FORMATOS DE PRODUCTOS DE LA OCTAVA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR JUNIO 2016.

Asilo, la no extradición y la expatriación

El Derecho de asilo es un derecho internacional de los derechos humanos, que puede disfrutar cualquier persona fuera de su país de origen en caso de persecución política.

El término asilo se refiere a la práctica de protección y amparo hacia personas por diferentes motivos y situaciones, puede referirse:

• al asilo humanitario, la práctica de algunas naciones de aceptar en su territorio a inmigrantes obligados a abandonar su país de origen;

• al asilo político, la protección otorgada a personas perseguidas por motivos políticos;

• a un asilo, un lugar que servía para refugio de huidos o criminales.

Toda persona por temor fundado de persecución o atentados contra sus libertades, derechos e incluso contra su vida, puede solicitar asilo al gobierno hondureño y este respetar a su derecho a no ser devuelto al país del que huye. Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregarlo por las autoridades hondureños a un Estado extranjero.

El desarrollo de este derecho permite ver cada vez con mayor cercanía los derechos de asilo y de refugiados, asimilación que parece inevitable y práctica, a fin de evitar confusiones, distintas interpretaciones y regulaciones den uno u otro derecho que se extraditen y por ende, violenten derechos de las personas solicitantes.

El asilo se encuentra fundados en los siguientes puntos:

 la extraterritoriedad es una excepción a ciertos intereses creados en la vida territorial, negando la aplicación de una norma jurídica.

 La inviolabilidad de la persona y del lugar en el que se encuentra.

internacionales suscritos (artículo 86). La constitución de 1965 también reconoce este derecho.

En la constitución de 1982 se contempla el asilo en su artículo 101 y además expresa que “en ningún caso se expulsara al perseguido político o al asilado, al territorio del Estado que pueda reclamarlo”.

El asilo termina por:

 Amnistía.

 Por la extradición o por renuncia.

 Conducta

 Muerte del asilado.

Tanto el asilo como el de los refugiados buscan la protección de las personas que son perseguidas que poseen temores fundados de violación de sus derechos en su país de origen.

Es absolutamente prohibido devolver en contra de su voluntad a un extranjero al país de donde su vida o libertad corren peligro. En otras palabras, el Estado tiene la obligación de facilitar el tránsito de tales personas hacia un país dispuesto a otorgarles asilo, e incluso de permitir su permanencia en el territorio nacional provisionalmente hasta la determinación de tal país.

La extradición en una forma por el cual termina el asilo, y está prohibido por delitos políticos y comunes conexos. Por ella se coloca en poder del Estado solicitante a una o varias personas, que han solicitado o a las que se les concedió asilo; para que sean juzgados por la justicia de talo país, siempre que ello no sea por delitos políticos conexos. Concedida fuera de de estos parámetros, la extradición implica denegación de justicia por parte del Estado que le concede y un Estado de peligrosidad fundado sobre los derechos fundamentales de la persona que la sufre.

Históricamente se ha fundado más el concepto y aplicación de la extradición por los denominados crímenes contra la humanidad.

La expatriación, como la forma por la cual se obliga a alguien abandonar su patria, sinónimo de exilio o destierro, se encuentra prohibida en el articulo 102 constitucional.

Se ha considerado el derecho de asilo y refugio con derecho en crisis por el enorme auge que se ha registrado en sus eventos, como las guerras que provocan continuamente violaciones a los Derechos fundamentales. Por consiguiente, la necesidad de recurso a estos derechos incluso para sobrevivir.

Estos derechos se han visto directamente afectados por el acrecentamiento de posturas xenofóbicas especialmente de los países desarrollados con respeto los de tercer mundo, viéndose hasta pretensiones de reformar y reformas de las leyes sobre el asilo y el refugio.

La extradición es el procedimiento judicial (penal-administrativo) por el cual una persona acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro Estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta.

Si bien existe

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