

La explicación es, sin embargo, bien sencilla: en Nicaragua ha existido desde siempre una muy difusa, y en muchos casos inexistentes, separación entre Gobierno y Administración Pública, o lo que es lo mismo, entre la política y la Administración Pública. Situación que, en gran medida, desgraciadamente, persiste en la actualidad.

Este escenario es, al mismo tiempo, fruto y causa de la inestabilidad política y social que ha acusado el Estado nicaragüense a lo largo de su historia. Por lo que se refiere a lo primero, la rápida y traumática sucesión de regímenes políticos contradictorios ha dado al traste con toda posible tentativa de formar un aparato administrativo estable y neutral. Este fracaso en la construcción de un substrato burocrático no politizado ha sido, por otro lado, una pesada losa a la hora de buscar soluciones a la delicada coyuntura político-social de este país.

La utilización de los puestos públicos como una vía de recompensa para los acólitos en el poder, en la más pura tradición del spoil system, a la que ha dado lugar el clientelismo vigente durante décadas, ha contribuido a radicalizar una vida política ya de por sí agitada en grado extremo, y ha dificultado notablemente que los cambios en el poder político discurriesen de forma serena y calmada.

Sabido es que una Administración Pública sólida y estable minimiza notablemente los problemas políticos, en cuanto otorga una protección mínima a los ciudadanos, aunque sea a nivel administrativo, y permite un funcionamiento continuado de los servicios públicos, que, como cuestión eminentemente técnica, no se ve afectada, al menos en parte importante, por las disputas ideológicas y partidistas.

De ninguna de estas ventajas ha disfrutado, por desgracia, una Nicaragua que se ha visto envuelta en un trágico círculo vicioso, en la que los vaivenes políticos han destrozado todos los intentos por conseguir una mínima estabilidad social y económica.

Sin embargo, el punto más criticable del régimen constitucional de la Administración Pública de Nicaragua es, en nuestra opinión, la existencia de una notable confusión entre Gobierno y Administración.

Una solución sumamente deficiente, a nuestro juicio, pues uno de los elementos básicos

...