Teoria De La Democracia

¿HACIA DÓNDE VA LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA?

Problemáticas sociales de nuestro país como la pobreza, la marginalidad, las desigualdades sociales, la exclusión, falencias en la educación, baja cobertura de necesidades básicas y no satisfechas, el auge de la economía ilegal, los grupos armados, narcotráfico y la delincuencia organizada frenan el rendimiento estatal para atender a diferentes prioridades sociales como consecuencia de un aparato gubernamental débil, caracterizado por altos índices de corrupción, insolvencias institucionales, altos índices de corrupción administrativa y escenarios que difícilmente han podido ser atendidos por la justicia nacional y constituyen un reto para consolidar la vigencia del Estado colombiano en medio del conflicto interno. La coyuntura nacional condensa dinámicas como el accionar de los grupos armados ilegales, la delincuencia común y organizada y la injerencia de la izquierda radical. Estas dinámicas, como amenazas directas, han agudizado su impacto en las dos últimas décadas, afectando las estructuras democráticas de Colombia.

La Constitución Política como carta magna del Estado colombiano, define al país como un “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria (…), democrática, participativa y pluralista” (Constitución Política de Colombia 1991, art. 2) abriendo paso a la pluralidad y a la participación de una nación en la que prevalezca el interés y el bienestar general del pueblo colombiano sobre el particular. Por consiguiente, es importante destacar la magnitud de la institucionalidad democrática como herramienta facilitadora de la participación ciudadana que permite el desarrollo de dinámicas políticas, sociales y económicas de los colombianos. No obstante, después de la constitución de 1991 al abrir espacio al pluralismo político y al dejar atrás el bipartidismo cerrado (conservador/liberal), que había sido la constante durante casi 150 años, con el fin de consolidar el escenario democrático del momento se abrió el pluralismo creando otros partidos políticos e incluyendo los movimientos de oposición, siendo indicadores del quehacer político. Impuestas las condiciones de la democracia heredada de la corriente neoliberal y a lo largo de la década de los 90 con el triunfo de la doctrina estadounidense tras el fin de la Guerra Fría, muestran que jurídicamente existen elementos necesarios para definir el sistema político democrático del país con garantías de participación y actuación multipartidista, que conforme a su evolución, han sido transformadas por nuevas demandas sociales y políticas de la modernidad, cada vez más difíciles de atender.

En la democracia liberal representativa no es el pueblo el destinatario y protagonista de la democracia, ni siquiera lo son los representantes electos por “voto popular”; los verdaderos protagonistas están detrás de las bambalinas y son unos pocos grupos de interés muy poderosos. Por eso algunos han calificado de “oligárquica” a esta democracia. (Harnecker 2010, pág.5).

Escenarios como estos, son la base para lo que en la historia se ha conocido como el surgimiento de acciones revolucionarias en contra de los gobiernos, en los cuales la pérdida de legitimidad y credibilidad del Estado motivan al ciudadano a oponerse a los sistemas políticos establecidos. Tales escenarios pueden verse reflejados en la revolución zapatista como uno de los muchos ejemplos que muestran el inconformismo social y las dinámicas de oposición, que con los elementos presentados, podrían fundamentar un contexto de la inestabilidad del Estado colombiano. A través de estos movimientos se ponen en práctica interesantes experiencias de gestión democrática, recogiendo prácticas de autogobierno entre las comunidades indígenas de Chiapas. Estos ejercicios de autogobierno o “gobierno desde abajo” han creado nuevos movimientos frente a las limitaciones del Estado en el cumplimiento de sus funciones sociales, colocándolos como movimientos en la búsqueda de romper los sistemas imperantes.

En esta medida, tanta violencia y destrucción por parte de los grupos al margen de la ley, han dejado un sin sabor en la población, pues el poder y la capacidad del Estado de garantizar los derechos de sus nacionales ha quedado en entredicho. Por tanto, exigirle mayores estándares de bienestar y seguridad al Estado colombiano, puede ser una alternativa para la construcción de paz estable y duradera, pues un Estado con mayores exigencias hace posible que la gestión y respuesta a las garantías de la población surjan de principios básicos de inclusión social, mejoramiento de la infraestructura, fortalecimiento de las instituciones, participación política y aumento de la calidad de vida.

Lo anterior predispone una situación que de no ser alcanzada en su totalidad traerá como consecuencia

...