El nuevo proceso laboral venezolano

Introducción

El nuevo proceso laboral venezolano es un cambio de paradigmaradical donde se implementa un proceso, breve, oral, inmediato, abreviado y gratuito estos principiosse mantiene hasta el final del procedimientolaboral.

Luego de concluido la audiencia de juicio (eje central del proceso laboral), la parte perdidosa podrá solicitar el recurso de casación laboral que es un medio de impugnación de un acto publico proveniente del poder judicial, contra el cual se han agotado los recursosordinarios con el objeto de anular por haber incurrido en legalidado inconstitucionalidad ya sea en la forma o en el fondo sustituyendo este acto publico realizado en caso de ser procedente.

Este recurso de casación laboral posee una particularidad que lo diferencia de los demás recursos de casación y es que la LeyOrgánica Procesal Laboral, Establece que para poder acceder a el mismo la demandalaboral debe ser de 3000 unidades tributarias, con este requisito sine qua non, los legisladores lo que buscaron fue aliviar el trabajo a el Tribunal Supremo de Justicia, que con la antigua ley era muy complejo.

Ahora bien, siguiendo con las novedades que nos trae la Ley Orgánica Procesal Laboral, es el control de la legalidad de las sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia, establecido en los artículos 178 y 179 de la Ley.

Este recurso procede excepcionalmente contra las sentencias de última instancia que no tienen casación, pero que pudieran implicar una violación evidente del orden público laboral o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social de dicho Tribunal.

Un aspecto importante dejando atrás lo que es al alto tribunal, viene el procedimiento de ejecución que se concibe con características semejantes a las del Códigode Procedimiento Civil, pero manteniendo el principio de brevedad y celeridad, teniendo demarcadas diferencias como por ejemplo en los aspectos específicos del justiprecio y del cartel de remate.

Con este triangulo entre Recurso de Casación Social, Control de Legalidad, que son como recursos extraordinarios , en conjunto con el procedimiento de ejecución en el cual se materializa la pretensión del demandante , constituyen la parte final del proceso laboral venezolano, contemplado en la ley adjetiva que rompo con el esquema del proceso lento, y tardío.

Los principios del proceso laboral son parte integrante de los principios del derecho del trabajo. No es muy fácil separar unos de otros porque muchos de los principios del derecho sustantivo tienen, dentro de su contenido , aspectos de carácter instrumental o procesal, y viceversa. Esto origina que la enumeración de los principios procesales que hacen los tratadistas, muestren algunas diferencias

PRINCIPIOS FINES Y PRINCIPIOS OPERATIVOS:

No todos los principios procesales tienen la misma jerarquía. Algunos de ellos constituyen el fundamento de la existencia del proceso laboral, mientras que los demás tienen que ver con el cumplimiento de esos principios fundamentales. A los primeros podríamos llamarlos “Principios Fines del Proceso” y a los otros “Principios Operativos del Proceso” . Los primeros justifican o hacen posible la existencia del proceso y los otros marcan el comportamiento del proceso.

I.- Principio Tutelar del trabajador.

En primer lugar es necesario distinguir el derecho de tutela jurisdic¬cional que concierne al derecho procesal en general, de lo que es el princi¬pio tutelar del trabajador1 que es una particularidad del derecho procesal del trabajo. El primero, consiste en el derecho que tiene toda persona de requerir la intervención de la función jurisdiccional del Estado para solucio¬nar cualquier litigio que se presente entre los miembros de una comunidad social. De ahí que sé conceptúe, a la tutela jurisdiccional como un presu¬puesto de convivencia social pacífica.

En cambio, el principio de tutela procesal del trabajador; tiene que ver con las consideraciones que se le guarda dentro del proceso laboral.

La aparición del derecho del trabajo como disciplina especial, se debió a la necesidad de proteger al trabajador frente a la superioridad del emplea¬dor. Si en las relaciones laborales, empleadores y trabajadores no son iguales, la desigualdad se agrava cuando ambos litigan. Como dice Isaías Rodríguez (Laboralista venezolano) «el patrono litiga contra el estómago del trabajador». Esa es la razón por la que el esquema del proceso laboral está estructurado para lograr un trámite equilíbrado1 mediante la protección o tutela del más débil.

a) Gratuidad procesal para el trabajador

Toda persona tiene derecho a reclamar justicia del órgano estatal co¬rrespondiente. Es decir, cuando un miembro de una sociedad pretenda algo de otra, la pretensión es atendida por un órgano jurisdiccional, a través ¬de un proceso con garantías mínimas. Esto es lo que se denomina, el derecho a la tutela jurisdiccional. La doctrina es casi unánime al considerar que la tutela jurisdiccional corresponde exclusivamente al Estado, criterio que ha sido recogido por la legislación nacional. Así, por ejemplo, la Cons¬titución, dispone que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder judicial (art. 158, 159 Cn.).

Arto. 158 Cn : “ La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia que establezca la ley”.

Arto 159 Cn.: inicio 2º Párrafo: “Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar los juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial”

Son principios y derechos de la función jurisdiccional entre otros, la unidad y exclusividad de la misma. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. ( Arto. 159 Cn.)

Similares consideraciones encontramos en la Ley Orgánica del Poder judicial, Ley 260 (art.2,3 y 6). El Código Procesal Civil es mucho más especifica, al se¬ñalar que la potestad jurisdiccional del Estado es indelegable (art. 1°).

En base a tales consideraciones podemos concluir que la actividad de administrar justicia es un servicio público indispensable para la consecu¬ción de la paz social. Consecuentemente el acceso a ese servicio de la búsqueda de justicia debe ser gratuito. Es decir, los derechos de acción y contradicción procesal no deben estar supeditados al pago de sumas de dinero. Esto no impide la posibilidad de que la ley contemple el abono

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