Asociaciones Publico Privadas

¿SON LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS UNA BUENA ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA?

Al final como al principio. Así como es costumbre en la literatura de García Márquez de iniciar sus textos con el resultado final, iniciemos éste respondiendo a manera de conclusión la pregunta propuesta: Claro que son una buena estrategia!. Obviamente, sustentar esta respuesta es el reto de las líneas que le siguen.

El siguiente documento, sin ser acabado, además de sustentar la respuesta dada al interrogante propuesto, busca manifestar una opinión personal construida desde la experiencia profesional, académica y documental de quien escribe, en el marco de la Especialización en Proyectos de Desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. El texto se encuentra organizado desde tres hipótesis: 1. Las asociaciones público privadas como estrategia efectiva para la inversión de recursos 2. Las asociaciones público privadas como motor de la infraestructura y 3. Las asociaciones público privadas en el marco de los tratados de libre comercio. No lo encontrará dividido sistemáticamente. Sin embargo, podrá identificar en que perspectiva se ubica uno u otro planteamiento.

Iniciemos planteando que son y cómo se definen las asociaciones publico privadas, para ello se usaran tres definiciones diferentes así: 1. Las asociaciones público-privadas son iniciativas de colaboración voluntaria entre diversos actores del sector público (Estado) y del sector privado (no estatal), en las que las partes acuerdan trabajar juntas para lograr un propósito común o emprender tareas específica (sic). Pueden consistir en la realización de una actividad específica o convertirse en un conjunto de acciones o incluso en una alianza duradera aunque pueden ser de diversos tipos, dichas asociaciones por lo general se establecen como estructuras de cooperación en las que se comparten responsabilidades, así como también conocimientos técnicos, recursos y otras ventajas 2. La Unión de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas para impulsar, desarrollar y mantener obras y proyectos de infraestructura tanto productiva como social y 3 Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de Capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes público y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

Dicho lo anterior, en esencia las asociaciones publico privadas son desde el enfoque sistémico: supra – organizaciones, conformadas entre el sector privado [organizaciones privadas] y el sector público [organizaciones públicas] que permitan proveer infraestructura de carácter privada para la prestación servicios públicos eficientes; y que por encontrarse circunscritas a un entorno social obedecen a lógicas del mercado, de la política y de la normatividad, por citar solo tres.

Según Stadard & Poor´s la inversión privada ha crecido en un 15% entre los años 2002 y 2008, el equivalente a 10,6 de PIB, estando por encima de las cifras que reflejan Argentina, Perú, Chile y Brasil. Sin embargo, en el índice de atracción de inversionistas por cada punto del PIB, Colombia se encuentra en la posición sexta por debajo de Brasil, Chile, Argentina, México y Perú. Es decir, aunque aumento la participación de la inversión privada en el país, aun no resulta lo suficientemente atractivo el escenario para la inversión del capital privado.

En Colombia, hasta ahora, las asociaciones público privadas eran vistas como un mecanismo para el mejoramiento de la infraestructura, eso no cambia con la nueva normatividad, lo que se modifica es que esas alianzas son vistas, además, para el financiamiento de esa infraestructura.

Los proyectos de infraestructura en Colombia se financian con inversión pública desde el gobierno central previa aprobación de los documentos del Consejo de Política Económica y Social

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