Democracia en América Latina – El Salvador

Democracia en América Latina – El Salvador

Los derechos civiles y políticos, aunque se categorizan de forma diferente, están muy relacionados entre sí. Ambos buscan proteger las libertades individuales de las personas para que no sean reprimidas por ningún tipo de poder, garantizando la participación en la vida civil y política del Estado sin sufrir de desigualdad o discriminación. Los derechos civiles son los que están reconocidos por la ley, ya sea a nivel nacional o internacional que incluyen la garantía de la integridad física y los derechos políticos, y los derechos políticos tratan todos los principios legales con los que cuenta un ciudadano. A partir de los Acuerdos de Paz, El Salvador se convirtió en un Estado Democrático, sin embargo, ha habido situaciones en las que ha quedado expuesta la manipulación del sistema de parte de algunas fuerzas políticas importantes en busca de beneficios propios usando como medio a los mismos ciudadanos. Al parecer, la democracia salvadoreña realmente existente está experimentando serios síntomas de agotamiento. Seguimos concurriendo a elecciones con políticos que vencen, pero no convencen. Los cambios de colores partidarios en los gobiernos no generan cambios sustantivos en la vida de la población. Se destapan casos de corrupción por todos lados. Los poderes del Estado no pueden detener la crisis social en la que estamos inmersos. En general, la institucionalidad que se inauguró con los Acuerdos de Paz es cada vez más insuficiente para procesar las demandas de la población y tiene menos capacidad de dar resultados en términos de bienestar para las y los salvadoreños. En el marco de los Acuerdos de Paz, El Salvador pasó por un proceso de doble transición. Si bien por un lado dejó atrás los regímenes autoritarios y apartó a las fuerzas militares del ejercicio del poder; por otro fue consolidando un régimen de sociedad de mercado, con un fuerte énfasis en el fortalecimiento de la privatización y mercantilización de determinados bienes y servicios públicos. Al trasladar ciertos bienes y servicios de la dimensión pública a la dimensión privada, no solo se privilegió la desigualdad por sobre la igualdad, sino que también estos mismos se sustrajeron de los espacios de discusión pública. En pocas palabras, los procesos de privatización funcionan como mecanismos de mercantilización de los derechos sociales. Por lo tanto, frente a una sociedad dominada por el mercado, la democracia está, de alguna manera, acorralada (también, expuesta a ser capturada) y tiene pocas capacidades para producir resultados tangibles en cuanto a la calidad de vida de las y los ciudadanos. Las estructuras y procesos de gobernabilidad de la estructura política de El Salvador, tienen serias dificultades para poder procesar institucionalmente las demandas e intereses de la ciudadanía. Ejemplos de esto es la falta de coordinación interinstitucional e intersectorial entre los distintos actores gubernamentales para resolver ciertas problemáticas territoriales, así como la fragmentación de las instancias de gobierno municipal que, sobre todo para las ciudades más grandes, dificulta el desarrollo de proyectos a escala metropolitana. El Estado requiere mejorar los mecanismos de representación (sobre todo los partidos políticos y las formas representativas de gobierno), pero también pasa por incorporar nuevas formas de ejercicio de la democracia. Las cuales, entre otras cosas, deben buscar el desarrollo un enfoque territorial, prioricen la organización comunitaria y social y promuevan la participación directa de la ciudadanía en determinadas decisiones que afectan directamente a la vida en común. El Salvador es un país que se encuentra a la zaga en América Latina en lo que respecta a formas de democracia participativa. Mientras la mayoría de países de la región contemplan mecanismos directos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre lo político, en nuestro país hay formas de participación como los referendos o plebiscitos que se enfrentan a múltiples candados en la legislación nacional. Históricamente la Participación Ciudadana en nuestro país ha estado vinculada a una respuesta ante los diversos problemas sociales; las organizaciones políticos militares de izquierda, los sindicatos y gremios, etc.; y en la actualidad, el municipalismo de las izquierdas u opositor ha retomado esta bandera, y aglutina en las diversas gestiones políticas locales o edilicias el concepto popular bajo una nueva óptica participativa; llevar lo político a niveles ciudadanos es un novedoso estándar del municipalismo de izquierda impulsado en muchas latitudes latinoamericanas; este municipalismo de participación es una puesta a prueba de la ciudadanía a los sectores de izquierda; las gestiones han sido eficaces, pero las políticas tributarias municipales que intentan lograr la equidad social, afectan los grandes capitales que financian las maquinarias electoreras, y aquí surge una paradoja que dificulta el paso político de municipalismo al espacio presidencial; pero sin lugar a dudas, existe una clara convicción que la forma de hacer políticas municipales de los sectores de izquierda ha sido más eficiente y ha generado más participación y descentralización. También habría que apuntar la recuperación de los espacios artísticos y culturales, la preocupación por los temas más sensibles ciudadanos, como un gran aporte de los nuevos modelos participativos municipales.

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