ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

En mayo de 2008, fue signado este nuevo pacto educativo entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo la denominación de Alianza por la Calidad de la Educación. En el marco de la celebración oficial del Día del Maestro y con la presencia de la cúpula gubernamental, política, empresarial y sindical, así como de un selecto grupo de invitados especiales, el jefe del Ejecutivo Federal y la presidenta del sindicato magisterial divulgaron los términos del acuerdo convenido, donde se considera impostergable impulsar una transformación por la calidad de la educación del Sistema Educativo Nacional. Se realizo una agenda de compromisos en donde articulan una estrategia clara e incluyente para hacer de la educación una Política de Estado efectiva, capaz de transformar y poner al día el sistema educativo.

El objetivo central de la Alianza por la calidad de la educación, es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional.

Es imperativo hacer de la educación pública un factor de justicia y equidad, fundamento de una vida de oportunidades, desarrollo integral y dignidad para todos los mexicanos.

Dicha Alianza concibe al federalismo educativo como el espacio en que los diferentes actores habrán de participar en la transformación educativa y de asumir compromisos explícitos, claros y precisos.

Con esta Alianza emprendemos un proceso de trabajo corresponsable para dar respuesta a las necesidades y demandas que se articulan en torno a cada plantel escolar.

Necesitamos tener claro el mandato del Artículo tercero constitucional y ubicarnos plenamente con precisión en los retos que habremos de enfrentar en todos los espacios del Sistema Educativo Mexicano.

En realidad, para Elba Esther Gordillo y el SNTE la firma de este nuevo pacto educativo con el gobierno federal no representó un hecho novedoso. Constituye en todo caso el más reciente de los acuerdos o compromisos que la profesora ha negociado con diferentes gobiernos desde que se apropió del sindicato magisterial. Es decir, de nueva cuenta logró aplicar la misma estrategia de negociación utilizada con administraciones anteriores: respaldo a las políticas y proyectos educativos impulsados por el gobierno en turno, a cambio de concesiones y cuotas de poder dentro del sistema educativo y la preservación de su control sobre el sindicato magisterial.

Esta forma de negociación y acuerdo arrancó durante el sexenio de Carlos Salinas, promotor y mecenas del ascenso de Gordillo al liderazgo sindical. A partir de los nexos políticos establecidos entre la recién ungida dirigente magisterial y el entonces presidente de la República se concertó y firmo el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (1992). Mediante este acuerdo convenido entre el snte y el gobierno salinista se llevó a cabo la descentralización del sistema educativo nacional, y los gobiernos de las entidades federativas debieron asumir la conducción y gestión de los sistemas e instituciones educativas de sus respectivos estados.

Asimismo, el presupuesto educativo asignado para cada entidad les fue transferido para su manejo y distribución, y los gobiernos locales debieron hacerse cargo de las relaciones laborales y prestaciones de los trabajadores de la educación.

Con el Acuerdo se implantó en la educación básica el programa de estímulos con base en la evaluación y medición de la productividad del trabajo docente, a través de la denominada Carrera Magisterial. Aún cuando el Acuerdo anunció y prometió el arribo de un nuevo “federalismo educativo”, la SEP siguió reservándose el control y sanción de la normatividad y la aprobación de los planes y programas de estudio, libros de texto y materiales educativos.

Los efectos y secuelas del acuerdo “modernizador” firmado por Salinas y Gordillo están plenamente documentados. La inequidad en el financiamiento y distribución del gasto en educación profundizó la existencia de un sistema educativo todavía más desigual, y una mayor diferenciación en las condiciones en las que operan y subsisten las instituciones escolares del país. Los estados, regiones y comunidades con mayores rezagos educativos disponen de menores recursos para educación. La descentralización abonó igualmente a la diferenciación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la educación e instituyó mediante la búsqueda y obtención de estímulos la competencia y fragmentación del trabajo académico y docente. A la vez que se multiplicaron los conflictos educativos derivados del proceso de descentralización.

En realidad constituyó la coartada mediante la que el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública abdicaron de su obligación constitucional y responsabilidad frente al sistema educativo nacional. Como es sabido, el Acuerdo fue el primer paso para la aprobación de otros cambios y reformas en la educación durante el sexenio de Salinas: la reformulación del artículo tercero de la constitución y la expedición de la Ley General de Educación. Al igual que en la aprobación del Acuerdo, Elba Esther y el SNTE actuaron como los más fieles aliados políticos y promotores

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