Desarrollo Local

Desarrollo local desde el punto de vista político administrativo

El desarrollo local es un proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades económicas y sociales en un «territorio» de escala local a partir de la movilización y la coordinación de sus «recursos» materiales e inmateriales. Esta noción señala a la vez una postura frente a la cuestión del «desarrollo», un método para el desarrollo de los territorios locales, así como un marco de análisis de sus incumbencias.

Para Bernard Emé (1986) Desarrollo Local se refiere a que "los actores locales unidos por una voluntad solidaria, toman a cargo el desarrollo de su territorio, en función de las necesidades y de los recursos locales. Su proyecto, cultural global, supera consideraciones economicistas y debería crear nuevas relaciones sociales, un "ser" y un "ser mejor" que se sitúa al nivel de la calidad de vida"

Desde los años 80, la institucionalidad local se ha visto fortalecida mediante el diseño y modificación de algunos instrumentos de vinculación socio territoriales, que han contribuido a fortalecer la descentralización fue producto de la suma de las oportunidades para la descentralización política y administrativa permitidas, que progresivamente se traspasaron competencias en materias como salud, educación y gestión de servicios puntuales a los gobiernos regionales. Entre éstos destacan los siguientes: la elección directa de los gobernadores y alcaldes y la escogencia uninominal de un porcentaje de los representantes a los organismos deliberantes; aprobación de la ley Reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, otorgándole mayor autonomía a los municipios; el establecimiento de algunos mecanismos y leyes orientados al proceso de descentralización y a la búsqueda de la coordinación de acciones y recursos entre los diferentes niveles de gobierno

. El municipio empezó a cobrar vida como espacio de participación ciudadana aun cuando la referida Ley no ofrecía gran amplitud para la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel del gobierno municipal, pero la sociedad civil venezolana a través de sus actores fue trabajando y generando cambios en el marco de regulación legal de la participación hasta llegar al proceso Constituyente de 1999 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sintetizó gran parte de aquellas iniciativas para fortalecer la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones del gobierno local. Importantes son los artículos 62, 70 y 184 de la Constitución de 1999, que regulan la participación como un instrumento para el desarrollo individual y colectivo y el Estado debe facilitar las condiciones más favorables para su práctica (Centro Gumilla, Serie “Quehacer Comunitario” No. 4.28). Todo este marco jurídico favorable a la participación, además de la Constitución, se expresa también en una gama de normativa, entre las que destacan: Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley Orgánica de

Ordenación Urbanística, Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública La propuesta de la ley establece que las Municipalidades estarán constituida por el Alcalde, como máxima autoridad y por el Consejo Municipal, compuesto por concejales electos directamente, con carácter normativo, resolutivo y fiscalizador.

En junio del año 2002, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (LCLPP), como órganos para la planificación del desarrollo municipal con el concurso de gobiernos municipales y comunidades organizadas, dentro de una política de Estado orientada a la descentralización y desconcentración de competencias y recursos de los estados a los municipios y de éstos a las comunidades organizadas. En esta ley, se mencionaban por primera vez los consejos parroquiales y comunales como centros de participación de las comunidades para la construcción de ideas y propuestas que serían elevadas a la consideración de los CLPP y para ejercer el control y evaluación de la formulación y ejecución de las políticas públicas y los

Presupuestos municipales

Posteriormente, en junio del año 2005, la misma Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley del Régimen Municipal que cambió su nombre a Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). En esta reforma, se establecieron obligaciones a las autoridades públicas municipales con la promoción de la participación y generación de medios e instancias para participar en las funciones de ejecución, deliberación, control y planificación del gobierno municipal. La ley menciona como garantías a la

Participación: los derechos a la información, al conocimiento, a la petición, a la asociación y organización, a tomar decisiones, a ejercer control y a autogestionar o cogestionar servicios públicos

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La Ley se fundamenta en el objetivo del ejecutivo de llevar a cabo la democratización de la institucionalidad favoreciendo una descentralización y una participación efectiva de la comunidad, para lo cual se requiere de instancias territoriales modernas a nivel Local.

el Desarrollo Local constituye un proceso amplio que involucra diferentes actores, entre los cuales se encuentran las organizaciones sociales, el comercio, las empresas y además el gobierno local expresado en la institución de la Municipalidad.

Para mejorar la equidad social y lograr la inclusión de los grupos sociales tradicionalmente más excluidos se han diseñado diversos programas sociales y económicos. Entre éstos es importante destacar los siguientes:

– Creación de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), instancia de participación ciudadana, encargada del proceso de formulación, seguimiento, control y evaluación de los planes de desarrollo municipales, garantizando así, resultados dirigidos al desarrollo del espacio geopolítico en función de la prosperidad económica y el bienestar social de su población. Es el escenario para la práctica de la planificación participativa y el ejercicio permanente de la democracia directa y protagónica.

– Desarrollo de las Misiones, programas sociales en las áreas de educación, salud, alimentación, vivienda, etc., que buscan elevar las capacidades de la población de menores recursos para su inserción en la dinámica socio-económica y lograr una mejor distribución de las riquezas. Dichos programas son financiados directamente con ingresos petroleros a través de la compañía Petróleos de Venezuela. Son programas que promueven el fortalecimiento del capital social en el país.

– El Plan de Desarrollo Endógeno Industrial (2003), el cual se presenta

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