Sistema escolar en Chile

Hasta 1980, el sistema escolar en Chile estaba dividido en dos tipos de establecimientos: públicos (administrados por el Estado) y privados (administrados por particulares, generalmente congregaciones religiosas). Durante ese año, se implementa una reforma educacional que buscó cambiar los paradigmas tradicionales del sistema escolar chileno, y fue así como, en educación, los cambios se gestaron desde el ministerio de Hacienda y la Oficina de Planificación Nacional y establecieron un sistema basado en la competencia por matrícula, llamado sistema de subsidio a la demanda en el cual establecimientos públicos y privados debían competir en igualdad de condiciones. Esta subvención es percibida por un sostenedor educacional (persona natural o jurídica) que no tiene mayores restricciones en el uso de este dinero.

Este sistema respondía a un diagnóstico de baja calidad y eficiencia en la enseñanza media, y su objetivo era tratar de que se mejorase la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

Esta reforma tuvo dos ejes centrales:

1. Se traspasó la administración estatal de los establecimientos públicos hacia los municipios, y se dio origen a los establecimientos particulares subvencionados.

2. Se implementó el sistema de subvención escolar, el cual fue diseñado con el fin

de que el financiamiento de los establecimientos tuviera su origen, principalmente, en la matrícula que lograran atraer, pues a cada establecimiento (municipal o particular subvencionado), se le otorgaba un monto por cada estudiante que asistiera a dicha institución.

Este mecanismo de financiamiento busca generar un mercado de educación con demandantes que pueden elegir donde ‘comprar’ sus servicios, con libre competencia entre sectores público y privado, con o sin fines de lucro. Es decir, las familias escogerían establecimiento educacional en forma racional y que la variable principal en la cual basarían sus decisiones sería la calidad de la educación impartida por cada uno de los establecimientos.

En términos simples, el problema del financiamiento compartido es que ha transformado el sistema escolar en un mercado donde los oferentes y demandantes se unen de acuerdo a precio y capacidad de pago. Así, si una familia puede pagar $10.000 asistirá a un establecimiento que cobre dicha suma, si hay otra que puede pagar $20.000 también podrá asistir a un colegio que se adaptará a ese cobro, y así sucesivamente. Entonces, los estudiantes terminan agrupándose en torno a su capacidad de pago, generando establecimientos homogéneos en cuanto al nivel socioeconómico de su matrícula.

Además los establecimientos no solo deberían preocuparse que los alumnos se inscriban, lo que ya es virtuoso, sino además de una vez inscritos, asistan a clases para la subvención por cada alumno.

Se pretendía avanzar en cobertura en educación básica y media, pero a pesar de que se pudo haber hecho a través de una mayor apertura de escuelas públicas, fue otro el camino elegido.

La Educación Superior, en tanto, de ser una educación otorgada gratuitamente, se convirtió en un tipo de educación que debía ser financiada por el estudiante/familia. Las universidades del Estado deben autofinanciarse en un orden del 80%. Asimismo, tal como en los niveles básico y medio, también se instala la competencia por captar estudiantes, considerando que desde ese entonces, cualquier persona jurídica puede crear universidades, institutos y los centros de formación técnica (creados en ese período).

Estos cambios a la estructura institucional del sistema, también perseguía otro objetivo: controlar el gasto público y total de la educación al generarse una competencia entre establecimientos públicos y privados para retener estudiantes lo elevaría su eficiencia.

Como puede apreciarse en el gráfico 2, entre 1965 y 1972 se produjo un fuerte incremento en el gasto público en educación incidiendo en la cobertura de educación básica que consagró su universalización a partir de 1971. Esto se tradujo en una drástica reducción del analfabetismo y en una fuerte presión sobre los niveles secundario y superior, que incrementaron significativamente su cobertura en las dos décadas siguientes.

Como se puede apreciar del gráfico anterior, este objetivo de la reforma fue cumplido cabalmente. En efecto, durante el periodo 1982 y 1990 el gasto por estudiante cayó un 23% real.

Aunque fue la educación superior la que exhibió la mayor reducción, todo el sistema vio disminuidos sus recursos, lo que se concretó principalmente a través de las reducciones de los salarios de los profesores y las horas lectivas en las escuelas que atendían a niños de menores recursos. Si bien se podría argumentar que la reforma rindió sus frutos rápidamente requiriendo menos recursos a pesar de la gran expansión del sistema, esta política tuvo varias consecuencias.

Las principales, son:

i) Reducción ostensible de la matrícula pública, pasando de un Sistema Público con complemento privado (78% de matrícula municipal y 15% de particular subvencionada) a un Sistema Privado con complemento público (37% de matrícula municipal y 54% particular subvencionada)

ii) Comunas y familias endeudadas

iii) Comunas más ricas pueden destinar más recursos a sus Escuelas, mientras que las rurales, no pueden crecer en la calidad de su educación.

iv) Altos niveles de Segregación escolar (Al permitir que exista financiamiento compartido, en algunos colegios, se “acepta” que se eduquen algunos niños con más dineros que otros)

v) Escasos avances en “Calidad” (Definición difusa y en disputa)

vi) Territorios sin planificación y sólo expuestos a incentivos de mercados

vii) Al obligar a los colegios a competir por la captación de estudiantes, el sector particular subvencionado, que puede seleccionar estudiantes escoge para a los estudiantes “más aventajados”

viii) Chile tiene el sistema más privatizado en el mundo en sus distintos niveles, lo que lleva a un debilitamiento del concepto de lo público, clave en cualquier democracia que se precie de tal (en donde el bien común está por sobre intereses individuales).

Si tantas son las virtudes que podrían atribuirse a un sistema de subsidio a la demanda, cabe preguntarse por qué genera – no solo en chile sino en todo el mundo- tantas resistencias, al punto que son escasos los países que han adoptado un esquema de financiamiento de este tipo.

A continuación, revisaremos los gastos para ver las falencias de este financiamiento aplicado en Chile.

Esta subvención en la educación en Chile, es proveída mayoritariamente por entidades que dependen de fondos públicos y, en menor medida, por aquéllas que cobran por sus servicios educacionales. Para los niveles preescolar, básico y medio, la matrícula se distribuye entre establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. De éstos, sólo los últimos dependen exclusivamente de recursos privados. En educación preescolar existen adicionalmente jardines infantiles administrados por privados, por INTEGRA y por la JUNJI, dos entidades que reciben aportes directos del gobierno central.

De igual manera, la educación superior es impartida por instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores que reciben aporte fiscal directo y aquéllas que no cuentan con este subsidio, es decir, los institutos profesionales, centros de formación técnica y las universidades privadas.

Gasto total en la educación:

Gasto público: financiamiento del aporte del estado a la educación sea este un recinto público o privado. En Chile, el gasto público ha sido la fuente principal de financiamiento para la educación de la mayoría de la población y continúa siendo muy relevante a pesar de la incorporación del sector privado.

Gasto del gobierno central:

El gasto del gobierno central destinado a educación se distribuye principalmente a través del MINEDUC por medio de los distintos servicios o divisiones que dependen de éste, presupuestándose mediante capítulos separados.

La segunda forma de transferir recursos del gobierno central a la educación es el FNDR, utilizado para financiar proyectos de infraestructura en establecimientos del sistema municipal. Este fondo ha sido de especial importancia para poder adecuar estos establecimientos a los requerimientos de la Jornada Escolar Completa.

Municipalidades:

Los municipios transfieren parte de sus ingresos a los establecimientos educacionales. La necesidad de las municipalidades de destinar recursos adicionales a los obtenidos del gobierno central al área de educación puede indicar un déficit para las necesidades operativas del sector municipal. Sin embargo tales transferencias pueden indicar a la vez la prioridad que tiene la educación en la comunidad, lo cuál lleva a que los gobiernos municipales destinen ingresos propios a los establecimientos, reflejando la importancia que tiene ésta área para sus habitantes.

Actualmente Chile es uno de los países con menor gasto público en la educación, como porcentaje del producto interno bruto, a nivel internacional, como se muestra en el gráfico a continuación:

Gasto privado: es el financiamiento que no proviene del estado, es decir proviene principalmente de las familias a través de las mensualidades matriculas aranceles transporte, alimentación, etc.

Donaciones:

El otro componente

...