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La Constitución como Instrumento de dominio de Clemente Valdés


Enviado por   •  2 de Octubre de 2018  •  Ensayos  •  6.779 Palabras (28 Páginas)  •  421 Visitas

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Universidad Nacional Autónoma de México[pic 1][pic 2]

Facultad de Estudios Superiores Aragón

Licenciatura en Derecho

Asignatura: Derecho Constitucional

Alumno: Gil Cruz Ana Laura

Profesor: Mtro. Alejandro García Carrillo

Reporte de la lectura núm. 3: La Constitución como Instrumento de dominio de Clemente Valdés  

Grupo: 1359

Índice

Contenido                                                                                         Pág.

Síntesis        1

Vocabulario Desconocido        8

Aspectos básicos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas        10

Cultura de la legalidad        11

Beneficios de los derechos de acceso a la información, a la transparencia y rendición de cuentas        13

Posturas del autor sobre derecho y  Estado de derecho        14

La Constitución como instrumento de poder        16

Respeto hacia la Constitución        17

Asuntos expuestos        18

Tipo de Constitución        19

Posturas de Clemente Valdés, Eduardo Pallares y Ferdinand Lassalle        20

Opinión de la obra        21

Importancia del Derecho Constitucional y de la Constitución Mexicana        22

Referencias electrónicas        23


Síntesis

En el libro “La Constitución como instrumento de poder” de Eduardo Pallares nos menciona varios hechos de la realidad cotidiana conocida por toda la ciudadanía, haciendo un análisis sobre algunos puntos de la Constitución mexicana y de las leyes.

Ahora sabemos que la corrupción no se limitaba a los fraudes y robos que practicaban los presidentes de la República y los demás empleados dependientes directamente de ellos. Sabemos que el secreto en el manejo del dinero de la población en beneficio de los más altos empleados era y sigue siendo la conducta habitual en todas las ramas del gobierno federal y en todas las ramas de los gobiernos estatales, municipales y de, la ahora, Ciudad de México, incluyendo casi a la totalidad de los individuos que manejan los órganos legislativos, a una buena parte de jueces y magistrados que forman los órganos judiciales en todo el país y a muchos quienes manejan universidades públicas y los nuevos organismos humanos, en los cuales los altos empleados que los dirigen disponen para ellos, para sus familiares y para sus amigos, del dinero de la población, usando todo tipo de engaños.

Se trata de la corrupción gubernamental que desde 1940 ha ido creciendo en México hasta llegar a niveles increíbles, como la disposición que hicieron los presidente de la República de los fondos de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, el gran fraude del Fobaproa en 1997 y los robos que hacen los altos empleados electos y no electos de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, federales y estatales, y también en los órganos municipales de gobierno manejados por individuos pertenecientes a todos los partidos políticos.

En la obra “La Constitución como instrumento de dominio”, se habla acerca de cómo los gobernantes ocupa la constitución como un instrumento para apoderarse del poder y con ese mismo poder obtenido con la constitución hacer un mal uso de este.

Desde el principio del libro, el autor nos habla de que México se encontraba hace años con una organización jurídica muy buena como para asegurar la máxima impunidad a sus gobernantes y un dominio mayor del presidente sobre la población, de acuerdo a la constitución, o al menos eso se creía.

El autor nos dice que a primera vista se puede pensar que los organismos y sistemas de registro patrimonial de los empleados y funcionarios públicos en México simplemente no han logrado el objetivo para el que fueron creados. Pero que todo parece indicar que desgraciadamente los propósitos de su creación fueron muy distintos de los que oficialmente se manifestaron, pues la realidad de su operación nos lleva a la conclusión de que todo fue diseñado para encubrir un sistema perverso y mantener a través de estas “instituciones” el control político del presidente sobre sus empleados.

En México es difícil hablar de un estado de Derecho cuando para lo que más se utiliza la ley es para establecer el ocultamiento como una forma de gobierno. No se puede hablar de estado de Derecho cuando el sistema jurídico, a partir de la constitución, que muchos ven como solución de los problemas sociales, establece el secreto como manera de gobernar, ese secreto, que los mismo abre la puerta al encubrimiento, que a la complicidad en cualquier delito.

Se supone que la idea de una constitución republicana surge del poder constituyente del pueblo, y es algo completamente diferente.

El libro pone el ejemplo de La Granja de los Animales de Orwell, que aquellos que tienen el poder van alternando los textos sagrados de manera sutil y discreta. En el nuevo texto de la Constitución de 1917, se empieza a decir algo diferente de lo que decía el texto constitucional anterior: el presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ya ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Las frases que hacían referencia a la violación de la Constitución y ataque a la libertad electoral, habían desaparecido. Desde entonces, los presidentes de la Republica han tenido buen cuidado de hacer una serie de modificaciones en el texto constitucional para asegurar su propia impunidad, para tener en sus manos a los empleados de la sociedad, y para poder disponer a su antojo del dinero que se les confié. Para lograr lo primero, una de las vías fue introducir el término servidores públicos, que en principio parecía muy adecuado para designar a todos aquellos que ejercieran una función pública de la federación en cualquiera de los órganos de gobierno. Sin embargo, al precisar en la Constitución, se tomó como precaución de no incluir al presidente de la Republica. Así en la Constitución, al presidente se le menciona por separado para que quede claro que “constitucionalmente” no es responsable por los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus funciones.

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