Ley antilavado. El gobierno federal, buscando controlar de mayor forma el lavado de dinero

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El gobierno federal, buscando controlar de mayor forma el lavado de dinero, aprobó una nueva Ley mejor conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor el pasado 17 de julio, y que puede significar una gran riesgo a la seguridad personal de los ciudadanos que lleven a cabo la compra de ciertos bienes o productos, los cuales provengan de actividades consideradas vulnerables, como la compra de una casa, de un auto, de joyas u obras de arte, por mencionar algunas.

La nueva ley básicamente exige a los compradores de entidades vulnerables, ya sean de bienes o servicios, que se identifiquen proporcionando a la empresa su identificación oficial, la cual quedará a disposición de la compañía, situación que de entrada representa un enorme riesgo para el comprador, puesto que es de conocimiento común que la mayoría de las empresas en el país no protege de forma adecuada la información obtenida.

Ahora bien, si la adquisición del consumidor supera cierta cantidad establecida en las normativas, la empresa no solo tiene la obligación de solicitar la identificación oficial del sujeto, sino que también debe de solicitar la dirección de su vivienda, y en algunos casos, hasta la forma en como el comprador se hizo acreedor del dinero que en ese momento está invirtiendo. Si bien el propósito de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es evitar el lavado de dinero, pone – por otro lado – en riesgo la seguridad personal de aquellas personas que realizan compras de ciertos rubros y de ciertos montos. Aunque la ley busca reducir las actividades ilícitas en el país, aún debe superar pruebas de fuego, ya que aquellos sectores que están viendo obligados a entregar dichos reportes.

La ley mencionada anteriormente puede significar salud financiera para el país, así como una disminución en las actividades ilícitas que se llevan a cabo en el territorio mexicano, siempre y cuando las legislaciones de la ley sean adecuadas y no intenten poner un alto a ciertas actividades a costa de poner en peligro la seguridad e integridad de los ciudadanos mexicanos.

El buen manejo de la información proporcionada por los compradores, representaría a la nueva ley todas las de ganar. Sin embargo, para que el buen manejo de la información sea llevado a cabo, se debe hacer una revisión exhaustiva de los avisos de privacidad, así como la ley encargada de regularles, ya que, de ahora en adelante, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley Federal de Protección de Datos Personales deberán ir de la mano.

Dicha ley funciona, a grandes rasgos, solicitando datos personales a los compradores. Cuando estos adquieran algún bien que rebase cierta cantidad, obliga al comerciante a solicitar al cliente que se identifique, así como la justificación de los orígenes del dinero invertido.

El pasado 23 de agosto de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor en el país, el 1º de septiembre de 2013.

Desde que la mencionada ley fue anunciada ha habido diversos comentarios sobre el funcionamiento de esta, así como el impacto que tendrá para las empresas con actividades económicas más vulnerables como: inmobiliarias, agencias de autos, joyerías, casa de apuestas o sorteos y agencias comercializadores de obras de arte.

A grandes rasgos, dicha ley demanda a las entidades con actividades vulnerables, exijan a sus compradores que proporcionen a la empresa información particular como: información personal provista por la credencial de elector, datos de donde habitan, así también la justificación de cómo fue obtenido el dinero invertido.

Desde que la nueva ley fue anunciada, se ha hablado de cuales podrían haber sido las razones por las que el gobierno federal decidió implementar nuevas medidas para controlar la procedencia del dinero, y así evitar que ocurriera lavado del mismo. Sin embargo, es probable que la implementación de la nueva legislación fiscal tenga sus razones en hechos ocurridos años atrás.

Como ya se mencionó anteriormente, el Gobierno Federal elaboró una iniciativa en agosto de 2010, y la cual derivo en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que entro en vigor el pasado 17 de julio. Estas medidas, se cree, fueron tomadas debido a la creciente actividad ilícita en el país, como lo son el narcotráfico y el crimen organizado en general.

Cabe destacar que no son solo estas entidades las que blanquean efectivo, sino también funcionarios públicos y políticos, quienes buscan disfrazar sobornos y robos a la nación como dinero legitimo. Por estas razones principalmente fue que en 2010 el gobierno federal propuso implementar herramientas de tipo jurídicas para poner un alto al lavado de dinero.

La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene como objeto regular la adquisición de ciertos bienes o servicios en efectivo. Dichas regulaciones tienen algunos requerimientos que tendrán que ser acatados por las denominadas entidades “vulnerables”, y de no ser así, estas se enfrentaran con consecuencias.

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