Hacia Una Propuesta Curricular Intercultural En Un Mundo Global

Hacia una propuesta curricular intercultural en un mundo global

por Jorge Gasché

Cuando hablamos de un "mundo global" ponemos de relieve la interconexión que hoy en día existe entre los puntos más alejados del globo terrestre gracias a los modernos medios de comunicación como teléfonos celulares, televisión e Internet, pero también aludimos al hecho de que el mundo entero se está haciendo un mercado único en el cual se desplazan los capitales financieros libremente y se enfrentan los actores económicos, cada uno contra todos, en una competencia generalizada, "mundializada".

Pero la expresión "mundo global", afirmada con un sentido positivo que nos invita a adherir a todos, sólo evoca una cara de la realidad -las diversas relaciones de todos con todos en el mundo de hoy-, mas no dice nada de la naturaleza de estas relaciones, no quiere evocar ni la jerarquía, ni la desigualdad que caracterizan es-tas relaciones. Hablar positivamente de un "mundo global" es olvidar que las rela-ciones dentro de ello son relaciones de dominación/sumisión política, de desigual-dad económica y de injusticia sociocultural.

Existen sectores sociales sin peso en las decisiones políticas que sobre ellos reper-cuten, y abrumados por la propaganda económica que crea siempre nuevas nece-sidades de cuyas satisfacciones están excluidos, y que, a menudo, no logran sa-tisfacer sus mínimas necesidades básicas, mientras que otros sectores -las em-presas nacionales y transnacionales- van aumentando sus beneficios a tal punto que no los pueden ya invertir en nuevos procesos productivos y se resignan a dis-tribuirlos entre sus accionistas (Le Monde hebdomadaire...).

Los sectores sociales dominados sufren además de la depreciación de sus valores socioculturales por el modelo civilizatorio dominante -consumerista, oportunista, individualista, sexista, antagonista y hasta violento- que propagan las películas norteamericanas vía la televisión en el mundo entero y que la élites nacionales han hecho suyo convirtiéndose en los propagadores de la ideología dominante en cada país.

La ley del más fuerte reina -veamos los ejemplos de Irak, de Chechenia y de Pa-lestina-, pero al público de todos los países se distrae con discursos, charlas, de-bates que alimentan su ilusión o aspiración de participar en un orden democrático. Se olvida, o se quiere ocultar, que la mundialización de las fuerzas económicas consiste en la imposición de un orden, y no en su aceptación democrática, pues los actores que manejan estas fuerzas -los directivos de las compañías transna-cionales y de las instituciones financieras internacionales ( BID , Fondo Monetario, etc.)- no son democráticamente elegidos..., en cambio, tienen los recursos para influir en los responsables políticos nacionales, que sí han sido democráticamente elegidos, para que tomen las decisiones favorables a la expansión de sus empre-sas y el capital internacional.

Por esta razón, vemos diariamente que nuestros representantes no cumplen con su mandato electoral, que les ha hecho ganar sus votos, sino se inclinan hacia las decisiones que más ingresos y "honorabilidad" ideológica les procuran, traicio-nando así a sus electores. El capital internacional ha demostrado tener la fuerza suficiente para intervenir y manejar tanto a los responsables políticos como a las sociedades nacionales en función de sus intereses de expansión y enriquecimien-to. Directamente, por los favores distribuidos a las clases políticas y eventuales líderes populares; e indirectamente por el control de los medios de comunicación, la propaganda y la publicidad,

Desde luego, en la democracia moderna, la corrupción no es un conjunto de casos aislados, sino el modo de gobierno, el modo de ejercicio del poder, transnacional, activado por las grandes empresas e instituciones financieras internacionales, que domina a los políticos nacionales (cual sea su nivel jerárquico: desde el presidente y los diputados hasta los jefes de proyectos de desarrollo) y los vuelve obedientes a los intereses económicos exteriores en desmedro de la voluntad popular expre-sada por el voto u opacada por los discursos dominantes.

El voto mismo aparece entonces como un mecanismo social insuficiente para ase-gurar, no sólo la expresión de una voluntad popular, sino también la ejecución de esta voluntad. Las elecciones, que se realizan mayormente cada cuatro años, apa-recen más como la firma de un cheque en blanco entregado a los diputados y go-bernantes que como una fuerza realmente orientadora y controladora de la políti-ca nacional. De ahí resulta que, en caso de incumplimiento de promesas electora-les demasiado flagrante, a los electores no les queda otra alternativa para hacer valer su voluntad que salir a la calle y protestar ( cfr . Arquipa, Bolivia) u organizar reuniones políticas alternativas (vg. los foros sociales internacionales y naciona-les).

La protesta aparece entonces como el último recurso para afirmar una voluntad política más general que los intereses particulares de los dirigentes políticos. Co-mo la manifestación de la protesta popular exige, a su vez, una coordinación por líderes, estos pueden ser de dos tipos: o se dejan comprar por las fuerzas econó-micas dominantes, obrando, en cambio, por el apaciguamiento de la protesta y la conclusión de acuerdos que reduzcan las desventajas de las empresas a un míni-mo; o persisten consecuentemente en las justas reivindicaciones populares contra las injusticias sociales y el abismo económico que separa a los pudientes de los sumisos.

Contra estos líderes reticentes al consenso neoliberal la democracia formal ha desarrollado recientemente su aparato ideológico a consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, dando mayor alcance a la noción de "terrorista".

Todas aquellas personas que se manifiestan contra una política "democrática", es decir, la que implementan los gobiernos elegidos pero corrompidos por las empre-sas transnacionales, corren el riesgo de ser clasificados como "terroristas". Estos, por definición, no pueden gozar de las garantías civiles que las democracias for-males otorgan normalmente a sus ciudadanos y, desde luego, son expuestas a sanciones penales expeditivas y excepcionales. En este sentido, un gran número de democracias han acentuado sus mecanismos de represión a expensas de los derechos civiles ( cfr . El Patriot Act en Estados Unidos, en Rusia..., en Francia...).

La democracia moderna, corrompida por los intereses económicos personales de sus representantes y sometida a los intereses económicos transnacionales, ha creado su anti-virus -la noción del "terrorista"- que le permite combatir el virus que puede afectar todo su sistema, es decir, la protesta y sus líderes. Sin embar-go, esta manera de ver, esta metáfora, está más de acuerdo con una visión desde el punto de vista de los políticos, que desde el punto de vista de los dominados, pues no toma en cuenta que la protesta no es más que la reacción a una traición: la traición de la promesa electoral.

Pero los que han traicionado no son castigados, quedan impunes, mientras que los contestadores corren el riesgo de sanciones legales. De hecho, ninguna demo-cracia prevé sanciones contra representantes elegidos que no cumplen con la pa-labra con que han ganado sus votos. El discurso electoral se vuelve un ejercicio demagógico sin significar compromiso alguno con los electores, y los 4 o 5 años del mandato sirven sobre todo para llenarse los bolsillos, pues los electores no tie-nen ningún recurso democrático legal para sancionar a sus elegidos durante este lapso.

El voto, que debía ser la expresión de una confianza que compromete al elegido, no es más que un cheque en blanco cuyo rubro el elegido tratará de llenar con la mayor suma posible. Mientras que las organizaciones y los liderazgos populares, que hace tiempo han tenido y diariamente siguen teniendo la experiencia del abuso del voto -la traición de los políticos que mencioné antes-, tienden a ser cri-minalizados bajo el término de "terroristas".

En el marco de un mundo global, los intereses económicos de las empresas trans-nacionales dominan, mediante la corrupción, a los políticos nacionales; y, median-te el control de los medios de comunicación, la opinión, los gustos y las preferen-cias públicas. Los representantes de los intereses económicos transnacionales no son elegidos y, por tanto, escapan a cualquier control democrático. Más aún, re-presentando intereses humanos minoritarios, tienen el poder de corromper a los políticos democráticamente elegidos que representan a las mayorías, anulando con eso la voluntad popular.

El control sobre la opinión pública a través de la radio, la televisión y los periódicos y la criminalización de la protesta popular y de sus líderes son los instrumentos que sirven para ocultar los defectos del "sistema" (aun cuando se denuncian "ca-sos"), para mantener aspiraciones ilusorias y para marginalizar fenómenos que son centrales y constitutivos de la democracia corrupta en un mundo global.

Tal vez nuestro diagnóstico parezca algo extremo. Para disipar tal eventual impre-sión basta con precisar lo que entendemos con la palabra "corrupción". Con ella no sólo nos referimos a hechos financieros -que, por cierto, son más frecuentes y generalizados que los pocos casos que vienen al conocimiento del público y cuyas denuncias resultan generalmente, no de imperativos morales, sino de enemista-des políticas, es decir, de la lucha por el poder-, la corrupción también consiste en votar o decidir en favor de intereses minoritarios y de las

...