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FUERZAS POLITICAS Y LEGALES

sebas14523Tesis30 de Noviembre de 2014

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INDICE

INTRODUCCIÓN 7

CAPÍTULO I:

1.1. FUERZAS POLITICAS Y LEGALES 14

1.3.FUERZAS ECONÓMICAS 18

1.4.FUERZAS SOCIALES 18

1.5.FUERZAS TECNOLÓGICAS 18

1.6.FUERZAS ECOLOGICAS 18

CAPÍTULO II: 19

2.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 19

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está hecho para darnos a conocer los beneficio del aguaymanto así como la elaboración de la mermelada de aguaymanto que es un producto 100% natural, con este producto buscamos la difusión del aguaymanto en distintas formas puesto que es un producto que no es muy conocido a nivel nacional, y tiene un gran valor nutritivo.

ANALISIS EXTERNO

MACROENTORNO

Fuerzas Político

TIPO DE GOBIERNO(nacional-regional)

Base legal:

El tipo de gobierno de nuestro Perú, se encuentre establecido en nuestra Constitución Política, en su Título II “Del Estado y la Nación”, Capítulo I “Del Estado, la Nación y el Territorio”, en su Artículo 43º, donde se señala que

La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.

El Estado es uno e indivisible.Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Comentario:

Para entender mejor el presente artículo, es necesario definir los siguientes conceptos:

La República del Perú es democrático: se refiere a la forma de gobierno representativo, en que el poder reside en el pueblo, personificado éste por un jefe supremo llamado presidente.

La República del Perú es social: significa que deben primar los principios sociales de solidaridad y fraternidad, antes que el individualismo y la exclusión del otro, tanto en la elaboración, interpretación y aplicación de la normas jurídicas, como en la tarea de gobierno y en el cumplimiento de las tareas de la vida social por parte de cada persona.

La República del Perú es independiente: quiere decir que el Perú no acepta la dominación formal de ninguna potencia extranjera. Se entiende que el Perú es independiente desde que rompió su relación colonial con España.

Su gobierno es unitario: significa que el gobierno detenta la soberanía, pudiendo establecer normas y tomar disposiciones de carácter nacional sobre cualquier materia, que deben ser obligatoriamente obedecidos por las demás instituciones y organismos del Estado.

Su gobierno es representativo y descentralizado: quiere decir que si bien los organismos regionales de la organización del Estado, son subordinadas al gobierno nacional, tienen derecho a resolver por sí mismos, con autonomía, ciertos asuntos básicos para sus ámbitos territoriales.

Economía Social de Mercado

En los últimos años la economía nacional ha demostrado un crecimiento acelerado y ha llegado a convertirse en un gran atractivo, no sólo para el inversionista local, sino también para el extranjero. Dicha situación ha generado que los temas del derecho económico cobren especial relevancia y comiencen a plantearse algunas reflexiones en torno a sus fundamentos

Estas interrelaciones entre un Estado Social y Democrático de Derecho, aunado a un régimen económico de Economía Social de Mercado ponen de manifiesto que “la economía no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio de la persona humana y de su dignidad”. En tal sentido el poder económico tiene que ser limitado por la Constitución, a fin de evitar que dicho poder degenere en un abuso del mismo.

La Economía Social de Mercado es un modelo que surge como un intermedio entre el liberalismo económico y la economía dirigida. Es decir, entre los liberales, que sostenían que la economía sería exitosa en la medida en que el Estado tenga una participación eficiente y fuerte pero reducida a temas que se enfoquen en desarrollar las actividades de actores privados con libertad; y los socialistas, quienes enfocaban al Estado como el actor central y protagonista en la economía

Desde sus inicios, la ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO se ha configurado a través de cinco pilares:

Fomento de la Iniciativa privada.

Protección de la propiedad.

Defensa de la Competencia.

Implementación de sistemas de responsabilidad individual.

Reconocimiento de libertades económicas

Todos ellos orientados a la búsqueda de correcto funcionamiento de los mercados, de la vida económica social y del bien común.

En síntesis resulta necesario que el Estado, en ejercicio de su función reguladora adopte técnicas legislativas que se orienten a promover una competencia eficiente y a crear un país orientado al progreso, a fin de estabilizar las fuerzas de los agentes que entran en el mercado.

Sistema Partidarista:

La consolidación democrática como la eficacia y efectividad del sistema partidario depende del nivel del pluralismo político, el cual no debe ser ni alto para no caer en el fraccionamiento político y en un multipartidismo extremo. Ni bajo para que no se limite el accionar y la participación de los partidos en la elaboración y ejecución de políticas públicas, limitado este accionar por la preponderancia de los líderes de gobierno y de los ejecutivos nacionales. Lo que se debe postular es un pluralismo medio donde esta nuestro Perú; que genere una interacción efectiva entre las partes y un disenso que conlleve aun consenso que establezca las reglas de juego para una consolidación de la autonomía de los partidos en la toma de decisiones frente a los ejecutivos. Configurándose así un sistema de partidos multipartidista moderado propio de sociedades plurales que tengan diversos tipos de diferenciación social.

Corrupción en ámbito nacional y regional

Nuestra patria atraviesa una de las mayores crisis morales de su historia. La situación de pobreza y exclusión de millones de peruanos se agrava por la corrupción institucionalizada y la captura del Estado por intereses privados. Este sistema basado en el remate del país, la depredación de recursos naturales y la criminalización de la protesta, es tierra fértil para que la corrupción avance. Todo el que se oponga a su lógica mercantilista es víctima de los aparatos represivos del Estado y considerado “ciudadano de segunda categoría”. Ahí están los hechos luctuosos del 5 de junio de 2009 en Bagua, para demostrarlo.

Los actos de corrupción de los que hemos sido testigos en los últimos meses tienen en común que sus protagonistas son altas autoridades del gobierno y malos empresarios que cuentan con la complicidad de los poderes del Estado. Todos estos “faenones” han sido descubiertos por la oposición o por la prensa, y ninguno por los mecanismos de control y fiscalización que tiene el Estado

En el Perú hemos sido testigos de cómo la corrupción se ha enraizado en nuestras vidas, lo vemos desde los escándalos políticos hasta las coimas de los policías, desde los “favores” entre empresas hasta los “arreglos por debajo de la mesa” en el sistema judicial, entre muchos otros casos. Somos parte de una cultura de corrupción ya que en considerable medida, nuestros hábitos, mentalidad y renuencia a las leyes nos llevan a cometer actos de corrupción y a la vez a ser más permisivos con ellos.

Claro ejemplo es la grave crisis política que atraviesa Ancash, generada por las acusaciones de corrupción y sicariato contra su presidente regional César Álvarez y una serie de personajes vinculados a su gestión, ha servido para que la opinión pública, los partidos políticos y el gobierno nacional posen su mirada sobre una situación que data de varios años y sobre la que se tendió un manto de silencio. En algunos casos, este se acercó a la complicidad o cuando menos a la indolencia, rota solamente luego del asesinato del consejero regional Ezequiel Nolasco y sobre todo por la valiente denuncia hecha por su hija.

La corrupción, sobre todo a través de grandes obras de infraestructura, los atentados y amenazas de muerte denunciadas por sus opositores, la compra de periodistas y fiscales ya eran conocidas en la región desde la primera gestión de César Alvarez (2006-2010). Sin embargo, cuando se cometieron los primeros asesinatos en plena campaña electoral del 2010, no generaron mayor atención de los medios nacionales. Así, a pesar que existía un sentido común que consideraba al presidente regional como la cabeza de una red de corrupción, el hecho no parecía generar mayor preocupación ni en el gobierno nacional ni mucho menos en el Poder Judicial.

LEYES COMERCIALES

Ley General de Sociedades, Ley del Mercado de Valores, Ley Títulos y Valores.

Ley del Registro Comercial, Decreto Ley No. 19893, de 22 de enero de 1973, y su Reglamento, D.S. No. 095-85-ICTI/CO, de 19 de julio de 1985.

Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Decreto Ley No.21621, de 15 de setiembre de 1976.

Ley de la Pequeña y Mediana Empresa, Decreto Ley de 23139, de 19 de julio de 1981, y normas reglamentarias, D.S. No. 059-90-TR, de 20 de agosto de 1990.

Ley sobre

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