Consecuencia jurídica del delito

LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO

Hasta el momento se han estudiado los elementos generales del concepto de delito.

Nos corresponde ahora abordar el estudio de sus consecuencias jurídicas: las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias accesorias y la responsabilidad civil derivada del delito. Esta es una parte del Derecho penal a la que tradicionalmente se ha concedido menor importancia que la otorgada a la teoría del delito, algo que resulta plenamente explicable, por cuanto la elaboración de las categorías integrantes del concepto de delito es imprescindible para perfilar los fundamentos de la responsabilidad penal. Sin embargo, la anterior afirmación no puede llevarnos al desconocimiento del punto culminante del ejercicio de la potestad punitiva del Estado: el de la imposición de la pena. Pues con la aplicación de la consecuencia jurídica correspondiente al delito cometido, se confirma la vigencia del Derecho Penal y, en el caso de las penas, la advertencia que el mismo dirige a los ciudadanos.

La comisión de un delito lleva (debe llevar, por mejor decir) aparejada unas consecuencias jurídicas: la pena, una posible medida de seguridad, la responsabilidad civil derivada de aquél y otras consecuencias accesorias. Al estudio de estas consecuencias están dedicados este tema y los siguientes, siempre en el marco del CP.

1. CONCEPTO DE PENA

La pena es la consecuencia jurídica del delito por excelencia. Junto a la medida de seguridad, que estudiaremos en el tema 16, la pena es el instrumento básico del que se sirve el Estado para tratar de evitar las conductas que atentan más gravemente contra los intereses de la sociedad.

Condiciones objetivas de punibilidad

"punibilidad" se refiere a aquellos elementos de los que depende, no ya la antijuricidad del hecho, ni la culpabilidad de sus agentes, sino la necesidad o no de sancionar. Aunque la relevancia penal de un comportamiento depende del desvalor de la conducta realizada, pueden existir algunas consideraciones de política criminal que afectan a la conveniencia o no de castigar. Entre estos factores que no punibilidad se incluyen las condiciones objetivas de punibilidad.

Se incluye aquí, por ejemplo, lo previsto en el art. 606.2 CP: que para sancionar el ataque sufrido por un Jefe del Estado extranjero que se hallare en nuestro país con penas agravadas del delito específico (arts. 605-606), se precisa que el Derecho del país de dicho Jefe extranjero tenga previsto un delito semejante. Como se ve, no varía la antijuricidad de la conducta por el dato de que falte esa reciprocidad de trato, que en cambio sirve para condicionar un castigo distinto, por razones de política criminal (es decir, para motivar a que se proteja a nuestro Jefe del Estado de forma más firme).

Las condiciones objetivas de punibilidad pueden ser propias o impropias, en función de si condicionan la punibilidad (la condición impide dejar de castigar o castigar más gravemente) o la no punibilidad (la condición permite castigar o aplicar una sanción más grave). Ejemplo de las primeras, la señalada del art. 606.2 CP, o la cuantía de lo sustraído en el hurto: arts. 234 y 623.1 CP; mientras que el art. 166 expresa una condición impropia, en cuanto que no dar noticia del paradero de la persona detenida agrava la pena.

La ausencia: es un término jurídico que se refiere a la incertidumbre o indeterminación acerca de la existencia de una persona, sin poderse precisar si está viva o muerta.

Los elementos que dan lugar a la condición objetiva de punibilidad, puesto que son objetivos y no vinculados a la conducta, i) no deben ser abarcados por el dolo de quienes pueden beneficiarse de ella; igualmente, ii) por su carácter objetivo, afecta a todos aquellos que toman parte en el delito (autores y partícipes).

La penalidad: es la principal forma de reacción jurídica frente al delito, pero junto a ella, el moderno Derecho Penal incorpora otras, como las medidas de seguridad. La idea central sobre

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