Fallo Ariola

FALLO ARRIOLA

Este fallo ejemplifica la jurisprudencia con respecto a la criminalización de la tenencia para consumo de estupefacientes.

La jurisprudencia de la Corte, respecto a este tema, fue medio errática, es decir, fue cambiando de posición. En un principio, la corte en el Fallo Colavini  interpretaba que la criminalización de la tenencia para consumo de estupefacientes (que sea un delito tener estupefacientes para consumo personal) era constitucional, es decir, que no había ningún problema con constitucional con que eso sea un delito

En el fallo Bazterrica se declaro la inconstitucionalidad de la criminalización de esta conducta, es decir, que no era conforme a la constitución considerarla delito. Después, en el fallo Montavo se retoma la conducta de no había ningún problema constitucional con tomarla como delito.

En el fallo Arriola, que es la jurisprudencia de hoy en día, la Corte abandona la postura de Montalvo, y vuelve a declararla inconstitucional, pero en el sentido de que la criminalización de consumo de estupefacientes en ciertas circunstancias es inconstitucional porque va en contra del Art 19 de la CN (Derecho a la Autonomía personal: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados (el Estado no puede interferir) . Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”) Lo que hay que hacer hincapié es la parte de “acciones privadas”. El articulo de la Cn siempre fue el mismo, pero lo que fue cambiando es que consideramos por “acción privada” de forma tal de estar libre de interferencia estatal.

Hechos: En el 2006 se sospechaba que había actividad de venta de estupefacientes en una finca emplazada en la calle Nicaragua. A través de la observación y la vigilancia, se puro inferir que efectivamente en la finca se producía comercialización de estupefaciente, por lo que se sacó una orden de allanamiento, registro y secuestro. Uno de los detenidos era Arriola, acusado de autor de delito de tráfico de estupefacientes en modalidad de tenencia con fines de comercialización, mientras que otros fueron culpados de tenencia para consumo personal. Se castigaba la conducta de un grupo de personas, que alguno tenían en el bolsillo del pantalón cigarrillos de marihuana, hallados con motivo de requisa (inspección personal), y otros que tenían cigarrillos de marihuana que los arrojaron a la via publica al verse cercados por la policía.

A estas personas se les hizo un juicio y se las condeno por el delito de criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal (art 14, ley 23737). Llega el caso a la Corte Suprema, y la CS llega a la conclusión de que este castigo no era constitucional. Esto es porque el Art 19 de la CN dice que esto no es válido a menos que haya terceros involucrados. La corte suprema llega a la conclusión de : “Se trata de la impugnación de un sistema normativo que criminalizar conductas que, realizadas bajo determinadas circunstancias, no afectan a tercero y, por lo tanto, están a resguardo del artículo 19 de la Constitución nacional. Consecuentemente cabe afirmar que Congreso ha sobrepasado las facultades que le otorga La Carta Magna.” Es decir, en los casos donde la tenencia de consumo personal no afecta a terceros, el estado no puede interferir a través del castigo, y que es criminalización va en contra del art 19 de la CN; en otras palabras, que bajo ciertas condiciones, la criminalización por tenencia de estupefacientes para consumo personal es violatorio del art 19 de la Cn porque se trata de una acción privada exenta de la autoridad de los magistrados (el Estado). Osea que el castigo de Arriola y las demás personas era inconstitucional.

...