Matematicas Especiales

Compartido

Twitter

FaceBook

Google

opiniones

Sin embargo, existe una creciente oposición a tales negociaciones.

Sudáfrica ha decidido detener la renovación automática de los acuerdos de inversión que se firmaron a principios del período post-apartheid y ha anunciado que rescindirá algunos. Ecuador y Venezuela ya rescindieron los suyos. India dice que va a firmar un acuerdo de inversión con EE.UU., sólo si se cambia el mecanismo de resolución de controversias. Brasil nunca ha firmado un acuerdo.

Hay buenas razones para esta resistencia. Los acuerdos podrían inhibir significativamente la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo para proteger su medio ambiente de las empresas mineras, sus ciudadanos de las tabacaleras, que con conocimiento proveen un producto que causa muerte y enfermedad, y a sus economías de los productos financieros catastróficos que jugaron un papel preponderante en la crisis financiera de 2008. Estos acuerdos restringen a los gobiernos, incluso en lo que se refiere a establecer controles temporales para los desestabilizadores flujos de capital de corto plazo que frecuentemente han causado estragos en los mercados financieros e impulsado crisis en países en desarrollo.

Los defensores de este tipo de acuerdos aseveran que son necesarios para proteger los derechos de propiedad. Sin embargo, países como Sudáfrica ya tienen fuertes garantías constitucionales para los derechos de propiedad. No hay ninguna razón para que los bienes de propiedad extranjera estén mejor protegidos que los bienes de propiedad de los ciudadanos de un país.

Es más, si las garantías constitucionales no son suficientes para convencer a los inversores del compromiso que asume Sudáfrica con relación a la protección de los derechos de propiedad, los extranjeros pueden contratar un seguro de expropiación suministrado por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (una división del Banco Mundial) o por numerosas organizaciones nacionales que suministran dicho seguro.

Sin embargo, de todos modos aquellos que apoyan los acuerdos de inversión no están realmente preocupados por la protección de los derechos de propiedad. El verdadero objetivo es restringir la capacidad que tienen los gobiernos para imponer regulaciones e impuestos a las corporaciones, es decir, el verdadero objetivo no es solamente defender los derechos, sino restringir la capacidad que tienen los gobiernos para imponer responsabilidades. Las corporaciones están tratando de alcanzar de manera subrepticia —a través de los acuerdos comerciales negociados en secreto— lo que no pudieron lograr en un proceso político abierto.

Incluso la idea de que estos acuerdos tienen el objetivo de proteger a las empresas extranjeras es un ardid: las empresas con sede en el país A pueden establecer una filial en el país B para llevar a cabo una demanda judicial contra el gobierno del país A. Los tribunales norteamericanos, por ejemplo, sistemáticamente han dictado sentencias que indican que las corporaciones no tienen que ser compensadas por la pérdida de ganancias provenientes por un cambio en las regulaciones (mediante expropiación denominada como expropiación regulatoria); sin embargo, dentro del marco de un acuerdo de inversión típico, ¡una empresa extranjera (o una empresa estadounidense, que opera a través de una filial extranjera)

...