Reforma Al Poder Judicial

LA REFORMA AL PODER JUDICIAL EN EL MARCO DE LA REFORMA DEL ESTADO

Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo, establecer a manera de propuesta reformas para el mejoramiento del Poder Judicial de la Federación, dichas reformas deben buscar como resultado atender las necesidades colectivas de todos los ciudadanos mexicanos y habitantes del país, que se conciba las ideas a revolucionar un sistema judicial que debe cambiar como resultado de la evolución social atendiendo las nuevas circunstancias que prevalecen en el país.

Ahora bien, de acuerdo al pensamiento del gran jurista Miguel Carbonell, las Reformas del Estado son un movimiento de carácter internacional que ha tratado de redimensionar al mismo para hacerlo más funcional, dotándolo de los recursos y las atribuciones necesarias para cumplir con sus cometidos esenciales y partiendo desde esa perspectiva no se persigue diseñar un Estado mínimo, sino el de alcanzar un Estado eficiente. Y según Carbonell ese es, precisamente, el camino que parece seguirse en el actual proceso de reforma de los poderes judiciales en diferentes naciones.

En el contexto de las transformaciones que han experimentado las instituciones nacionales, el tema de la reforma al Poder Judicial ha sido señalado reiteradamente por los actores sociales del país como una tarea de importancia que no debe postergarse, ya que un Estado de Derecho que garantice la seguridad jurídica y social para hacia sus gobernados, es condición imprescindible no tan solo para el fortalecimiento de la vida democrática de una nación, sino, para el proceso de consolidación de las propias instituciones del Estado las cuales hoy en día se encuentran en decadencia gracias a la poca fortaleza que estas tienen.

Las reformas que se den en un país en su sistema judicial como resultado de su evolución social, deben ser concebidas con el concurso de los diversos actores involucrados y como resultado de un proceso que atienda las necesidades colectivas y conciba al Poder Judicial como un instrumento transformador atento a las nuevas circunstancias prevalecientes en el país.

Por su parte, el jurista Eduardo Buscaglia, ilustra en su obra literaria cuales serían las líneas maestras de las reformas al Poder Judicial dentro del marco general de la reforma del Estado los cuales sintetiza en cinco puntos: a) mejoras en la administración de justicia, b) fortalecimiento de la independencia judicial, c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias, d) mejora de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general, y e) creación de nuevos canales para que vastos sectores de la población, ahora excluidos, tengan acceso a la justicia.

Bajo tales premisas, el presente trabajo de “propuestas para mejorar al poder judicial de la federación”, trata de encaminarse en reformar algunos aspectos relativos a una eventual reforma a la judicatura nacional, partiendo las propuestas del proceso consultivo organizado por el Poder Legislativo y revisando los planteamientos de Transparencia Internacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han abocado a la elaboración de propuestas y diagnósticos sobre el tema.

Dentro de las propuestas que servirían para mejorar al poder judicial de la federación, se destacan las siguientes:

Que se le de un mayor fortalecimiento al Poder Judicial;

Que todos los individuos tengan acceso a la Justicia;

Que el juicio de Amparo vele por los Derechos Humanos;

Fortalecimiento al Consejo de la Judicatura;

Que existan más órganos de impartición de justicia locales;

Atención a las Víctimas y Reparación del Daño;

Reformar al Sistema Penitenciario;

Transparencia en la rendición de cuentas y la disciplina

Para mayor robustecimiento se adjunta una gráfica donde se establecen las propuestas y los porcentajes que arrojaron cada una de ellas.

Ahora bien, en lo que se refiere al tema de la rendición de cuentas y la disciplina como propuestas para mejorar nuestro sistema judicial, la institución denominada “Transparencia Internacional”, establece que es necesario que se adapte la práctica del sistema judicial del país tomando en cuenta seis factores esenciales:

En primer lugar ésta institución destaca como primordial la inmunidad relacionada con la función judicial, misma que debe permitir a los jueces tomar decisiones sin temor a enfrentar demandas civiles, pero ésta no debe seguirse en cuanto a casos de corrupción u otro tipo de asuntos penales en los que los titulares de órganos constitucionales o jurisdiccionales se vean involucrados.

En segundo término la institución de Transparencia Internacional, coloca el tema de los procedimientos disciplinarios, mismos que deben garantizar que el Consejo de la Judicatura Federal ejecute investigaciones rigurosas contra los integrantes del Poder Judicial Federal que al emitir una resolución no la hagan con criterios de imparcialidad, ética y profesionalismo, en el que en dicho proceso se les pida explicación de los motivos de sus decisiones y de existir alguna desvariación comprobada se les sancione.

Por otra parte Transparencia Internacional, propone que al momento de instaurársele algún proceso de destitución judicial a los miembros del poder judicial, estos sean justos y transparentes, debiendo aplicarse en los mismos estándares estrictos y exigentes, observando los derechos humanos como el principio de debido proceso y que se cree el recurso de apelación para que los jueces sancionados tengan pleno derecho a una audiencia imparcial y representación legal en cualquier causa disciplinaria llevada ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo propone que deban retirarse de los casos a su cargo cuando tengan o cuando den la impresión de que tienen sesgos o prejuicios en torno a una de las partes litigantes; cuando hayan fungido como abogados o testigos principales en dicho caso; o si poseen algún interés económico en el resultado.

Así también, Transparencia Internacional plantea la necesidad de crear un código de conducta para los miembros del poder judicial, que ofrezca una guía de comportamiento judicial, en donde las trasgresiones deben ser investigadas, sancionadas y en ciertos casos resarcidas por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se plantea la conveniencia de contar con una política de apoyo a los denunciantes de actos de corrupción, siendo preciso para ello contar con procedimientos de quejas que sean confidenciales a efecto de que pueda denunciarse la violación a códigos de conducta, la corrupción de jueces, secretarios o del personal administrativo.

Por último la organización internacional, destaca la pertinencia de contar con una asociación de jueces sólida e independiente, la cual a criterio de Amnistía Internacional, debe ser un órgano accesible a todos los miembros de la judicatura, servir de apoyo en lo individual a jueces en asuntos de ética y corrupción.

Por su parte, el análisis llevado a cabo por el Instituto Mexicano para la Competitividad por sus siglas IMCO, sobre la situación que atraviesa nuestro país en diferentes ámbitos, estableció diversos parámetros para medir a través de varios índices, la capacidad y el comportamiento del estado y la sociedad mexicanos en aspectos como la macroeconomía, el sistema político, las relaciones internacionales, el manejo del medio ambiente y la evaluación del sistema de derecho.

La misma institución, ha identificado al “Sistema de derecho confiable y objetivo” como un conjunto de formas de medición para comparar y cuantificar la manera cómo distintos países proveen seguridad física y jurídica a sus habitantes.

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad, un sistema de derecho confiable y objetivo es aquel en donde además de claridad en las reglas, hay un pleno acatamiento de sus normas, un pleno respeto a la propiedad, a la independencia, imparcialidad y eficiencia de sus Cortes. De ahí que desde la perspectiva de ésta institución, un país con un sistema de derecho que carezca de estos elementos, genera costos de transacción más elevados para quienes lleven a cabo una actividad económica. Por eso el Instituto Mexicano para la Competitividad establece que para ser un país más competitivo, se es indispensable contar con un marco legal confiable que permita que las condiciones de participación en el mercado sean objetivas y eficientes para todos los actores económicos. De tal suerte que según la óptica del IMCO, es preciso entender las implicaciones que tiene en la competitividad de México, la informalidad, la falta de seguridad física y de la propiedad, así como la ineficiencia de un sistema judicial que, desde la visión del IMCO muestra una enorme corrupción convirtiendo tal cosa a México en uno de los países con mayor impunidad.

De acuerdo a el Instituto Mexicano para la Competitividad, en los últimos años se han desarrollado varios programas en los que se ha modernizado y reformado el sistema judicial mexicano, pero no obstante de ello no existen evidencias de que se haya impactado en los tres problemas esenciales, mismos que son inherentes al Poder Judicial en México, problemas que según el IMCO son:

1.- Desconfianza ciudadana en relación con el aparato judicial y en la seriedad de los esfuerzos realizados por mejorar la calidad y la cantidad de los servicios de seguridad.

2.- Debilidades

...