Derecho Procesal

UNIDAD VIII: DERECHO PROCESAL

1. DERECHO ROMANO PROCESAL CIVIL

Desde el momento en que el Estado se organiza como tal e instituye los órganos Jurisdiccionales, el particular no debe hacerse justicia por propia mano, sino que está obligado a recurrir a ellos.

Derecho procesal proceso como la solución de una controversia por un tercero -el juez-, y el procedimiento, como los pasos a dar para llegar a esa solución. Y la acción, por su parte, es la facultad que todos tenemos de acudir al tribunal para-proclamar o realizar nuestros derechos.

A la palabra acción, en Roma, se le dieron los siguientes significados:

1. Se utilizó como nombre de una rama del Derecho.

2. Sirvió para designar al derecho de acudir a la autoridad judicial competente para pedir el reconocimiento de un derecho o la realización de uno previamente reconocido y,

3. Con ella también se designaba a la pretensión del actor en el juicio, latín iudicium.

II. PARTES EN EL PROCESO Y REPRESENTACIÓN PROCESAL

El que pide que se reconozca o declare un derecho, o bien que se ejecute uno previamente reconocido, es quien ejerce la acción: el actor o demandante; la otra parte, que es quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con un deber, es el demandado, llamado reus por los romanos.

Ambos podían ser representados por un cognitor o por un procurator. El primero era un representante nombrado solemnemente frente a la otra parte y ante el tribunal, mientras que el procurator era un representante común y corriente, nombrado probablemente a través de un mandato y obviamente sin requerir la presencia del otro litigante.

El Derecho romano reprobó y trató de sancionar a los litigantes temerarios. Se establecieron entre otras las siguientes medidas: una defensa infundada podía acrecentar la condena; si los litigantes prestaban juramento de obrar de buena fe y no lo hadan, se les podía acusar de perjuros; existían acciones que daban lugar a condenas infamantes, circunstancia que podía producir en las partes la decisión de resolver sus problemas fuera del tribunal, mediante una amigable composición. El demandado también podía defenderse de la temeridad del actor, se le permitía que en un juicio contrario, pidiera la quinta o décima parte del valor del litigio inicial.

Finalmente se estableció la condena en costas, o sea que el perdedor pagara los gastos procesales.

III. MAGISTRADOS Y JUECES

Los magistrados jurisdiccionales más importantes fueron los pretores: el urbano, por lo que toca a los ciudadanos y el peregrino, en relación con las causas ventiladas entre extranjeros o entre extranjeros y ciudadanos. Se establecieron también los ediles curules con una jurisdicción más limitada, pues administraban justicia solamente en los mercados. Tanto pretores como ediles ejercían sus funciones en la ciudad de Roma; en las provincias la función judicial fue desarrollada por los gobernadores de provincia y los funcionarios municipales.

Durante la República y el Principado el proceso estuvo dividido en dos fases: la primera, in iure, se llevaba ante el magistrado cuya función consistía en otorgar o denegar la acción, fijar los términos del proceso y pasar el caso al juez quien dictaba la sentencia en la segunda fase del proceso, llamada apud iudicem, y en virtud de la facultad que para ello le atribuía el magistrado, desarrollando la función conocida como la iudicatio.

En esta época los jueces no eran ciudadanos particulares. Podía haber un juez único, generalmente escogido por las partes o bien sorteado de una lista o designado por el magistrado. Para algunos casos existieron tribunales estables como el de los recuperatores, que intervenían

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