Un Resumen de Política Criminal

Política criminal resumen.

Unidad 1

1. Concepto de política criminal: Facilitar la reintegración de delincuentes es una tarea compleja y el impacto de las intervenciones específicas es con frecuencia difícil de medir.13 La reducción de la reincidencia delictiva sigue siendo el mejor indicador de un programa de reintegración social exitoso. La “Reincidencia” (“re-delincuencia”) se refiere a si una persona que es objeto de una intervención judicial penal (pena) delinque o no delinque después. A nivel del individuo, la reincidencia se previene cuando el delincuente desiste de cometer delitos.

Se define a la política criminal como el conjunto sistematizado de criterios y  principios a los cuales el estado organiza y estructura el instrumento y medios de prevención y represión de la criminalidad.

1. Elementos de la política criminal:

Delito:

La victima:

El control social:

El delincuente:

1. Política criminal desde la perspectiva del criminólogo: una visión amplia.

. La política criminal desde la perspectiva del criminólogo: una visión amplia De la misma forma que la criminología en cuanto a su campo de estudio no se limita a lo jurídico (ver Hassemer y Muñoz Conde, 1989, la política criminal desde una perspectiva criminológica tiene un sentido mucho más amplio: incluye las políticas jurídico-penales pero también otras políticas sociales que tienen relevancia para la prevención y la intervención en el fenómeno delictivo (Rutherford, 1997).

1. La utilidad de la investigación criminológica  para la política criminal.

En comparación con otras disciplinas, la criminología es una ciencia social bastante pragmática. Esto se debe a ciertos factores: al objeto de estudio (la delincuencia es un fenómeno que suscita tanto morbo, miedo y controversia que parece lógico el hablar siempre de «qué se puede hacer»); a la influencia cultural de la criminología anglosajona de este siglo (eminentemente pragmática), combinada con los vestigios de una criminología positivista europea que deseaba claramente incidir en las supuestas causas de la criminalidad; y a la presencia en la criminología académica de muchas personas —profesores y alumnos— que en algún momento dado han trabajado en ámbitos de la criminología aplicada y que quieren que la criminología «sirva para algo». Quién ha sido profesor o alumno de criminología en España sabe que los coloquios en el aula siempre guardan relación con lo que unos u otros están haciendo diariamente en la práctica. Claro está, la criminología desea ser útil, y desea informar la política criminal. Queda por detallar esta supuesta utilidad. Quizás lo más útil de la criminología es el hecho muy sencillo que la criminología tiene como variable dependiente la delincuencia. Parece obvio decirlo, pero si realmente nos preocupa la delincuencia, la criminología —entendida como ciencia interdisciplinar— es la única disciplina que puede darnos explicaciones y posibles soluciones.

1. Implicancia de las teóricas criminológicas para la política criminal.

Aunque en algunos casos la investigación criminológica no dispone aún de teorías para ciertas políticas criminales que se quieren crear o justificar, una política criminal que se basa en una teoría criminológica es siempre preferible a una que no se basa en ninguna teoría criminológica. Si la ponencia de la Dra. Larrauri ha servido para detallar qué son las teorías criminológicas, esta ponencia enlaza con la suya por su intención de trazar la conexión entre la teoría criminológica y la política criminal. Seguiremos un orden cronológico paralelo al utilizado por la Dra. Larrauri. No hay nada más práctico que una buena teoría. La teoría criminológica es la que conecta la política criminal con la riqueza de años de investigación criminológica, porque la teoría criminología es la que estimula y refleja la investigación empírica. Sin la teoría criminológica, es realmente difícil explicar por qué funciona o no una política criminal a la hora de prevenir o reducir la delincuencia. Si se utiliza la teoría criminológica en la política criminal, no sólo se facilita su justificación sino que se promueve también la transferencia de ciertas políticas a otros contextos y momentos. La criminología es una disciplina joven, cuyas raíces provienen de la época de la Ilustración (Beccaria, 1980). Desde aquella época, en la criminología se han creado múltiples teorías explicativas de la criminalidad y de la victimación. Cada teoría refleja el contexto cultural y político de su época y, hasta cierto punto, la biografía de su autor; no podremos en esta breve ponencia profundizar en dichos aspectos. El objetivo es más bien detallar las implicaciones de cada teoría criminológica —a veces implícitas, a veces explícitas— de cara a la política criminal. Si bien las raíces de la criminología, como se dijo anteriormente, se ubican en la época de la ilustración, los escritos clásicos que sirvieron para fundamentar el derecho penal moderno fueron también la fuente de una criminología clásica. Desde esta teoría clásica de prevención general, las implicaciones para la política criminal serían la creación o la mejora de un aparato represivo penal transparente, comunicable al pueblo, en el cual el castigo se administra de forma previsible e inmediata, LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA Y LA POLÍTICA CRIMINAL 225 y en el cual los delitos más dañinos serían castigados más severamente que los delitos menos dañinos. La teoría clásica renace en la década de los años 80, esta vez apoyada por las aportaciones de economistas y psicólogos cognitivos. Estas contribuciones neoclásicas hacen hincapié en la percepción, por parte del posible delincuente, del efecto disuasorio del derecho penal —sobre todo del efecto disuasorio de la certeza de la imposición de una pena—. Así pues, para reducir la delincuencia, el pueblo tendría que educarse para percibir y temer los efectos disuasorios, y como consecuencia hacer un cálculo racional de costes y beneficios de la delincuencia con el resultado final de inhibirse a la hora de delinquir. De esta forma se logra prevenir la delincuencia más que reprimirla (Barberet, 1997). Dentro del modelo clásico se asume que el ser humano es racional o mínimamente racional. La política criminal que emana de esta escuela es una que se asocia a la llamada «criminología administrativa»: si solo fuéramos capaces de construir un aparato jurídico-penal represivo exacto y previsible, lograríamos reducir las tasas de la criminalidad. Mucha investigación criminológica sobre actuación policial y sobre formas de controlar la disparidad de penas, por ejemplo, se basa en la teoría neoclásica

1. Conexión entre la investigación criminológica y la política criminal.

Es curioso observar que unas de las grandes quejas de los criminó- logos es que, por mucho que investiguen, los resultados de la investigación no se utilizan para informar la política criminal (ver Hassemer y LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA Y LA POLÍTICA CRIMINAL 233 Muñoz Conde, 1989, pág. 34). Incluso en los países en que se puede demostrar que la investigación criminológica ha tenido cierta influencia en la política criminal, los criminólogos están insatisfechos con el grado de influencia conseguido. En años recientes los criminólogos se han dado cuenta de que la conexión entre investigación empírica y política criminal no es automática y que hay que fomentarla desde los dos ámbitos —el ámbito de los investigadores, y el ámbito de los responsables de la política criminal (Petersilia, 1987; Petersilia, 1991; Goddard, 1997; Blumstein, 1998) —. Desde el ámbito de los investigadores, a la hora de enfocar una investigación aplicada, es necesario que el investigador tenga en mente un cliente, un lector de sus resultados. Este cliente puede ser real —el que encarga el estudio y lo financia— o ficticio (un sector que tendría verdadero interés en conocer los resultados de la investigación). Si se realiza una investigación aplicada sin este cliente, será más difícil influir en la política criminal. Por otro lado, la investigación debe de ser fácil de leer. Esto significa que debe de publicarse de forma atractiva, sin jerga académica y sin muchos conceptos complicados. Debe además de divulgarse en sectores no académicos. Algunos ministerios de justicia tienen la práctica de divulgar los resultados de la investigación en boletines, en internet, en revistas profesionales, en folletos y resúmenes, para facilitar la transferencia de los resultados de la investigación a la política criminal. Claro está, estamos hablando de Ministerios de Justicia con gabinetes de estudios bastante desarrollados (por ejemplo: Inglaterra, Holanda, Canadá, Estados Unidos). El investigador debe de tener cuidado además de incluir en todas las fases de la investigación las opiniones de los que realmente puedan utilizar los resultados de dicha investigación para justificar nuevas políticas criminales (Travers, 1997). Esto requiere escuchar e implicar no sólo a los que toman decisiones políticas en la planificación de las investigaciones, sino también a los que van a llevar esas políticas a la práctica. Una investigación sobre actuación policial, por ejemplo, debería involucrar desde sus inicios al jefe superior de policía y a la base que trabaja diariamente en la calle. Una investigación con implicaciones de política penitenciaria debería incluir la participación en su diseño de políticos de Instituciones Penitenciarias tanto como del propio personal penitenciario: directores, equipos de tratamiento, funcionarios, etc. Sin la implicación de todas estas personas en la investigación, será poco probable que los resultados tengan sentido para la política criminal y su posterior implantación. Por último, el investigador debe de incluir siempre en su informe de resultados una clara exposición de las consecuencias de los resultados 234 ROSEMARY BARBERET para la política criminal. Hay algunos investigadores que están en contra de tomar este paso y que piensan que enumerar recomendaciones ya no es trabajo del «científico». Creo que se equivocan. La responsabilidad de llevar los resultados a la práctica corresponde al investigador. El político no conoce todos los detalles del estudio y no se puede esperar que haga el esfuerzo de buscar las implicaciones político-criminales de las investigaciones. Al no facilitarle la tarea, el investigador sólo está garantizando que su investigación acabe en la papelera o el archivador. Desde el otro ámbito, el de los responsables de la política criminal, es también necesario fomentar la conexión entre la investigación y la política criminal. Primero, los políticos deben de darse cuenta del valor de la investigación empírica y encargarla antes de tomar decisiones. Tenemos muchos ejemplos de decisiones que se toman y de investigaciones que son consecuencias de esas decisiones. La decisión de bajar la edad por debajo de la cual se permitía a los hijos de las reclusas estar en prisión de 6 a 3 años se aprobó y después se encargó un estudio de la psicología evolutiva sobre el fenómeno de la crianza de los hijos en prisión (Jiménez Morago y Palacios González, 1999). Los grandes estudios sobre la violencia doméstica se están encargando después de la puesta en marcha de planes contra la violencia doméstica y cambios legislativos. La utilidad de dichos estudios se ve reducida porque la poli- tica criminal ya se ha decidido (ver Rock, 1995 para una buena exposición del proceso de creación de la política criminal). Los responsables de la política criminal deben de informarse y educarse a la hora de saber encargar y leer la investigación empírica criminológica. Deben también tener el valor de dejar que la investigación se realice. En nuestro país disponemos de poquísimas evaluaciones de políticas sociales. Parece que estas evaluaciones son altamente amenazantes, por lo que ni se encargan ni si facilitan los datos para su realización. Sin embargo, un gasto responsable de fondos públicos depende en gran medida de saber si dichos fondos se han utilizado a buen fin. Si adoptamos una política criminal de órdenes de alejamiento, interesa saber si esta política «funciona»: reduce la posterior victimación de la mujer maltratada. De la misma forma, los responsables de la política criminal tendrían que reconocer el valor de la investigación para la política criminal. Y por último, desde una posición de toma de decisiones se tendría que fomentar la participación del personal de base en la investigación. Se ahorra mucho tiempo en las evaluaciones de programas, por ejemplo, si desde el principio se forma un consejo asesor de responsables de política criminal por un lado y personal de base por otro. De esta manera los resultados que van saliendo de la evaluación proporcionan una fuente de retroalimentación constante a los que están implicados en la marcha diaria del programa. LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA Y LA POLÍTICA CRIMINAL 235 VI. Las limitaciones de la investigación criminológica pa-

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