Grecia tiene muchas cosas en común con España.

Grecia tiene muchas cosas en común con España.

Es un país que registró, al igual que España antes de la crisis, uno de los crecimientos económicos más elevados del mundo desarrollado entre 1950 y 1973.

Hasta 1981, el rápido crecimiento y la emigración permitieron reducir la tasa de paro hasta el 4%. Desde entonces fue subiendo gradualmente hasta alcanzar el 11,7% en 1999, y eso que el ritmo de crecimiento en los 90 fue superior al de los 80. Mientras el rápido crecimiento de la última década bajo el paraguas del euro redujo el paro hasta el 7,7% en 2008, pero tras estallar la crisis financiera comenzó de nuevo a subir a tasas de dos dígitos. 

Así pues, desde los 80 el mercado laboral griego se ha ido deteriorando de forma más o menos estable.

Una de las principales razones radica en su rígido mercado laboral. Y es que, Grecia cuenta con uno de los "sistemas de protección al trabajador" (legislación laboral) más duras de la OCDE, al igual que España. Y ello, gracias el enorme peso del poder sindical en la economía helena.

En 2009, el Estado griego disparó el gasto público hasta el 52% del PIB, superior a la media del resto de países periféricos. El crecimiento de los excesivos gastos sociales (como pensiones públicas) y el empleo público fueron las causas de esta evolución.

En cuanto al empleo público, la evolución ha sido dramática. Entre 1976 y 2010, el número de empleados públicos se triplicó, desde los 282.000 hasta los 768.000, mientras que los trabajadores del sector privado tan sólo han crecido un 24% -desde los 2,98 millones hasta apenas 3,66, respectivamente-. De este modo, en términos relativos, el empleo público pasó de representar el 8,7% del empleo total en 1976 hasta el 17,3% en 2010 (más del doble).

A pesar de esta evolución en el empleo público, no había un aumento en la recaudación de impuestos y esto se debe a que Grecia cuenta con una de las mayores tasas de evasión de impuestos de Europa, hasta el punto de que forma parte de la cultura nacional.

Esto se debe en parte al elevado nivel de autoempleo (autónomos) que existe -el más alto de la OCDE- y que, a diferencia de los asalariados, pueden declarar con mayor facilidad a Hacienda una renta inferior a la real. 

Aunque es difícil de estimar con precisión, la economía sumergida en Grecia se aproxima al 40% del PIB, según distintos análisis.

Además la gran cantidad de deuda pública ha sido y sigue siendo uno de los factores determinantes de la economía del país.

De hecho, Grecia incumplía la mayoría de los criterios de Maastricht para entrar en la Unión Europea, estos criterios eran requisitos relacionados con inflación, tipos de interés, déficit o deuda pública que eran necesarios cumplir para pasar a formar parte de lo que hoy conocemos como la eurozona. Pero en junio del año 2000 los mandatarios europeos, en un acto de complacencia económica o compromiso político, decidieron permitir el acceso de Grecia a la zona euro ignorando que su ratio deuda/PIB estaba por encima del 100% (el máximo permitido para acceder a la moneda única era del 60%) y que existían otras evidencias sobre la mala salud de las cuentas públicas del Estado.

Con la entrada en circulación del euro en enero de 2001 en Europa todo eran grandes expectativas, con una Europa viento en popa los gobiernos griegos no decidieron acometer reformas estructurales que aumentaran la baja competitividad de sus empresas en unos años de fuerte crecimiento e hicieron caso omiso a las múltiples recomendaciones y advertencias enviadas por parte de las instituciones europeas y otros organismos internacionales.

Los Juegos Olímpicos de Atenas, agravaron todavía más la situación de la deuda griega, ya que gastaron mucho más de lo que ingresaron posteriormente.

Cinco años después de los Juegos Olímpicos y en plena crisis internacional, en octubre de 2009 el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, reconoció que el país se hallaba sumido en la corrupción y que la contabilidad nacional había sido falseada mediante contratos de derivados diseñados por bancos de inversión. Poco después se supo que Grecia había terminado el año 2009 con un déficit del 15% y una deuda pública del 120% de su PIB.

Ante este panorama en las cuentas del Estado griego, y con el turismo y el transporte marítimo (pilares de la economía griega) golpeados fuertemente por la coyuntura económica internacional, llegó en mayo de 2010 el primer rescate de la troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Consejo Europeo) por valor de 110.000 millones de euros.

Con el rescate, al igual que en España llegaron las condiciones y se inició un fuerte proceso de reformas y ajustes en ambos países: recortes salariales, disminución de las pensiones, subidas de impuestos y creación de nuevos tributos. 

Uno de los problemas que se vio agravado con estas reformas fue fundamentalmente el paro, que pasó del 8% al 10% entre 2008 y 2009 en Grecia y de un 8% a un 14% en España.

Y en vez de tomar medidas para aumentar la competitividad de las empresas de ambos países intentando modernizarlas, las reformas que se llevaron a cabo fueron de tipo austeras para reducir costes y en consecuencia, redujeron también los derechos de los trabajadores.

La baja competitividad de las empresas griegas siempre ha sido uno de las principales debilidades de la economía del país. Seis años después de la demolición de todo tipo de derechos y principios laborales, la competitividad de las empresas griegas sigue, más o menos, en los mismos niveles de los años precrisis. Los cambios más dramáticos no se encuentran en los índices de competitividad, sino en el mismo mercado laboral del país, que en 2015 se caracteriza por registrar todo tipo de abusos.

La larga crisis ha llevado a la plena liberalización del mercado laboral en ambos países con consecuencias incontrolables para los trabajadores pero también para la economía.

En el caso de Grecia, los trabajadores se quejan sobre una serie de infracciones del Estatuto tales como retrasos o falta de pago de retribución. El resto de las infracciones se refieren a la falta de pago de las primas y los abusos de las horas de trabajo. La mayoría de las infracciones se registraron en el servicio de hostelería, hoteles, comercio al por menor, y empresas de limpieza.

De hecho, alrededor del 50% de las empresas griegas declara su imposibilidad de pagar a tiempo los salarios de sus empleados. El retraso oscila entre un mes hasta incluso un año, y la media está alrededor de los cinco meses. Hace un año, en 2014, era de tres meses.

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